ALICANTE (EFE/AP). La indignación generada en torno a la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 queda escenificada por primera vez en un acto público. Así se ha puesto de manifiesto este miércoles en una concentración de protesta que ha contado con la participación de varias asociaciones vecinales y entidades sociales en la Plaza del Ayuntamiento, cerca de un mes después de que se conociese que entre los compradores de los 140 pisos edificados por la cooperativa Residencial Les Naus figuraban la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; dos hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna, que ha regresado a su plaza como jefa del área de Contratación; dos arquitectos municipales; otros nueve funcionarios municipales; y la madre de las hijas del exjefe del gabinete de la Conselleria de Innovación y Turismo.

La convocatoria se produjo a partir del escrito registrado por representantes de hasta 60 colectivos ante el Ayuntamiento de Alicante en el que se exigía transparencia en la gestión de los 140 pisos construidos en Residencial Les Naus, así como en todos los procesos vinculados a la promoción de vivienda pública que puedan desplegarse en el futuro. Además, se solicitaba al equipo de gobierno la elaboración de una auditoría independiente sobre lo sucedido en el caso de la promoción de la controversia, así como la constitución de una una mesa municipal de vivienda con participación vecinal y la asunción de responsabilidades por las presuntas anomalías que consideran que se habrían producido en el caso del polémico residencial del distrito de Playa de San Juan.

La cita, que ha contado con la participación de representantes de los grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición, ha congregado a más de 500 personas que han proferido proclamas relacionadas con el derecho al acceso a la vivienda o con la exigencia de asunción de responsabilidades por parte de los respresentantes del equipo de gobierno. Así, se han coreado gritos como "Barcala, dimisión", "La vivienda es un derecho, no un privilegio", "Ni negocio, ni corrupción", entre otros. Además, se han podido leer pancartas que rezaban: "Gran estafa" y "Devolved los pisos".

La concentración se ha definido como un movimiento "transversal" que demanda "las responsabilidades políticas de quienes deban responder", según ha señalado Diego Ardanaz, de la asociación de vecinos Alipark. La protesta se ha celebrado bajo el lema 'Vivienda pública y social. Ni concesiones ni privilegios', un día antes de que los partidos de izquierdas en el consistorio, el PSOE, Compromís y EU-Podem lleven a debate en el pleno municipal una declaración institucional en la que piden la reprobación y la dimisión de Luis Barcala al considerarlo máximo responsable político por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las VPP de la playa de San Juan.