Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. Foto: EFE/Javier LizónVALÈNCIA. Unos 700.000 jubilados valencianos de renta media y alta cobrarán en 2018 y 2019 más pensión de la prevista por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Las gracias tienen que dárselas al PNV, partido que ha incluido esta medida entre sus condiciones para, de momento, rechazar las seis enmiendas a la totalidad presentadas y permitir que los PGE sigan vivos tras las votaciones de este jueves.
El acuerdo entre el Gobierno y el PNV, anunciado por el portavoz de los nacionalistas en el Congreso, Aitor Esteban, contempla mantener el anunciado 3% de subida para las pensiones mínimas y no contributivas, y para el resto, un aumento igual al Índice de Precios al Consumo (IPC) en 2018 y 2019. Este año será un mínimo del 1,6 %, probablemente con efecto retroactivo a 1 de enero.
Además, se retrasará a 2023 de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, que estaba previsto que a partir de 2019 ligara el cálculo de la pensión a la esperanza de vida. Como la gente vive cada vez más, esto iba a significar en la práctica un recorte a las pensiones cuyo inicio se retrasa cuatro años.
Las pensiones subieron el pasado 1 de enero –por decreto, al no haber Presupuestos de 2018– solo el 0,25%. Tras las manifestaciones de jubilados y después de negociar con Albert Rivera el apoyo de Ciudadanos a las cuentas, Cristóbal Montoro anunció que los PGE preveían una subida del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas, del 1,5% para las rentas hasta 700 euros mensuales y del 1% para los que perciben entre 700 y 860 euros mensuales.
Para los tres millones de pensionistas que en España cobran por encima de esa cantidad, el aumento se mantenía en el 0,25%. En cuanto a las pensiones de viudedad, pasaban el 52% de la base reguladora del cónyuge fallecido al 54%.
El Ministerio de Hacienda plasmó las mejoras en el siguiente cuadro, con el número aproximado de beneficiarios:
El acuerdo entre PNV y Gobierno mantiene el aumento del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas y para el resto establece una subida del 1,6% en 2018 y del IPC para 2019. Esto beneficiará sobre todo a los 2,8 millones de españoles que se iban a quedar en el 0,25% de aumento para este año, pero también a los 880.000 que iban a percibir un 1% más y a los 1,5 millones que iban a percibir un 1,5% más en 2018. De todos estos agraciados, aproximadamente 500.000 son valencianos.
En cuanto a las pensiones de viudedad, la mejora es también importante. De la subida del 52 al 54% de la base reguladora que se preveía para 2018 se pasa, a instancias del PNV, al 56% este año y al 60% en 2019. En la Comunitat Valenciana hay un total de 242.000 personas que cobran pensión de viudedad –en España, 2,36 millones–, la mayoría con la base reguladora mínima, que es ese 52%.
La revalorización de las pensiones quedará reflejada en las enmiendas parciales que registrará el grupo nacionalista este viernes. El Gobierno deberá cuantificar el coste y en las enmiendas deberá detallarse de qué otras partidas se saca ese dinero o con qué otros ingresos se financia.
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, respaldó este miércoles el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV, si bien ha marcado como "línea roja" que no se suban los impuestos a la clase media y trabajadora. Por su parte, Compromís anunció que mantendrá su enmienda a la totalidad a los presupuestos por considerarlos un "insulto para los valencianos", pero apoyará las enmiendas parciales que lo mejoren, como esta subida de las pensiones.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha vetado la tramitación en el Congreso de proposiciones de ley de la oposición para revalorizar las pensiones al ritmo del IPC, alegando que la puesta en marcha de esas iniciativas supondría un coste de alrededor de 2.000 millones de euros al año.
Acogiéndose a la capacidad de veto que le otorga la Constitución, el Gobierno de Mariano Rajoy empezó la legislatura frenando una iniciativa del PSOE, Unidos Podemos y otros grupos para subir las pensiones de 2017 al ritmo del IPC, y entonces alegó que su aplicación supondría un coste para el Estado de más de 1.150 millones de euros que tendrían que ser financiados por el Estado, "sin que se proponga una fuente de financiación".
Un año después, vetó otra proposición de ley, esta vez de Unidos Podemos, para revalorizar las pensiones al ritmo del IPC y derogar el factor de sostenibilidad, y entonces argumentó que el coste sería de casi 2.200 millones de euros.
Según aquel escrito de disconformidad, recogido por Europa Press, ese montante se derivaría de una revalorización de las pensiones al ritmo de la inflación, pero no sólo en 2018, sino también en la diferencia entre el 0,25% al que subieron las pensiones en 2016 y 2017 y la inflación registrada esos años, ya que la proposición de ley también cubría ese desfase para recuperar el poder adquisitivo perdido entonces.
En su escrito de disconformidad, el Gobierno se escudaba en el principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 para impedir el debate de esas iniciativas, ya que apuntaba que esas medidas, "sin conocer ni valorar el resto de necesidades de financiación de los gastos públicos", podían suponer, además, "el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria".
Este mismo mes, el Ejecutivo volvió a hacer uso de esa competencia para vetar otra proposición de ley similar del PSOE, en la que los socialistas planteaban derogar la subida de las pensiones en un 0,25% prevista por el Gobierno para 2018 y sustituirla por un aumento en función del IPC, lo que las elevaría en torno al 1,6 por ciento.
Los dos últimos vetos a las propuestas sobre pensiones promovidas por Unidos Podemos y PSOE fueron aceptados por la Mesa del Congreso, donde el PP y Ciudadanos respaldaron los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo.
