El PSOE expone su queja frente a la ordenanza de convivencia de Alicante en el Parlamento Europeo

ALICANTE. El PSOE de Alicante, a través de la responsable de la área de servicios sociales de la ejecutiva local y exconcejala Lola Vílchez, ha expuesto en el Parlamento Europeo "la vergonzosa ordenanza de convivencia aprobada por el Partido Popular, Ciudadanos y la extrema derecha en el Ayuntamiento de Alicante", según han señalado portavoces del PSOE, a través de un comunicado. De acuerdo con esa nota, "la norma criminaliza a las personas sin hogar y vulnera sus derechos fundamentales. A día de hoy, duermen en la calle 250 personas en nuestra ciudad. Es verdaderamente escandaloso que un país miembro permita multar a las personas más pobres por el hecho de serlo. Europa debe saber quién es el alcalde Luis Barcala y qué es el Partido Popular", ha apuntado Vílchez.

La exconcejala, en su intervención en el Parlamento Europeo, ha detallado a los eurodiputados la posición de su partido respecto a la ordenanza respecto a la que ha considerado que "persigue a los más pobres, y que contempla multas de 750 euros para personas que no tienen nada, ni siquiera un techo bajo el que dormir. Además también se prevén sanciones de hasta 3.000 euros por comportamientos que adopten la forma de mendicidad".

Vílchez, así mismo, ha indicado que el Ayuntamiento de Alicante "está incumpliendo los compromisos comunitarios e internacionales al penalizar a las personas sin hogar sin proporcionarles alojamiento y promover su inserción social. Reconocemos que la pobreza extrema y la falta de vivienda son contrarias a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. La criminalización de la pobreza es un doble agravio que victimiza a aquellos que son más indefensos contribuyendo a su marginalización", añade el comunicado. Según el PSOE, la ordenanza de la mendicidad aprobada por Barcala no cumple con los artículos 21.1 y 34.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el principio 19 del Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Declaración de Lisboa.

Vílchez ha detallado "cómo se criminaliza a este colectivo, que mayoritariamente lo forman españoles, aunque también existen inmigrantes y refugiados". "Tenemos un alcalde que no lo ha temblado el pulso a la hora de aprobar una norma que es una vergüenza para la Unión Europea. El Pilar Europeo de Derechos Sociales establece que las personas sin hogar deben disponer de alojamiento y servicios adecuados para promover su inclusión social. Sin embargo, el PP no ha hecho nada para mejorar la vida de estas personas, ni ha mejorado los espacios designados para estas ciudadanos y tampoco ha invertido para el rescate social de seres humanos que viven en la indigencia. Este es el alcalde que sufren los alicantinos, un hombre que se vendió a la ultra derecha para aprobar unos presupuestos antisociales".

Visita de una comisión

Por todo ello, Vílchez insta al Parlamento Europeo a que organice una visita a Alicante para estudiar in situ las nocivas consecuencias de esta ordenanza que castiga y penaliza a las personas sin hogar. "También solicitamos su apoyo para que el Ayuntamiento de Alicante corrija su posición y retire la mencionada ordenanza de mendicidad de Alicante, y a adoptar medidas efectivas y respetuosas con los derechos humanos para abordar la situación de estas personas sin hogar. Nos comprometemos a trabajar de manera conjunta con otras instituciones y actores relevantes para poder cumplir con el compromiso de acabar con el sinhogarismo en Alicante y en la UE, garantizando que nadie por falta de un alojamiento de emergencia accesible, seguro y adecuado se vea en la obligación de pernoctar en la calle", ha indicado la responsable socialista.

Al finalizar la intervención, según el PSOE, "el Parlamento Europeo ha dejado abierta la petición del PSOE de Alicante contra esta ordenanza, que será enviada a otra comisión, en este caso a la de empleo, para que siga su trámite, lo que a juicio de Lola Vílchez, es un éxito porque generalmente las peticiones suelen cerrarse tras exponerse el asunto". "En este caso no ha sido así. Por lo que estamos esperanzados que en que se puedan seguir los pasos para e forzar la derogación de la ordenanza de la vergüenza", ha concluido Vílchez.