ALICANTE. El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, traslada a la cooperativa Residencial Les Naus el foco de la responsabilidad respecto a las presuntas anomalías que se hayan podido registrar en las viviendas de protección pública (VPP) construidas sobre un solar municipal subastado por el ayuntamiento entre 2018 y 2022. Así lo ha apuntado este martes, en una nueva comparecencia pública relacionada con la controversia, en la que ha desvelado que dos compradores de las 140 viviendas de dicha promoción habían presentado su renuncia y en la que ha asegurado, respecto al destino futuro de esas dos viviendas, que, a priori, su venta podría no quedar a criterio de la propia cooperativa, al sostener que "aquí el criterio es que la que está en tela de juicio es la cooperativa y sus gestores, con todo lo presunto que quieran, pero lo es". Así, ha sostenido que, a priori, será la "conselleria quien coge las riendas en cuanto a la sustitución de las viviendas" para lo que podría ejercerse el derecho de tanteo y retracto, una vez que se formalice la modificación de la escritura de compra. "Hay que revertir una operación inmobiliaria que ya está hecha; es la conselleria quié tiene que determinar cómo se ejecuta eso", ha añadido.

Lo cierto es que es la primera ocasión en la que el primer edil apunta de forma directa a la cooperativa y a sus gestores respecto al fondo de la controversia, a pesar de que sí había venido explicando hasta ahora que era esa cooperativa quien decidía quien compraba las viviendas a partir del listado de socios cooperativistas inscritos en ella. Con todo, no consta que en la denuncia presentada por el equipo de gobierno ante la Fiscalía se apuntase ninguna responsabilidad concreta y simplemente se daba traslado de los hechos detectados: cómo se había producido la subasta del solar municipal y quién había intervenido tanto en ese expediente, como en el relacionado con la concesión de la licencia de obra posterior, tras descartar la posibilidad de que alguno de los cargos públicos o funcionarios que habían comprado pisos en la promoción (entre ellos, la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, y dos arquitectos municipales) hubiesen podido tomar decisiones en su propio beneficio, en función de las conclusiones alcanzadas en el informe de averiguación elaborado por el vicesecretario general a instancias del propio Barcala.

Sea como fuere, el primer edil ha comprometido toda la colaboración municipal para que avance la investigación, después de que la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante Plaza número 5 haya asumido la denuncia presentada por Manos Limpia y se haya convertido en responsable de las indagaciones al respecto tras incoar la apertura de diligencias y asumir las averiguaciones preliminares realizadas por la Fiscalía Anticorrupción a partir de las cuatro denuncias formuladas por Sumar, por el grupo municipal del PSOE, por el equipo de gobierno y por la Conselleria de Vivienda.

Así, ha expresado su máxima confianza en la justicia y ha manifestado su respeto máximo a la jueza para insistir en su ofrecimiento de máxima colaboración por parte del Ayuntamiento con el deseo de que se imprima "celeridad en la instrucción y en la investigación", de forma que se pueda "aclarar todos los extremos". En este sentido, ha insistido en que él era "consciente de la alarma social generada por este escándalo". "Me escandaliza como el que más", ha insistido para manifestar su "interés en que este extremo se aclare". "Alicante no se merece esta mancha", ha proseguido. "Estamos en un mandato en el que la vivienda es una prioridad y abordamos modificaciones urbanísticas y el impulso de la colaboración público-privada para construir 6.000 viviendas en la ciudad, donde al menos 30% sean de promoción pública", ha argumentado. Y ha garantizado que "este equipo de gobierno no va a parar en promover que haya vivienda protegida" y que se impulse la vivienda social. Eso sí, ha garantizado que "vamos a trabajar en asegurar que los mecanismos garanticen que la vivienda social vaya a quien tiene el derecho" de acceder a ella "y a combatir a aquellos que sin ese derecho hayan accedido a ella".

Al margen de ello, el primer edil también ha precisado que el ayuntamiento seguía adoptando sus propias decisiones para contribuir al esclarecimiento de los hechos con actuaciones como la puesta en marcha de la comisión municipal aprobada en el pleno extraordinario en el que se produjo su comparecencia para ofrecer explicaciones sobre la crisis de las VPP. Al respecto, ha señalado que se ha designado al vicealcalde, Manuel Villar, como presidente de la comisión, y al actual edil de Urbanismo, Toño Peral, como vocal en los dos representantes que le corresponden al PP en dicho foro. Así, ha anticipado que se procederá a convocar la sesión constitutiva en cuanto se disponga del resto de desginaciones de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición: PSOE, Vox, Compromís y EU Podem. Además, ha indicado que se siguen "recabando informes" de los departamentos de "Recursos Humanos, Contratación y Patrimonio para que todos los miembros de la comisión tengan toda la información que sea necesaria. Con ello, según ha incidido, se trataría de proceder con "contundencia, celeridad y máxima transparencia" a partir de esos informes, en los que se había solicitado conclusiones para poder "tomar las medidas que correspondan".

Además, ha señalado que continúan abiertos los dos expedientes a los dos arquitectos que compraron viviendas de Residencial Les Naus, sin que se haya alcanzado todavía un dictamen sobre la posibilidad de que se acuerden medidas disciplinarias. A esa actuación se añadiría la apertura de "un expediente informativo en Contratación y otro informe sobre el manejo de la información que ha corrido y que pudiera suponer algún tipo de irregularidad en el acceso y manejo de información". En todo caso, ha vuelto a recalcar que el ayuntamiento "no ha adjudicado ninguna de las viviendas". "Es la gestora de la cooperativa la encargada de captar a sus socios", ha insistido, para añadir después, que es la Conselleria de Vivienda la que comprueba si cumplían los requisitos para comprarlas y conceder el visado de los adquirientes. Así, ha recordado que, en el proceso de verificación de esos visados, "se ha comprobado que un funcionario de la dirección territorial no había cumplido su trabajo con la confianza requerida y ha sido suspendido de empleo y sueldo; y es una de las personas presuntamente responsables de posibles irregularidades en los visados y comprobación de los hechos", ha recalcado.