Reflexiones sobre la subida del SMI

Es necesario un análisis sosegado de la repercusión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la economía española para conocer las repercusiones de la medida tomada recientemente por el Gobierno. La realidad es que el actual importe de 1.080,00 euros supone una subida del 65% desde el año 2016 cuando estaba en 655,00 euros.

El estudio debe comenzar por realizar una comparativa con las retribuciones de trabajadores de mayor escalafón o antigüedad, que no han visto mejorada su percepción económica en la misma cuantía que los perceptores del SMI. Esta diferencia puede afectar de forma negativa a la productividad del resto de empleados de una misma empresa.

Es obvio que  las subidas de salarios suponen un incremento de costes laborales, con un impacto directo en las cotizaciones sociales, lo que merma la competitividad empresarial. Una de las consecuencias más inmediatas será la destrucción de empleo en las pymes, en las que los salarios suelen ser más bajos, sobre todo en los sectores de limpieza, hostelería, agricultura y comercio.

Según las recomendaciones de la Corte Social Europea, la renta mínima interprofesional debe llegar al 60% del salario medio, entendiéndose éste como el cociente de la totalidad de la masa retributiva dividida por el número de trabajadores, que en la actualidad es de 1.876’60 euros. Dato que después de la reciente subida hasta los 1.080€, supone el 57’5% del salario medio. Este diferencial hace previsible que vuelva a subir el SMI hasta alcanzar ese 60% recomendado antes de que acabe este ejercicio, marcado por comicios electorales de ámbito local, autonómico y nacional.

La falta de vertebración de España en tantos aspectos (geográfico, social, económico y cultural), también se refleja en el SMI, que no afecta igual a todas las provincias. Así, según fuentes de la propia Seguridad Social, el salario mínimo supera ya el 70% del sueldo medio en 24 provincias. En la de Alicante ha alcanzado el 74’8% en el primer semestre de 2022, solo superada por Almería y las provincias extremeñas.

A pesar de las recomendaciones de la UE, considerando que las empresas pueden asumir relativamente estas subidas del SMI, lo cierto es que la economía española es poco homogénea, por lo que las cifras que pueden resultar razonables en Madrid, Barcelona o País Vasco, no lo son en Extremadura, Andalucía o Alicante. Ante esta situación, es necesario estudiar qué impacto tendría una nueva subida del SMI, en lo referente a la nueva contratación de personas integradas en colectivos vulnerables. Si para equilibrar el incremento de sueldo se reducen las horas de contratación, la medida no servirá para reducir la pobreza, sino más bien tenderá a agravarla, en tanto que en las regiones donde el salario mínimo es más alto en relación al salario medio, se da la coincidencia de que la tasa de desempleo es también más alta.

Dos cuestiones a tener en cuenta en relación a la nueva cuantía del SMI: por una parte, los perceptores de esta renta mínima estarían obligados a tributar en IRPF pues el importe anual de 15.120,00 euros actual rebasa la cifra mínima exenta de 15.000€; y la otra cuestión positiva para sus perceptores, es que en la nueva Ley de Empleo, el Gobierno establece como inembargable la cuantía anual de la renta mínima que percibiría el trabajador en catorce pagas y no en doce como ahora, es decir, hasta ahora son inembargables hasta 1.080,00 euros y, a partir de la aprobación de la Ley de Empleo, será hasta 1.260,00 euros.

Es muy difícil realizar una valoración sobre si el salario mínimo es elevado o bajo, por la propia coherencia social que preside el sentido común y la responsabilidad en la actual coyuntura económica de precios elevados de los productos y suministros de primera necesidad. Pero no podemos olvidar, desde el punto de vista económico, que los salarios deben ser adecuados y estar amparados por la productividad. En este sentido, al cierre del ejercicio 2021, España se situaba en 93 puntos sobre los 100 que supone la media de la UE de este parámetro y más lejos aún de los 104’7 puntos del promedio de la Eurozona.

Concluimos, por tanto, que las decisiones que se tomen sobre el salario mínimo deberán ser acordadas en el ámbito del Diálogo Social, en el que deben llegar a acuerdos sindicatos, empresarios y Gobierno. Sus propuestas deberían ser evaluadas por una comisión independiente que analice sus resultados en función de los fines perseguidos, en un contexto marcado por la alta tasa desempleo juvenil y de colectivos de baja cualificación profesional.