Un momento de una protesta desarrollada por los trabajadores municipales en un pleno, en imagen de archivo.ALICANTE. Las agrupaciones sindicales de SEP y CCOO en el Ayuntamiento de Alicante han denunciado este martes los obstáculos que, a su juicio, se habrían registrado en el desenlace del pleno ordinario de marzo la hora de trasladar sus protestas respecto a la situación laboral de los trabajadores municipales.
"Durante años, los sindicatos del Ayuntamiento de Alicante, junto con nuestros compañeros y compañeras, hemos podido manifestarnos durante las sesiones del pleno con respeto pero sin restricciones que impidieran hacer públicas nuestras reivindicaciones. Sin embargo, desde la llegada del actual alcalde y, sobre todo, desde el inicio de las movilizaciones en defensa de la Carrera Profesional, la actitud ha cambiado coartando nuestra libertad de expresión", han apuntado, a través de un comunicado.
"Primero se nos prohibió el acceso al pleno con las banderas identificativas de cada sindicato; después pitos y pancartas; y hoy se ha cambiado la disposición de las sillas del público para impedirnos estar de pie ante el pleno", según han explicado portavoces sindicales.
En esta línea, han señalado que "el alcalde, leyendo el artículo 94.6 del Reglamento Orgánico del Pleno, ha dicho que, tal y como dice en él, no permitirá 'manifestaciones de agrado, desagrado, aplauso o reprobación, ni utilizar voces, medios acústicos, pancartas o instrumentos que causen alboroto o que distraigan o coaccionen a los miembros del pleno, perturbando o impidiendo el desarrollo de la sesión. El presidente podrá ordenar la expulsión del asistente o asistentes del Salón de sesiones o el desalojo de todo el público, con intervención de las asistencias o fuerzas del orden, si fuera necesario, para proseguir la sesión a puerta cerrada, con la presencia, en todo caso, de los medios de comunicación".
"Todo ello, sin perjuicio de que se promuevan acciones legales contra los perturbadores, si se considera que su comportamiento pudiera constituir infracción penal'". SEP y CCOO apuntan que "estas medidas llevan muchos años en vigor sin que hayan sido aplicadas hasta la fecha, siempre que las manifestaciones no fueran acompañadas de violencia", por lo que han expresado su queja respecto a la decisión desplegada este martes.
"Desde hace varios meses, los sindicatos SEP-CV y CCOO hemos expresado nuestro malestar, por el retraso en la implantación de la carrera profesional y, en la actualidad, por el sistema establecido, unilateralmente, por el equipo de gobierno para la implantación de la carrera profesional, sin el apoyo de la mayoría de la parte social representada en la Mesa General de Negociación", recalca el comunicado. CCOO y SEP-CV hemos acudido al pleno municipal una vez al mes, coincidiendo con la sesión plenaria, portando carteles y pancartas que denunciaban el incumplimiento del compromiso del alcalde firmado en el año 2019 y el malestar de la plantilla municipal. Pero siempre de manera pacífica", continúa la nota pública.
Por ello, "SEP-CV y CCOO consideramos que estas medidas representan un claro retroceso en la libertad de expresión de las personas trabajadoras del Ayuntamiento de Alicante y merman, sin motivo, la capacidad de los sindicatos para manifestar sus opiniones y defender los derechos de nuestras compañeras y compañeros. Instamos al alcalde y al equipo de gobierno a reconsiderar estas medidas y buscar un equilibrio adecuado entre el orden y la participación activa en el pleno municipal. La libertad de expresión es esencial para la democracia y el diálogo constructivo en nuestro ayuntamiento", argumentan.
En este sentido, añaden que "CCOO Y SEP-CV continuaremos con nuestras movilizaciones por una ¡carrera profesional digna Ya! No podemos olvidar que, en la actualidad, somos la única capital de provincia de la Comunidad Valenciana que no tiene reconocida la carrera profesional al 100%, lo que supone un agravio comparativo con otras administraciones de nuestro entorno. En el caso de Alicante, para alcanzar el 100% nos quedan, como mínimo, seis años", concluye la nota pública.
