Test de antígenos en una farmacia de Madrid en febrero de 2021. Foto: JESÚS HELLÍN/EPA principios de octubre de 2020, cuando emergía la segunda ola de la pandemia, el colectivo de farmacéuticos ofreció al Gobierno y a las Comunidades Autónomas la colaboración de la amplia y atomizada red de oficinas de farmacia –22.000 en toda España, de las que 3.300 están en municipios de menos de 1.000 habitantes que no tienen centro de salud– para hacer test de antígenos y comunicar los positivos a las autoridades sanitarias. Algunos deberían leer lo que escribieron entonces.
Las asociaciones de médicos y enfermeros que tanto se quejaban y se quejan, con motivo, de la saturación del sistema público, lo rechazaron rápidamente poniendo en duda la capacitación de los farmacéuticos, personal sanitario con cinco años de carrera y cursos de formación acreditativo para hacer pruebas de VIH, embarazo, glucosa en sangre, hemoglobina glicada, colesterol, ácido úrico o tensión arterial. No estaban capacitados, decían, para una prueba que ahora resulta que nos hacemos todos en casa sin supervisión de nadie.
Alguna asociación más preocupada por la política que por la mejora de la atención a los ciudadanos consideró un escándalo que se derivase un servicio público a las "farmacias privadas", olvidando que las oficinas de farmacia, que efectivamente son de titularidad privada, forman parte del Sistema Nacional de Salud y prestan unos servicios obligatorios por ley y fuertemente regulados, entre los que está la colaboración con la administración sanitaria en la protección de la salud y la prevención de enfermedades. ¿Que los farmacéuticos quieren ganar dinero? Por supuesto, igual que los sanitarios de la pública quieren tener un buen sueldo. Salvo los médicos sin fronteras y algún filántropo más, aquí nadie trabaja por amor al arte.
La cosa se torció cuando Díaz Ayuso abrazó la idea, que extendió a las clínicas dentales, en medio de una de sus broncas pandémicas con el Gobierno, que días después decretó el estado de alarma en diez municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital. Andalucía, Murcia y Cataluña también se apuntaron a lo que parecía una buena idea, pero el protagonismo mediático y político se lo llevó Ayuso. También Salvador Illa, que ya estaba en su particular precampaña electoral y dio largas para la autorización sin rechazar la medida porque alguien le debió decir al oído que era buena. Madrid acudió entonces a la Comisión Europea, que lo consideró una medida positiva porque ya funcionaba en otros países. Sin embargo, el ministro retrasó la autorización hasta la Nochevieja de 2020 –la dio a regañadientes, parcial, solo para municipios con alta transmisión–, impidiendo que se activara para las fiestas navideñas. Tarde.
La prueba de que la propuesta de los farmacéuticos era buena fue que Fernando Simón, preguntado por la petición "de Ayuso" –los medios ya le habían adjudicado a idea a Ayuso, dividiendo con ello a los españoles–, solo vio problemas y afirmó con su clarividencia habitual que los test de antígenos "no los puede hacer cualquiera".
Cuando la iniciativa ya llevaba meses en vigor en Madrid sin ninguno de los problemas que había augurado Simón, la ministra Carolina Darias descubrió que los test de antígenos eran una buen instrumento de prevención y decidió, en julio de 2021, eliminar la necesidad de prescripción para comprarlos, de manera que no solo se podrían hacer test en farmacias de aquellas CCAA que lo aprobaran, sino que se lo podría comprar cada uno y hacérselo en su casa.
Eso sí, olvidó fijar un precio máximo y la subida de precios debida a la alta demanda previa a la Navidad le pilló yéndose de vacaciones. Cuando volvió, el 4 de enero, después de que los españoles que nos lo podíamos permitir hubiésemos pagado hasta 15 euros por unidad, Darias proclamó que "garantizar un precio asequible de los test de antígenos es un tema que ocupa al Gobierno de España". Lo reguló para el 15 de enero, no fuéramos a necesitar test el día de Reyes. Tarde.
Esta proverbial manera de actuar tarde –con la excepción de las vacunas– ha costado vidas y va a costar dinero a la administración. La Conselleria de Sanidad se ha llevado esta semana dos condenas judiciales, una por no proteger adecuadamente a los médicos durante la primera ola y la otra por relegar en la vacunación a los sanitarios de la privada respecto a los de la pública, incluido el secretario general de CCOO que dimitió, premiado ahora por Puig con un puesto público muy bien remunerado.
Cada vez que la administración ha llegado tarde, sea la estatal o la autonómica, quienes lo han pagado en mayor medida han sido las familias con menos recursos, cosa que debería preocupar a un gobierno progresista. Quien esto escribe y la mayoría de quienes esto leen podemos pagarnos una PCR privada si no nos cogen el teléfono en el centro de salud, podemos comprar test de antígenos a 6, 10 ó 15 euros, podemos tener un seguro privado, podemos comprar mascarillas FFP2 –las que llevan Sánchez y Darias porque protegen más– aunque lleven un IVA del 21%... Hay familias que no pueden.
Ana Barceló también ha llegado tarde a lo de permitir que las farmacias hagan test de antígenos y comuniquen los positivos a Sanidad. Tarde, después de unas Navidades en las que la Atención Primaria se ha colapsado –lo de cerrar tres días seguidos tanto en Navidad como en Año Nuevo es para hacérselo mirar– y los valencianos nos hemos autodiagnosticado como hemos podido, comprando test de antígenos al doble o triple de precio que el ahora oficial –2,94 euros–, que, por cierto, es mucho más caro que en Francia, Portugal o la Alemania con la que nos comparamos cuando nos conviene, por no hablar de Reino Unido, donde son gratuitos.
El otro día pregunté a mis compañeros de Murcia Plaza y me contaron que allí la colaboración con las farmacias se inició a finales de julio del año pasado y que estas Navidades las personas que querían tener la seguridad de no estar contagiadas antes de juntarse con la familia no solo podían ir a la farmacia sino que la Consejería de Salud puso en marcha, el 23 y el 30 de diciembre, unidades móviles en 27 municipios –de los 45 que tiene la Región– para hacer test de antígenos gratuitos. No vale como excusa que la Sanidad pública murciana se lo puede pagar y aquí estamos infrafinanciados, porque resulta que la Región de Murcia nos acompaña desde hace más de una década a la cola de la financiación autonómica, con muy poca diferencia entre ambas.
Aquí la ayuda de las farmacias llega seis meses después que en Murcia y un año después que en Madrid; llega pasadas las fiestas navideñas en la que ha habido miles de contagios, con la Atención Primaria desbordada desde hace semanas y con un retraso adicional –se anunció el 5 de enero y no empezó hasta el 14– por una polémica absurda sobre el pago a los farmacéuticos que se habría evitado con solo preguntar al vecino del sur. Llega tarde.
Isabel Díaz Ayuso se ha enfadado con el Gobierno por el reparto "arbitrario" de 9 millones de euros de fondos europeos entre cuatro Comunidades Autónomas, entre las que está la valenciana –2 millones– y no está la madrileña. Lo ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Hablamos de 9 millones, no de 90, ni de 900, ni de 9.000, ni de 90.000. Pablo Casado se ha apuntado a la crítica con un entusiasmo que ya querríamos verle los valencianos para nuestra causa en el reparto anual de más de 100.000 millones de euros, de los que nos escamotean 1.300 cada año. Nueve millones, ¡qué risa!, y los cabestros políticos y mediáticos entran al trapo. Le regalamos los dos millones que nos han tocado si nos arreglan lo otro.
