ALICANTE. La polémica suscitada en torno a las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 comienza a generar ahora a un goteo de arrepentimientos entre los compradores de sus 140 pisos interesados en desprenderse de sus respectivas viviendas.

Los primeros dos casos los dio a conocer en una comparecencia pública el mismo alcalde, el popular Luis Barcala, hace justo ahora una semana. Se trataba de una pareja de divorciados que manifestó su intención de renunciar a sus dos inmuebles, a través de un escrito remitido a la Conselleria de Vivienda en el que aseguraban cumplir las condiciones de acceso una VPP y en la que negaban tener alguna clase de relación o vínculo con el Ayuntamiento. Pese a todo, según ese escrito, habían acordado su reconciliación y estaban dispuestos a quedarse sin ninguno de los dos pisos adquiridos como socios cooperativistas. 

A esos dos primeros casos de compradores anónimos (que no ejercían ningún tipo de cargo o empleo público, ni ninguna representatividad social) se habrían sumado desde finales de la semana pasada otros tres adquirientes que habrían comunicado su intención de desistir de la compra de esas viviendas y habrían elevado consultas para conocer cómo debían proceder para desprenderse de ellas, según pudo constatar este diario de fuentes conocedoras de esas manifestaciones. 

Dos de esos nuevos casos sí corresponderían con empleados públicos. Se trata, en concreto, de la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante, esposa del funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los 140 contratos de compra. Y de la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, que había ejercido como interventora de la Generalitat hasta septiembre de 2025. Se da la circunstancia de que los suyos eran dos de la decena de casos en los que la conselleria había reclamado que se aportase información adicional respecto a sus condiciones económicas y patrimoniales, tras haber detectado omisiones de documentación en sus respectivos expedientes por el visado de sus contratos. Por su parte, el tercer socio cooperativista que también habría comunicado su intención de prescindir de su piso en las últimas jornadas corresponde con un comprador que no tendría ningún vínculo con la administración pública.

Nulidad o venta

Por el momento, no se tendría constancia oficial de que alguno de esos cinco compradores haya iniciado alguno de los dos únicos procedimientos a su alcance para dejar de ser propietarios de esos pisos, toda vez que la mera renuncia no es un mecanismo contemplado en el caso de una VPP de iniciativa privada, no adjudicada por la administración. Esos dos procedimientos son instar la nulidad del contrato de compra en los juzgados por voluntad propia, o promover su venta a un tercero, que debería cumplir los requisitos económicos y patrimoniales para poder comprar una VPP: no tener otra vivienda en propiedad y no disponer de ingresos que superasen en 6,5 veces el IPREM (el equivalente a 54.600 euros anuales para el conjunto de la unidad familiar conviviente, ampliables en determinados supuestos como tener hijos menores o personas mayores a cargo, por ejemplo).

Es, en ese último supuesto, en el que podría intervenir la administración para ejercer el derecho de tanteo, lo que permitiría adquirir esas viviendas por el mismo importe por el que se produjo la primera adquisición (en torno a 215.000 euros de media). Por lo pronto, la Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento de Alicante (por delegación, a través del convenio que se negocia con ese fin) ya han manifestado su predisposición a ejecutar esa opción en el momento en el que se plantee la hipótesis de una posible venta. A partir de entonces, esos pisos pasarían a formar parte del parque público de vivienda (bien el autonómico, o bien el municipal, en función de quién ejerciese el tanteo). 

Entre tanto, el departamento autonómico prosigue con el proceso de revisión respecto al cumplimiento de los requisitos de los compradores para evaluar si pudieron incurrir en un posible fraude, así como con el desarrollo de las comprobaciones sobre el uso real de los pisos, después de detectar descuadres entre las personas empadronadas en tres de las viviendas y la identidad de los titulares inscritos en el Registro de la Propiedad, como informó este diario. De esa circunstancia, ya se ha dado traslado al juzgado que instruye las diligencias sobre la gestión y compra de las VPP, como apuntó este lunes la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero.