El constructor Enrique Ortiz, en el palco del Rico Pérez. Foto: PEPE OLIVARES BENIDORM. No es la primera vez que lo plantea, el empresario Enrique Ortiz de nuevo amenaza con ir a los tribunales si el Ayuntamiento de Benidorm sigue sin dar una salida a la estación de autobuses que tiene que liquidar y sacar de nuevo a licitación. Así lo recoge en el último informe el interventor municipal, fechado el 7 de septiembre de 2018 al que ha tenido acceso este diario. El mismo día en el que se presentaron en Intervención los representantes de la empresa Estación de Autobuses Benidorm, de la que es propietaria Ortiz.
Según relata el funcionario en dicho informe, venían para interesarse sobre la aceptación o no de la propuesta que elevó en julio él mismo. En ella pedía una negociación con el empresario, financiador confeso del PP, para liquidar el contrato de acuerdo a lo que dictó el Tribunal Superior de Justicia en 2012.
A continuación, en el escrito el técnico comenta que la respuesta a los representantes de la empresa fue que no se dio ninguna contestación respecto a la solución planteada, a pesar de sus diversas solicitudes.
Por ello, indicaron que era una "contrariedad" para ellos "porque creían que se podría haber llegado a una solución válida del conflicto y que la única alternativa que se le abría ahora era la vía jurisdiccional contenciosa-administrativa, la cual entienden que es mala para ambas partes", recoge el documento. Es más, les habrían comunicado al interventor que en los juzgados no renunciarían a pedir el lucro cesante y el daño emergente.
Pero el que no está por la labor es el secretario municipal, quienes demuestran una vez más sus discrepancias con respecto a la solución del conflicto. Así, en la última reunión sobre el asunto el 19 de julio se remitió a sus informes emitidos con anterioridad y aseguró que no emitirá ninguno más sobre este temas, salvo el que tenga por "destino a los órganos competentes para depurar las posibles responsabilidades de todo orden incluido el
orden jurisdiccional penal, respecto de quien o quienes corresponda", tal y como incluye el alto funcionario en el último escrito fechado el 14 de septiembre.
Doce días después, señala las "ilegalidades" que estaría cometiendo el Ayuntamiento de aceptar la negociación presentada por el interventor. Por un lado, afirma que se estaría negociando al margen de los procedimientos legalmente establecidos. Además, estaría proponiendo acciones para intentar suplantar las funciones del gestor del expediente de la Estación de autobuses. A lo que se suma "obviar la participación de la Secretaria general en el expediente. Cuando la auditoria de MAZARS ha validado lo actuado". Asimismo, no participaría ningún responsable político del gobierno ni de la oposición en el proceso negociador.
En su momento, el secretario municipal ya se mostró en contra de realizar la última valoración de la estación, ya hora lo alerta de nuevo: "Volver a proponer gastar más recursos públicos en nuevos informes cuando el mismo Interventor había aceptado el acordado en el pleno ordinario de agosto de 2018".
A continuación, indica que se alteraría las reglas básicas de la auditoría y control y fiscalización de los gastos públicos (ya se intento con COHISPANIA Y TECNITASA) y encargar al auditor del expediente de la estación de autobuses que realice la gestión del expediente. "Auditor versus gestor", apunta el secretario, y avisa: No puede auditar el propio gestor y viceversa.
Entre otras, también advierte que se está proponiendo los contratos con nombres y empresas concretas sin ninguna participación de cualquier órgano competente y con infracción de la LCSP2017.
Otro de los problemas que tiene la resolución del conflicto es saber si va en conjunto o si hay que separar aquellos negocios que están vendidos a otras empresas, como Mercadona o el hotel La Estación. Para ello, el secretario es claro respecto a la propuesta del intervnetor: "Que se despiece el conjunto de la estación de autobuses (como se propuso por primera vez, por Intervención municipal, para el pleno ordinario de febrero de 2018) cuando es un del servicio único de la Estación de autobuses como se dice en el Dictamen del Consell Jurídic Consultiu y como consta en el Inventario de bienes del Ayuntamiento desde 11/06/2011 como Complejo de edificaciones de la Estación Terminal de Autobuses de Benidorm infringe la LCSP2017".
"Y, por supuesto, el Ayuntamiento no tiene por qué pagar anticipadamente una indemnización al Dr. Ortiz cuando puede hacerlo después de licitar y tramitar en paralelo la liquidación de gastos, en su caso, a favor de la sociedad concesionaria", concluye el secretario.
Un demoledor informe que de esta forma rompe la vía abierta por el interventor y que sería la única escapatoria para que el empresario no acuda a los tribunales, tal y como avisó.
Y precisamente, de la indemnización se hablará el próximo viernes en el pleno convocado para abrir una comisión de investigación sobre el extraño caso del "papelito" perdido, que recoge el acuerdo entre el empresario y el ayuntamiento por el cual Ortiz renunciaba a pedir una indemnización al Consistorio y aceptaba que fuera la siguiente concesionaria la que lo abonase.
