ALICANTE. El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, traslada a la cooperativa Residencial Les Naus el foco de la responsabilidad respecto a las presuntas anomalías que se hayan podido registrar en las viviendas de protección pública (VPP) construidas sobre un solar municipal subastado por el ayuntamiento entre 2018 y 2022. Así lo ha apuntado este martes, en una nueva comparecencia pública relacionada con la controversia, en la que ha desvelado que dos compradores de las 140 viviendas de dicha promoción habían presentado su renuncia a la propiedad de esos pisos, y en la que ha asegurado, respecto al futuro destino de esas dos viviendas, que, a priori, su venta podría no quedar a criterio de la propia cooperativa, al sostener que "aquí el criterio es que la que está en tela de juicio es la cooperativa y sus gestores, con todo lo presunto que quieran, pero lo es". "La que está en tela de juicio es la propia cooperativa y sus gestores; y son uno de los objetos dentro del proceso penal", ha recalcado. Así, ha sostenido que sería la "conselleria" quien coja "las riendas en cuanto a la sustitución" de los compradores de las viviendas para cuya futura adjudicación podría ejercerse el derecho de tanteo y retracto, una vez que se formalice la modificación de la escritura de compra. "Hay que revertir una operación inmobiliaria que ya está hecha; es la conselleria quién tiene que determinar cómo se ejecuta eso", ha añadido.

Lo cierto es que es la primera ocasión en la que el primer edil apunta de forma directa a la cooperativa y a sus gestores respecto al fondo de la controversia, a pesar de que sí había venido explicando hasta ahora que era esa cooperativa quien decidía quien compraba las viviendas a partir del listado de socios cooperativistas inscritos en ella. Con todo, no consta que en la denuncia presentada por el equipo de gobierno ante la Fiscalía se apuntase ninguna responsabilidad concreta y simplemente se daba traslado de los hechos detectados: cómo se había producido la subasta del solar municipal y quién había intervenido tanto en ese expediente, como en el relacionado con la concesión de la licencia de obra posterior, tras descartar la posibilidad de que alguno de los cargos públicos o funcionarios que habían comprado pisos en la promoción (entre ellos, la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, y dos arquitectos municipales) hubiesen podido tomar decisiones en su propio beneficio, en función de las conclusiones alcanzadas en el informe de averiguación elaborado por el vicesecretario general a instancias del propio Barcala.

De hecho, las únicas denuncias que sí apuntan la existencia de supuesta responsabilidad por parte de los gestores de la cooperativa son las registradas por el grupo municipal del PSOE en Fiscalía y por Manos Limpias, interpuesta directamente en los juzgados, al margen de que ambos escritos incluyesen a otras personas presuntamente involucradas en las anomalías como los concejales del PP que participaron en las reuniones de la Junta de Gobierno Local en las que se aprobaron cambios en el contrato de la subasta de la parcela municipal para, entre otros puntos, extender el plazo de construcción de las viviendas, como recoge el escrito presentado por el PSOE.

Sea como fuere, el primer edil ha comprometido toda la colaboración municipal para que avance la investigación, después de que la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante Plaza número 5 haya asumido la denuncia presentada por Manos Limpias y se haya convertido en responsable de las indagaciones al respecto tras incoar la apertura de diligencias y asumir las averiguaciones preliminares realizadas por la Fiscalía Anticorrupción a partir de las cuatro denuncias formuladas por Sumar, por el grupo municipal del PSOE, por el equipo de gobierno y por la Conselleria de Vivienda.

Así, ha expresado su máxima confianza en la justicia y ha manifestado su ofrecimiento de máxima colaboración por parte del Ayuntamiento con el deseo de que se imprima "celeridad en la instrucción y en la investigación", de forma que se pueda "aclarar todos los extremos". En este sentido, ha insistido en que él era "consciente de la alarma social generada por este escándalo". "Me escandaliza como el que más", ha insistido para manifestar su "interés en que este extremo se aclare". "Alicante no se merece esta mancha", ha proseguido. "Estamos en un mandato en el que la vivienda es una prioridad y abordamos modificaciones urbanísticas y el impulso de la colaboración público-privada para construir 6.000 viviendas en la ciudad, donde al menos 30% sean de promoción pública", ha argumentado en alusión a la política que había tratado de desplegar el equipo de gobierno desde 2023. En este sentido, ha garantizado que no se iba a dejar de "promover que haya vivienda protegida" y que se impulse la vivienda social. Eso sí, ha recalcado que "vamos a trabajar en asegurar que los mecanismos garanticen que la vivienda social vaya a quien tiene el derecho" de acceder a ella "y a combatir a aquellos que sin ese derecho hayan accedido a ella".

Al margen de ello, el primer edil también ha precisado que el ayuntamiento seguía adoptando sus propias decisiones para contribuir al esclarecimiento de los hechos con actuaciones como la puesta en marcha de la comisión municipal de fiscalización aprobada en el pleno extraordinario en el que se produjo su comparecencia para ofrecer explicaciones sobre la crisis de las VPP. Al respecto, ha señalado que se ha designado al vicealcalde, Manuel Villar, como presidente de la comisión, y al actual edil de Urbanismo, Toño Peral, como vocal en los dos representantes que le corresponden al PP en dicho foro. Así, ha anticipado que se procederá a convocar la sesión constitutiva en el plazo más breve posible, toda vez que ya se ha producido el resto de designaciones de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición: PSOE, Vox, Compromís y EU Podem. Además, ha indicado que se siguen "recabando informes" de los departamentos de "Recursos Humanos, Contratación, Patrimonio y de Informática para que todos los miembros de la comisión tengan toda la información que sea necesaria. Con ello, según ha incidido, se trataría de proceder con "contundencia, celeridad y máxima transparencia" a partir de esos informes, en los que se había solicitado conclusiones para poder "tomar las medidas que correspondan".

Al tiempo, ha señalado que continúan abiertos los dos expedientes a los dos arquitectos que compraron viviendas de Residencial Les Naus, para lo que se ha pedido informes a distintas concejalías en las que se indiquen conclusiones, sin que se haya alcanzado todavía un dictamen definitivo sobre la posibilidad de que se acuerden medidas disciplinarias. A esa actuación se añadiría la apertura de "un expediente informativo sobre la gestión en el entorno de Contratación y otro informe relativo al manejo de la información que ha corrido en estos días y que pudiera suponer también algún tipo de problema o irregularidad en el acceso y manejo de información", sin aportar detalles adicionales sobre el alcance o al ámbito de actuación concreto de esos nuevos expedientes. En todo caso, ha vuelto a recalcar que el ayuntamiento "no ha adjudicado ninguna de las viviendas". "Es la gestora de la cooperativa la encargada de captar a sus socios", ha insistido, después de comprobar que los socios cumplían con los requisitos, para trasladar después los expedientes a la conselleria. Después, ha insistido, es la Conselleria de Vivienda la que comprueba si cumplían esas condiciones para comprarlas y conceder el visado de los adquirientes. Así, ha recordado que, en el proceso de verificación de esos visados, "se ha comprobado que un funcionario de la dirección territorial no había cumplido su trabajo con la confianza requerida y ha sido suspendido de empleo y sueldo; y es una de las personas presuntamente responsables de posibles irregularidades en los visados y comprobación de los hechos", ha recalcado.

En este sentido, Barcala ha recalcado su "indignación" y "rechazo" conforme "se van sabiendo más datos y se va teniendo conocimiento" de algunas personas que han accedido a esas viviendas "no deja más que un reguero de dudas sobre cómo han podido acceder a esas viviendas o cómo han podido cumplir en determinados casos con los perfiles y con las bases para acceder a esas viviendas", ha insistido. Y además, al ser cuestionado sobre la cuestión particular de la exconcejal de Urbanismo, adquiriente de una de las viviendas de la promoción, y sobre si ha podido perder la confianza en el resto de concejales del equipo de gobierno, solo ha apuntado que "todos mis concejales saben desde el primer minuto que presentaron una declaración de bienes" al tomar posesión del cargo "y todos saben que todos los cambios sustanciales, tienen la obligación de darlos a conocer y modificarla". "Y esa obligación se recuerda, a raíz de estos hechos", ha apuntado. En todo caso, no ha llegado a valorar si, en su opinión, la exconcejal de Urbanismo debía haber optado a uno de los pisos. Al respecto, ha señalado que esa era una cuestión que había quedado bajo el objeto de la investigación judicial. 

La izquierda señala al PP

La comparecencia de Barcala no ha hecho más que avivar la controversia política con las consiguientes valoraciones posteriores por parte de los portavoces de los tres grupos progresistas que ejercen funciones de oposición: PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem. En primer término, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha exigido al alcalde que ponga inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción "qué dos propietarios han renunciado a pisos en la urbanización Les Naus para que se clarifique cómo accedieron a ellos y por qué se produce ahora esa aparente renuncia voluntaria". "La mayoría de las personas que conocemos que se han adjudicado esas viviendas tienen un vínculo con el Partido Popular o con este Ayuntamiento. Lo que está ocurriendo en Alicante es un escándalo del PP, de Barcala y de Pérez Llorca porque ha habido una falta de control inaceptable. En este Ayuntamiento se han abierto canales de comunicación de información privilegiada que han posibilitado la compra de esas viviendas por personas que ahora sabemos que no cumplían los requisitos. El alcalde es el máximo responsable político y seguimos exigiendo su dimisión", ha insitido. 

Igualmente, ha señalado que Barcala se enfrenta ahora a "varios frentes como son, por un lado, la investigación judicial, y, por otro, las 60 asociaciones de vecinos que exigen explicaciones porque tienen el convencimiento de que el proceso de licitación de la parcela y venta de los pisos de Les Naus, así como otros futuros procesos de construcción de vivienda pública, no es transparente". Barceló ha recordado además que el alcalde sigue manteniendo a la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, como jefa de la mesa de Contratación del Ayuntamiento (la plaza que ocupaba con anterioridad y durante los años en los que se produjo la subasta de la parcela municipal en la que se desarrolló la promoción) a pesar de que haya trascendido que dos hijos y un sobrino suyos también habían adquirido pisos de la cooperativa Residencial Les Naus. "Abrir un expediente a esta funcionaria y a otro arquitecto municipal es no hacer nada y no tomar las decisiones que le corresponden como alcalde", ha considerado. En ese sentido, ha apuntado que Barcala "no se puede escudar ahora en que todo era responsabilidad de la cooperativa, cuando además el Ayuntamiento no ha dirigido su denuncia en Fiscalía contra la cooperativa, como sí ha hecho el grupo socialista".

Por último, ha recordado que las iniciativas que registrará el grupo mayoritario de la oposición de cara al pleno de febrero estarán relacionadas con Les Naus y con la vivienda pública en Alicante, al considerar que "todavía quedan muchas incógnitas por resolver y que se deben tomar decisiones para evitar posibles fraudes y garantizar la posibilidad de acceso a recursos habitacionales".

En segundo lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, también ha valorado la comparecencia de Barcala para asegurar que "parece que tenemos a un ciudadano instalado en la planta número cuatro, un ocupa del Ayuntamiento" al sostener de forma irónica que el alcalde sería "un señor que cobra 84.000 euros y que no sabe nada, no tiene nada que ver" respecto a la crisis de las VPP. "Echa la culpa a la Generalitat, a la cooperativa... los delincuentes presuntamente, ha dicho el alcalde que es la cooperativa o los funcionarios. Pero él no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con elegir a Rocío Gómez que es amiga de la familia; no tiene nada que ver que haya elegido a la responsable de Contratación como directora general, quién facilitó presuntamente información para que sus familiares tuvieran vivienda", ha sostenido. A ello, ha añadido que su nombramiento como directora general se produjo "con el apoyo de Vox".

Además, ha vuelto a preguntarse "por qué el alcalde, cuando Compromís registra una pregunta para el pleno de julio de 2024" respecto a la compra de las viviendas de Residencial Les Naus "le quita las competencias de Patrimonio a Rocío Gómez días antes". "Esa es la pregunta clave, y sí, le acusamos directamente al alcalde, sino que nos lleva al juzgado", ha espetado. "Si no creen que decimos la verdad, que esto se inició en julio de 2024, que nos denuncie y que demuestre que esto no es así. Hace 20 días que esta trama fue destapada, hace diez días la izquierda municipal obligó a convocar un pleno extraordinario. Y aún seguimos esperando. Recordemos que el día 2 de febrero pedimos por registro que la Policía Local acudiese piso a piso en el residencial, para saber exactamente y cotejase con el padrón, con el consumo de energía si vivían allí. Se rieron de nosotros. Y ahora, justamente la Generalitat pide que utilice todas las herramientas de la administración local para ver si viven allí", ha insistido.

En esta línea, ha estimado que "el alcalde, o está dilatando los tiempos o está presuntamente destruyendo pruebas, ¿por qué no convoca ya al Patronato de Vivienda para saber quién es el adjudicatario de las 15 viviendas del Portón, de las 14 de San Gabriel o d elas 13 públicas de Rabassa? ¿Por qué no nos dan la documentación a los patronos de Vivienda? Están obstruyendo la información, están pegando martillazos a los expedientes como hizo el PP de Génova con la trama de la Gürtel. Es el PP de siempre", ha apostillado.

Por último, el portavoz municipal de EU Podem, Manolo Copé, ha sostenido que "algo huele mal en Alicante". "Lo que estamos conociendo no es fruto de la casualidad, sino de años desmontando las políticas públicas de vivienda, relajando los controles y modificando los criterios para que las ayudas que debían garantizar un derecho acabaran beneficiando a quienes no las necesitaban", ha recalcado. Así, ha manifestado que "el alcalde puede intentar comparecer una y mil veces pero lo que debe hacer es asumir su responsabilidad política. Y mientras no se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel, todo esto no deja de ser una auténtica vergüenza institucional. No se puede desmantelar la función social de la vivienda y después rasgarse las vestiduras o fingir sorpresa cuando aparecen estos casos", ha concluido.