ALICANTE. La polémica suscitada respecto a la gestión de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 suma ahora otro intento de venta de uno de los 140 pisos de la promoción. Se trata del inmueble adquirido (como ya era conocido) por el administrador único de Fraorgi, la entidad gestora de la cooperativa, en una planta ático. Eso sí, esa manifestación de voluntad de venta se produjo antes de que estallase la controversia, cuando trascendió que entre los compradores de los pisos del residencial figuraba la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; dos hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que ahora vuelve a ocupar su puesto como jefa de Contratación, y un arquitecto municipal. Un listado de compradores sobre los que, más tarde, también trascendió que figuraban otra arquitecta municipal -esposa del funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los 140 contratos de compra, entre ellos el de su propia esposa- así como otros nueve funcionarios del ayuntamiento y la madre de los hijos del exjefe de gabinete de la Conselleria de Innovación y Turismo.

En concreto, el administrador de la gestora de la cooperativa solicitó la excepcionalidad con el fin de no tener que ocupar la vivienda en el plazo límite de seis meses desde que se produjo la firma de la escritura de compra el pasado 25 de septiembre tras alegar uno de los supuestos contemplados para lograr esa exención: el hecho de estar al cuidado de un familiar. Esa excepcionalidad le fue reconocida el 24 de noviembre. De hecho, el caso de esa vivienda fue una de las situaciones que dio a conocer inicialmente la misma vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, en una de sus primeras comparecencias respecto a la controversia de las VPP, aunque sin llegar a facilitar ninguna identidad concreta. En ese momento, también apuntó que se había solicitado y concedido la misma excepcionalidad respecto a otras dos viviendas. Después, se difundió que una de ellas pertenecía a uno de los hijos de la actual jefa del área de Contratación, y otra a su sobrino.

Sea como fuere, tras lograr esa excepcionalidad, el administrador de la gestora inició los trámites ante la Conselleria de Vivienda para comunicar su intención de vender ese piso. Según fuentes de la cooperativa consultadas, su intención era transmitir su propiedad a una sociedad suya para, después, arrendarla en las condiciones previstas para una VPP: a un inquilino que cumpliese los límites de renta establecidos en el decreto regulador vigente. La comunicación de la voluntad de venta se registró ante el departamento autonómico el 8 de enero. Es decir, semanas antes de que trascendiesen las primeras informaciones sobre la identidad de los adquirientes de los pisos de la promoción. A partir de ahí, según las mismas fuentes, no se dio ningún paso adicional en la gestión de esa posible venta del piso, según las mismas fuentes.

De este modo, esa intención de venta de ese inmueble no tendría nada que ver con un posible desestimiento de la propiedad como los cinco que sí se han comunicado hasta el momento, después de que trascendiese la controversia. Como ha venido informando este diario, se trata de una pareja de divorciados que adquirió dos viviendas y que ha manifestado su intención de desistir de la propiedad de las dos tras su reconciliación, pese a alegar que los dos cumplían los requisitos económicos para adquirirlas. En segundo lugar, se trata también de la arquitecta municipal esposa del funcionario de Vivienda suspendido de empleo y sueldo por el departamento autonómico por el hecho de haber visado el contrato de compra de la vivienda de su mujer, sin computar sus propios ingresos económicos (los de él) a pesar de ser miembro de la misma unidad familiar conviviente. En tercer lugar, también ha comunicado su intención de desprenderse de su piso la actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, que ejerció como interventora de la Generalitat hasta 2025. Y, por último, el listado se completa con otro quinto propietario del que no ha trascendido su identidad ni su posible vinculación con ninguna administración.