ALICANTE. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), trata de responder a la crisis de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal del distrito de Playa de San Juan subastado entre 2018 y 2022 con el impulso de medidas adicionales que permitan evitar un presunto fraude en la compra de esa tipología de inmuebles, a la que solo pueden tener acceso personas que no dispongan de otra vivienda en propiedad y que cuenten con ingresos inferiores a los 54.600 euros (con el cómputo de todos los miembros de la misma unidad familiar). Esas nuevas decisiones comprenden el cotejo de las personas empadronadas en el edificio para precisar que se trata realmente de las personas que las adquirieron, en función del requerimiento formulado por la Conselleria de Vivienda a finales de la semana pasada. Y, además, también se incluye la organización de un dispositivo de comprobaciones a cargo de la Policía Local para verificar que las personas empadronadas son las que están residiendo en esos pisos. Se trata de otra medida requerida por el departamento autonómico para evaluar si los pisos están efectivamente ocupados en el plazo establecido para ello, y para impedir que las viviendas puedan haberse vendido o alquilado a terceros sin la preceptiva autorización previa de la administración.

La primera de las medidas ya se ha implementado por parte de la Concejalía de Estadística y se ha dado traslado de la información recopilada a la conselleria, según ha indicado el mismo alcalde, Luis Barcala, en una comparecencia imprevista (no convocada con antelación) ofrecida este martes. En principio, esa información también podría trasladarse al juzgado que ya ha asumido las diligencias sobre las presuntas anomalías detectadas en la gestión de esa promoción de VPP. La segunda medida se desarrollará en los próximos días, con la intervención de agentes de Policía Local, a pesar de que Vivienda no había llegado a sugerir su participación expresa, según ha señalado el primer edil. En todo caso, Barcala ha sostenido que se estaba ultimando el dispositivo con la intención de que los agentes comprueben "piso por piso" quién vive en la urbanización de Residencial Les Naus, toda vez que los policías sí tendrían la capacidad de acceder a la urbanización, como ya sucede con los certificados de convivencia o las fes de vida. "Quiero que se inspeccionen inmediatamente las viviendas una por una y que se compruebe quién vive en los pisos adjudicados, y si están ocupados legalmente", ha explicado el alcalde.

"Tiene que quedar muy claro que nadie podrá deshacerse de las viviendas para eludir posibles responsabilidades", ha enfatizado el primer edil. "Las viviendas se recuperarán porque no tenían derecho a tenerla", ha asegurado, a pesar de que todavía no se ha constatado de forma oficial que exista algún caso definitivo en el que se haya acreditado que no se daban las condiciones necesarias para acceder a una VPP. "No vamos a permitir atajos ni puertas de atrás", ha incidido Barcala.

"Soy consciente de la alarma social que este escándalo ha generado, a mi me escandaliza como al que más porque Alicante no se merece esta mancha", ha asegurado el alcalde quien ha dejado claro que "este es el mandato de la vivienda porque es una necesidad y este equipo de gobierno no va a parar. Estamos impulsando en la ciudad más de 6.000 viviendas, de las cuales el 30% serán protección pública. No podemos permitir hechos como los que hemos conocido", ha zanjado el primer edil.

En esta línea, Barcala ha sostenido que el equipo de gobierno ha actuado "desde el primer momento y lo vamos a seguir haciendo con contundencia, celeridad y transparencia", tras insistir en que "este Ayuntamiento no ha adjudicado ninguna de estas viviendas". "Es la cooperativa en base a la normativa la que adjudica las viviendas a aquellos propietarios que cumplen los requisitos. Y es a la administración autonómica a quien corresponde el visado del cumplimiento de esos requisitos", ha explicado. De hecho, ha recordado que la conselleria ya ha suspendido de empleo y sueldo al funcionario de la Dirección Territorial de Vivienda responsable de los visados.

Batería de medidas

Además, ha enumerado el conjunto de decisiones ya adoptadas desde el momento en el que se tuvo conocimiento de la polémica, y que trascendiese que la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, era una de las compradoras de los 140 pisos de la promoción, al margen de los dos hijos y un sobrino de la ya exdirectora general de Organización Interna y dos arquitectos municipales. Así, ha precisado que, cuando se conocieron esas circunstancias, se solicitó un informe a la Tesorería municipal sobre el listado de adjudicatarios de la cooperativa; se abrió un expediente de averiguación de hechos en el que se descartó que los cargos públicos o funcionarios que pudieron tener relación con la adquisición de una vivienda tuviesen participación en la toma de decisiones respecto a la subasta del solar o la concesión de la licencia de obra; se presentó una denuncia en la Fiscalía; se produjo la dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general de Organización Interna; y se abrió expediente informativo a los dos arquitectos municipales que adquirieron dos de los pisos.

Al margen de ello, ha señalado que se celebró un pleno extraordinario y monográfico sobre el asunto, a instancias de PSOE, Compromís y EU Podem; que se aprobó la constitución de una comisión de fiscalización sobre los expedientes de venta del solar, también a iniciativa de la oposición; que se ha negociado la firma de un convenio con la Generalitat para ejercer la acción preferente de tanteo o retracto sobre las viviendas de esa promoción que salgan a la venta; que se prevé ejercer la acción de nulidad de las operaciones de compraventa de aquellas viviendas que se demuestre que se han efectuado en fraude de ley; y, por último, que se prevé incorporar a la normativa municipal cuantos refuerzos de los mecanismos de control de adjudicación de vivienda pública implemente la Generalitat en la ley autonómica".