ALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante mantiene el rumbo y ratifica la denuncia por un presunto fraccionamiento de contratos relacionada con la concertación de hasta cuatro actuaciones distintas promovidas por las concejalías de Partidas Rurales y de Infraestructuras en la plaza Manuel Giménez de La Alcoraya. Se trata de los encargos por la instalación de un circuito de aparatos biosaludables en dicho espacio de la partida rural, otro sobre la reparación del escenario de la misma plaza, otro sobre la redacción del proyecto de fabricación de una nueva pérgola y otro sobre la construcción e instalación de esa estructura.
Se da la circunstancia de que los tres últimos contratos se acabaron concediendo, a través de un procedimiento negociado sin publicidad (con la petición de presupuestos a tres empresas distintas en cada caso), a empresas representadas por personas del círculo de conocidos del ya exedil de Partidas Rurales y Fiestas, Manuel Jiménez, en el ámbito de les Fogueres. Y se da la circunstancia, también, de que uno de ellos había realizado obras de reforma en el domicilio de Jiménez cerca de un año y medio antes.
La portavoz adjunta de los socialistas, Trini Amorós, ha ratificado este viernes el registro de esa denuncia sobre el denominado caso contratos ante el Juzgado de Instrucción número 9 -el mismo que instruyó la causa sobre el llamado caso Comercio frente al exalcalde socialista Gabriel Echávarri- sin llegar a formalizar el trámite de personación en las diligencias, lo que permitiría que el grupo socialista fuese parte en el procedimiento y pudiese participar en la toma de declaraciones a los investigados y testigos citados hasta ahora. Según fuentes consultadas, el PSOE todavía no habría tomado la decisión de formalizar esa personación. En todo caso, podría hacerlo en cualquier momento.
Tras la ratificación de la denuncia, las diligencias quedan a la espera de que se produzca la ronda de declaraciones acordadas para el próximo 16 de junio. En esa jornada, deben comparecer en calidad de investigados (la figura que sustituye a la antigua imputación) el exedil Jiménez (presentó su dimisión y renuncia al acta de concejal el 27 de abril) y el todavía concejal de Infraestructuras, Recursos Humanos, Tráfico y Seguridad, José Ramón González.
Al tiempo, la citación judicial se extendería también al titular de una de esas empresas (Rehabilitaciones Grupo Leuka), así como al técnico de la Concejalía de Infraestructuras que visó la recepción de los trabajos como responsable del departamento que supervisó y cooperó en su tramitación. Además, en esa misma fecha también está previsto que presten testimonio un arquitecto y dos empresarios que tuvieron participación en esos procesos de contratación, así como el interventor municipal y otros dos técnicos del área de Infraestructuras.
Hasta ahora, tanto Jiménez como fuentes del equipo de gobierno consultadas por este diario han venido descartando la existencia de anomalías en la tramitación de esos encargos al subrayar que obedecieron a objetos y finalidades distintas, pese a coincidir en un mismo periodo temporal (entre noviembre y diciembre de 2022) y que contaron con el respaldo de los departamentos de Contabilidad y de Intervención. González, por su parte, ha asegurado en sus declaraciones al respecto que no conocía los contratos tramitados y supervisados en coordinación con la Concejalía de Infraestructuras.