MADRID (EP/PLAZA). El Gobierno ha planteado su propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica que incrementa el porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, por lo que los recursos del sistema de financiación aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.

A esta cantidad se une la de otros mecanismos de compensación para las peor financiadas, hasta totalizar un incremento de la financiación autonómica de 20.975 millones de euros en 2027.

Estos mecanismos reducen las diferencias en financiación por habitante ajustado -de los 1.500 euros del actual sistema entre la mejor y la peor financiada a 700. Una diferencias que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha negado a detallar, en cuanto a cómo quedaría cada comunidad en financiación por habitante ajustado.

Sí, ha detallado el reparto por Comunidades Autónomas de los 20.975 millones adicionales, donde Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más en 2027 respecto al modelo vigente, mientras que Cataluña incrementaría 4.686 millones de euros más, la Comunitat Valenciana aumentará sus recursos en 3.669 millones y la Región de Murcia, en 1.188 millones.

Montero ha presentado este viernes en rueda de prensa la propuesta del Gobierno para la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica, que no incluye el principio de ordinalidad, como pretendía ERC, aunque sí "tiende a la ordinalidad", según Montero, y en el caso de Cataluña sí se cumple.

El punto de partida, según la ministra, se basa en la idea de diseñar un sistema que incremente los recursos autonómicos para blindar el Estado del bienestar, que refuerce la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, que garantice la solidaridad interterritorial, que respete la singularidad territorial y que sea más transparente y sencillo.

Según Montero, la complejidad radica en que este modelo de financiación tiene que ser útil y adaptarse a comunidades autónomas que son muy distintas entre sí.

"Por tanto, no puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma, sino que se establece un sistema que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica", ha remarcado la ministra.

Reformula el cálculo de población ajustada

En primer lugar, el Gobierno ha reformulado lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación.

La configuración de la población ajustada tiene algunas variaciones sobre la situación vigente. Así, los criterios que se tienen en cuenta son la población padrón, una de las variables más relevantes que supone el 30% de la ponderación de población ajustada.

Por su parte, se tiene en cuenta la población protegida equivalente al 38%, que determina en mayor medida el gasto sanitario, que es la partida presupuestaria más elevada en las comunidades autónomas y, por tanto, la que tiene un mayor peso a la hora de determinar los recursos.

Esta población protegida equivalente en este momento del actual modelo cuenta con siete grupos y con la propuesta que pone el Gobierno sobre la mesa se amplía a 20 grupos de edad, "aproximando mejor los costes sanitarios en función de las necesidades de los beneficiarios", según Montero.

En relación con la educación, para determinar el gasto educativo se ha tenido en cuenta el número de habitantes entre 0 y 17 años, y esta ponderación alcanza un 17%. Y además se introducen dos nuevos criterios en este apartado de educación, como son el número de habitantes entre 18 y 24 años que están cursando estudios universitarios o están cursando formación profesional y también el número de alumnos universitarios que se trasladan desde otras comunidades para estudiar, de manera que se reconoce el coste que supone que una comunidad acoja a estudiantes de otras regiones en su sistema educativo. Estas variables van a sumar una ponderación del 3,5%.

En el ámbito de servicios sociales, se tiene en cuenta la población mayor de 65 años, que requiere de un uso intensivo e importante de servicios que se vinculan, por ejemplo, a la dependencia. La novedad es que se desglosa en dos tramos, entre 65 y 79 años y, por otro lado, los mayores de 80 años. La ponderación de esta variable alcanza el 7%.

Y otra novedad que se incorpora también al modelo con un peso del 1,5% es el número de parados sin prestación social.

Junto a estas grandes áreas que determinan población ajustada, (sanidad, educación y servicios sociales), también se incluyen otros elementos que impactan en el coste de la prestación de los servicios. Uno de ellos es la superficie. En este caso, kilómetros cuadrados de cada comunidad que suponen un 1,6% de la ponderación.