ALICANTE. Dos compradores de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 han comunicado de forma oficial su intención de renunciar a su propiedad. Así lo ha sostenido este martes el alcalde, el popular Luis Barcala, en una comparecencia ofrecida este martes, en la que no ha llegado a desvelar los motivos en los que se habría fundamentado esa renuncia. Al respecto, se ha limitado a apuntar que se trata de una cuestión que no podía desvelar al quedar sujeta a la Ley de Protección de Datos.

En esta línea, solo ha aventurado la hipótesis de que pudiesen haber cambiado sus circunstancias personales o incluso sus condiciones económicas, aunque, a priori, este último extremo no debería ser un impedimento legal que conllevase que hubiesen cometido un supuesto fraude, ya que los requisitos económicos límite debían cumplirse en el momento en el que se produjo el visado de los contratos de compra: un trámite que se produjo entre el segundo semestre de 2024 y principios de 2025.

Sea como fuere, Barcala tampoco ha llegado a desvelar la identidad de esos compradores, socios de la cooperativa, aunque sí ha señalado que no se trata de dos personas que ejerzan ninguna responsabilidad ni papel público y, que tampoco es ninguno de los adquirientes que se ha dado a conocer hasta ahora a través de las publicaciones de los medios de comunicación. Eso sí, el primer edil ha considerado que esa decisión por parte de dos particulares vendría a demostrar que "la presión" que ha atribuido tanto al equipo de gobierno como a la Conselleria de Vivienda para velar para que las viviendas no tuviesen un destino indebido estaría dando resultados. "Está calando el mensaje", ha asegurado, por lo que ha llegado a animar a otros compradores que estén valorando "si tenían o no derecho" a acceder a una de esas VPP, "que, ante la duda, renuncien y las entreguen". "Esas viviendas a las que se puede haber accedido de forma irregular, puede tener consecuencias muy graves, es prioritario que las viviendas lleguen a quien tiene que llegar, y que no se queden en manos de quien no tenía derecho a ello", ha apuntado.

Así, ha insistido en que la prioridad ahora sigue siendo la de propiciar que ninguna persona que no cumpla las condiciones necesarias para acceder a una VPP pueda mantener uno de los 140 pisos de la promoción de la polémica en propiedad. Así, ha insistido en que el ayuntamiento ya ha adoptado varias medidas para tratar de esclarecer lo sucedido y evitar que nadie que pueda haber cometido un presunto fraude o un presunto delito "quede impune". Por ello, ha asegurado que se seguirá en ese proceso como ya se ha actuado con el registro de una denuncia en Fiscalía para que se actúe "caiga quien caiga".

Respecto al futuro de esas dos viviendas sobre las que se habría producido la renuncia, ha señalado que será ahora la Conselleria de Vivienda la que deba concretar quién podría convertirse en su nuevo titular, en el momento en el que esa renuncia se formalice con la rescisión de la escritura de compraventa. De este modo, no ha llegado a confirmar si esos pisos quedarán de nuevo a disposición de la cooperativa que las construyó, para que sean adjudicadas a otros socios de la cooperativa, o si existe la posibilidad de que se pueda ejercer el derecho de tanteo y retracto para que sea la administración -bien la conselleria, o bien el ayuntamiento- la que las asuma para que pasen a formar parte del parque público de vivienda.

Por lo demás, en su comparecencia imprevista -previa a la rueda de prensa en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno- Barcala ha insistido en que la participación del Ayuntamiento en la construcción de las viviendas se limitó a la subasta de la parcela, mientras que la cooperativa es quien las repartió entre sus socios y la Conselleria de Vivienda es la que supervisó y validó los contratos, con la particularidad de que, después, se habría constatado el comportamiento supuestamente irregular del técnico responsable de realizar las comprobaciones de los requisitos de los compradores.