ALICANTE (EP/AP). La Conselleria de Vivienda persiste en el proceso de comprobaciones respecto a la compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 y traslada al juzgado el descuadre detectado entre las personas empadronadas en tres de esas viviendas respecto a la identidad de los titulares inscritos en el Registro de la Propiedad. Así lo ha confirmado este lunes la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, en una comparecencia pública, en la que ha asegurado que la administración autonómica sigue revisando "todos los expedientes" relacionados con la adquisición de esos 140 pisos y que está trasladando al juzgado que instruye las diligencias sobre las supuestas anomalías en la gestión y comercialización de esos inmuebles "aquellas cuestiones" que "no casan".
Tras participar en una mesa informativa sobre igualdad salarial organizada por la Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP) en València, Camarero ha apuntado que la revisión de esos expedientes sigue su curso, toda vez que todavía no ha vencido el plazo conferido a los adquirientes de los pisos para que aportasen documentación complementaria en los casos en los que se había constatado omisiones de información respecto a la situación económica y patrimonial de sus respectivos cónyuges. En principio, se trataría de una información reclamada a cerca de una decena de los socios cooperativistas de la promoción.
Así, ha incidido en que la Generalitat está "revisando todos los expedientes" y que aún se está "en el plazo para que las personas a las que le faltaba documentación puedan entregarla". "Estamos remitiendo, en este caso ya al juzgado, aquellas cuestiones que estamos descubriendo que no casan", ha apostillado. Según la vicepresidenta primera del Consell, el viernes pasado ya se remitió al juzgado "una nueva información al casar los visados", algo que "está a disposición ya de la justicia para que investiguen el por qué hay otras personas, para que pidan la información que necesitan para saber si efectivamente las viviendas están siendo ocupadas por las personas que han pedido el visado, por las personas que han comprado esa vivienda, como está establecido en la ley".
Al tiempo, ha señalado que la conselleria no tenía todavía constancia de la posibilidad de que otros dos compradores de esos pisos hubiesen manifestado su intención de renunciar a sus viviendas, a finales de la semana pasada. En todo caso, ha insistido en que "aquellas personas que quieran renunciar o que hayan manifestado su disponibilidad o su disposición a la renuncia lo tendrán que hacer, en el caso de la conselleria, por los cauces reglamentarios", ha apostillado, a pesar de que, en realidad, la posibilidad de la renuncia no está contemplada y cualquier persona que no quisiese asumir la propiedad de la vivienda solo tendría a su alcance promover la anulación del contrato de compra por vía judicial, o concertar su venta a un tercero para que la administración pueda ejercer el derecho de tanteo. En esta línea, Camarero ha recalcado que "solo si conocemos que quieran vender, a quién quieren vender, y si esa persona, es decir, si tienen una oferta de compra y que las personas que quieran comprar tengan los requisitos de la VPP, la conselleria podrá ejercer el derecho de tanteo".
Contra la especulación
Así, ha proseguido Camarero, la Generalitat "hasta el momento" no tiene constancia de que haya más interesados en renunciar a las VPP, como ya manifestaron dos propietarios, según la información anticipada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el pasado martes. Y, sobre la solicitud de derecho de tanteo, ha apuntado que, en el caso de que se comunicase la intención de vender -cosa que no ha sucedido, según ha dicho- "nosotros ejercemos el derecho de tanteo directamente a través del Ayuntamiento, como ha manifestado el Ayuntamiento de Alicante".
"No vamos a permitir que se especule con las viviendas de protección pública", ha recalcado la vicepresidenta primera, al tiempo que ha aseverado: "Vamos a estar vigilantes para que nadie tenga que especular, para que nadie haga trampas y todas aquellas irregularidades que detectemos, sean las que sean, las vamos a trasladar a la Fiscalía o al juzgado, ahora ya que hay una instrucción en marcha, para que revisen, para que investiguen y para que tomen las medidas desde el punto de vista legal que tengan que tomar".
Como ya ha informado este diario, la crisis de las VPP ha propiciado ya la dimisión de la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, que compró uno de los pisos. También la de la ahora exdirectora general municipal María Pérez-Hickman, con familiares entre los adquirientes. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que otra de las compradoras de uno de los pisos es la madre de sus dos hijas.
