ALICANTE. El movimiento asociativo y vecinal de Alicante también toma posiciones respecto a la polémica suscitada en torno a las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal del distrito de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022. Ese posicionamiento llega en forma de exigencia de medidas por la transparencia en la gestión de esos pisos y en todos los procesos vinculados a la promoción de vivienda pública que puedan desplegarse en el futuro, hasta el punto de solicitar una auditoría independiente sobre lo sucedido en el caso de los 140 pisos de Residencial Les Naus, una mesa municipal de vivienda con participación vecinal y la asunción de responsabilidades por las presuntas anomalías que consideran que se habrían producido en el caso de esos pisos objeto de controversia.

Así lo exponen hasta 35 asociaciones vecinales de Alicante y otras 25 entidades sociales (entre sindicatos, organizaciones ecologistas y entidades pro juventud y en defensa de los derechos LGTBI, entre otras) a través de un manifiesto abierto a nuevas adhesiones en el que sus representantes expresan su "indignación y profunda preocupación ante los hechos conocidos en relación con la adjudicación de viviendas públicas en la ciudad". "La vivienda pública no es una concesión ni un privilegio. Es una política social esencial que debe gestionarse con transparencia absoluta, criterios objetivos, igualdad de acceso y control democrático. Nada de esto puede garantizarse cuando la política de vivienda se gobierna de espaldas a la ciudadanía", apuntan las entidades adheridas al escrito. 

En este sentido, recalcan que "en mayo y junio de 2024, decenas de asociaciones vecinales de Alicante solicitaron formalmente al alcalde, Luis Barcala, explicaciones y diálogo sobre la política municipal de vivienda pública: alquiler social, criterios de adjudicación, planificación y barrios prioritarios. No se pedían favores, sino transparencia, planificación y participación", recalcan. No obstante, lamentan que "aquellas peticiones no obtuvieron respuesta alguna. Ni explicaciones, ni reuniones, ni compromisos".

Así, consideran que "los hechos ahora conocidos" respecto a la gestión del suelo municipal y la compra de las 140 VPP construidas sobre él "no pueden despacharse como casos aislados ni como simples errores administrativos. Son la consecuencia directa de haber gobernado la vivienda pública sin transparencia, sin participación vecinal y sin rendición de cuentas, pese a las advertencias previas del movimiento vecinal", sostienen.

Cinco medidas

De ahí que los colectivos de residentes exijan ahora que se elabore "una auditoría inmediata, completa e independiente de todos los procesos de adjudicación de vivienda pública, con publicación íntegra de sus conclusiones", además de la "paralización cautelar de las adjudicaciones bajo sospecha, hasta que se esclarezcan todas las responsabilidades políticas y administrativas", apuntan. En tercer término, reclaman "la constitución urgente de una mesa municipal de vivienda con participación vecinal
real y vinculante, no meramente consultiva".

En cuarto lugar, solicitan "la elaboración y publicación de un plan municipal de vivienda social, con calendario, financiación, prioridades por barrios y mecanismos de seguimiento público". Y en quinto y último término, también demandan "la asunción de responsabilidades políticas al más alto nivel, por haber ignorado de forma reiterada las solicitudes formales del movimiento vecinal y haber permitido una gestión opaca de la vivienda pública". "El movimiento vecinal no acepta que las alertas ciudadanas se desatiendan hasta que un escándalo obliga a reaccionar. Lo ocurrido era evitable y tiene responsables políticos claros", argumentan. 

Por último, las asociaciones expresan su "compromiso con una ciudad más justa, transparente y socialmente responsable" y advierten que "mantendremos la vigilancia y la
movilización vecinal mientras no se produzcan cambios reales en la gestión de la vivienda pública", según concluye el escrito.