ELCHE. El Interventor municipal ha vuelto a dar un toque de atención a diversos expedientes tramitados por el Consistorio en 2022. En este caso, tres reparos y 31 que se aprobaron con la 'omisión de la función interventora' (los que anteriormente se mencionaban como reparos). En algunos casos se trata de servicios de los que no se acabó por formalizar contrato, trámites que se alargaron en situación de provisionalidad o compras y servicios en los que se excedió el precio estipulado. Junto al Informe de Control Interno de 2021, en el que se detectaron 628 facturas (de 10.501) sin esa función de fiscalización, irán al pleno de este lunes y posteriormente al Tribunal de Cuentas.
A este respecto, el primero de los reparos responde a la reparación de la cubierta del colegio El Palmeral porque la empresa no había superado el umbral mínimo del 50% de la puntuación, pero según la edil de Gestión Tributaria, Patricia Macià, el informe de discrepancia que emitió Contratación para justificar el reparo, señalaba que el procedimiento para levantar este reparo "no alteraba el resultado final de la licitación". En cuanto al segundo, es el ya conocido del montaje del escenario de les Festes d'Elx el pasado mes de agosto, en el que se encargó a una compañía "que cumplía las exigencias técnicas", pero al no inscrita en el registro de licitadores, "una omisión formal", observa Macià, el Interventor señaló el reparo.
Por último, el tercero versa sobre el suplemento de los servicios esenciales extraordinarios previstos para la Policía Local y el cuerpo de Movilidad Urbana , porque se ejecutaron 600 servicios más. Lo que contravenía lo previsto, al suponer un incremento retributivo "superior al límite del 2% que establece la ley de contratos". Entre esas horas y servicios extraordinarios figuran precisamente su labor de seguridad en las fiestas patronales o lo mismo en la Vuelta Ciclista a España, entre otros.
En cuanto a la omisión de función interventora, fueron 31 expedientes. De esos 31, según indica el Interventor, los departamentos justificaron los motivos por los que se omitió: se certificó que los suministros se llevaron a cabo de buena fe, que los precios se ajustaban a los de mercado, los departamentos informaron que la suspensión de estos servicios o suministros hubieran supuesto un servicio para el interés público. Cuestiones similares por las que el PP llevó estos reparos a los juzgados. En este caso, todos se trasladarán al Tribunal de Cuentas.
Entre ellas, por ejemplo, turnos extra de los agentes municipales debido a la covid en el marco del Plan de Contingencias, por un importe total de 127.646,6 euros. También dos expedientes con un total de 1,5 millones de euros porque la factura se entregó pasado el ejercicio de 2021 y correspondía a servicios públicos o concesiones, más de 120.000 euros de ayudas o convenios que correspondían a años anteriores, convenios y ayudas que excedieron el precio acordado o expedientes que a pesar de haberse tramitado con compras simplificadas, sobrepasaron el importe anual máximo de 5.000 euros.
Otros fueron expedientes que correspondían a servicios o suministros cuyo procedimiento de contratación se encontraba en trámite pero ya se estaban ejecutando provisionalmente por su necesidad. Destacan por valor los 2,4 millones de euros de limpieza en centros escolares y dependencias municipales otros 350.000 de limpieza en colegios, 135.000 euros de tratamientos de plagas o servicios auxiliares de cultura por valor de 117.000 euros. Más casos vienen por dos expedientes de contratos menores que sobrepasaron el importe adjudicado y otro que, por error, no quedó formalizado a pesar de haberse tramitado electrónicamente. Es el caso de contratos menores en la Ciudad Deportiva y el último del servicio de pasacalles de la Cabalgata de Reyes, como advirtió el Partido Popular.
Por último, en expedientes que sobrepasaron el límite establecido para las compras simplificadas en 2022, se informaron con omisión de fiscalización un total de 740.234,60 euros.
Respecto a este control, el tercero de la legislatura, Macià destacó el "exhaustivo trabajo de fiscalización realizado por la Intervención". De los ingresos, 62 expedientes, de ahí ningún reparo. En 2021, de gastos, de 16.000 expedientes, hubo iscalización con reparo en un caso, pero de facturas conformadas, de 10.501, 628 con omisión fiscalizadora. De los 23 expedientes de contratos menores de dicho año, dice el informe que se han observado 18 contratos de "pequeñas deficiencias", como que no tenían facturas incorporadas al expediente aunque sí constan al Registro Municipal de facturas, "por lo que no hay incidencias destacables", aclara la edil.
Explica la edil que aún falta personal, destaca el fedatario en el informe, y que es necesario aumentar la plantilla para una mayor fiscalización. "Lo mas importante, a mi juicio, es que en 2021 no se han apreciado hechos de constituir una infracción administrativa o dar lugar a exigir responsabilidades contables o penales", indica Macià. De las 20 medidas adoptadas, en desarrollo o activas son 14 y 6 están pendientes.
