Marcos Ortuño es el portavoz del Gobierno de la Región de Murcia. Foto: MPMURCIA. El Gobierno de la Región de Murcia no comparte los argumentos judiciales de la Comunidad Valencia para defender el Trasvase Tajo-Segura. El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, considera que el recurso judicial presentado por Ximo Puig es "un paripé": "Es un recursito para quedar bien, para no molestar a su presidente Pedro Sánchez ni al Gobierno", criticó al tiempo que adujo que "los propios regantes lo han calificado como decepcionante".
Precisamente este jueves el Consejo de Gobierno murciano daba luz verde a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para impedir el "hachazo" a los envíos de agua para la cuenca del Segura entre 2023 y 2027, aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 24 de enero.
Un día antes hizo lo propio la Comunidad Valenciana, que pide ante el Alto Tribunal la suspensión cautelar del escalonamiento de los caudales ecológicos previstos para 2026 y 2027 en el Tajo y que afectan al Trasvase. El recurso se dirige, en concreto, contra la nueva disposición adicional novena que afecta al futuro incremento escalonado de las caudales ecológicos que aparecen en el Plan Hidrológico del Tajo, una decisión que para la Generalitat valenciana es arbitraria y no se fundamenta en criterios técnicos.
Sin embargo, la Región no está de acuerdo con Valencia porque, incidió Ortuño, "asume una parte del recorte del Trasvase", algo inaceptable para los murcianos. "Nosotros no aceptamos ni uno de los recortes". En su opinión, "los barones socialistas siempre priman los intereses del partido frente a los de los ciudadanos, como así sucede en la Región y como así vemos en Valencia".
El portavoz regional también reseñó que la Comunidad murciana ha trabajado con expertos y peritos tanto de la Junta de Andalucía (gobernada por el PP) como de la Diputación de Alicante (también en manos del PP) para diseñar el recurso de Murcia. "Nosotros vamos a ir con todos los argumentos para impedir el recorte", pues entiende que el acuerdo del Consejo de Ministros "contiene deficiencias": "No está basado en criterios científicos ni técnicos, sino ideológicos. Fue impuesto de manera unilateral modificando el acuerdo previo alcanzado en el Consejo del Agua. Y es incompatible con los planes hidrológicos del Tajo y del Segura". El recurso se redactará en los próximos días.
Cabe recordar que el pasado mes de enero el Gobierno de España ratificaba el documento hidrológico que establece un caudal ecológico en la cabecera del río Tajo, a su paso por Aranjuez (Madrid). Este caudal ascenderá de seis a siete metros cúbicos por segundo desde 2023, así como subirá a ocho desde 2026 y se elevará a 8,65 en 2027. Estas previsiones implican que la cuenca del Segura pueda sufrir una merma de los envíos de agua de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos durante los próximos cinco años (desde este propio 2023 hasta 2027).
Una medida que contrarió a la Región de Murcia. El presidente murciano, Fernando López Miras, calificó la decisión de la ministra Teeresa Ribera como "sectaria y arbitraria" y tachó la medida del Gobierno central como el "mayor ataque político a la Región de Murcia en décadas". Y anunció que recurriría al Supremo, una decisión que ha formalizado este jueves.
