ALICANTE. El Partido Popular (PP) de Alicante trata de sortear otro obstáculo en la recta final del mandato con la marcha en diferido del todavía concejal de Fiestas, Partidas Rurales y Participación Ciudadana (además de Ocupación de Vía Pública), Manuel Jiménez, que deja a su grupo municipal con siete representantes en la corporación, tras el abandono previo de la ya exconcejal de Educación, Julia Llopis (ahora, incorporada en la candidatura autonómica de Vox).
Los populares -con el alcalde y presidente de la agrupación local, Luis Barcala, al frente- consensuaron con el expresidente de la Federació de Fogueres (una responsabilidad que desempeñó entre 2012 y 2019) una especie de salida honrosa de la política municipal después de que trascendiese que promovió la adjudicación de tres contratos menores con empresas representadas por personas de su círculo de conocidos en el mundo de las Hogueras. El primero, la redacción del proyecto para la instalación de una pérgola en la plaza de La Alcoraya, por 5.820 euros; el segundo, el de su construcción e instalación, por 44.379 (que se encargó a la empresa que había ejecutado una reforma por unos 11.000 euros en el domicilio del concejal un año y medio antes); y el tercero, la fabricación de paneles informativos situados en esa partida y en otras cuatro más, por 11.519.
Esos contratos menores (con un coste global de 61.718 euros, aunque cada uno de ellos por debajo del máximo legal de 50.000 euros previsto en el caso de las obras) se adjudicaron en el último tramo de 2022 mediante la tramitación de tres procedimientos negociados distintos. Es decir, una fórmula habitual en la administración, más ágil y restringida que un concurso abierto a la pública concurrencia, pero no de encargo directo, por la que se invita a un mínimo de tres firmas a presentar presupuestos para acabar escogiendo el más económico.
Se da la circunstancia de que los tres contratos se tramitaron en paralelo a los de otras dos actuaciones desarrolladas en el mismo entorno de la plaza de La Alcoraya: la instalación de aparatos biosaludables, por 57.335 euros, y la reforma y reparación del escenario, por 27.757. En ambos casos, la concejalía promotora fue la de Infraestructuras, que también asumió el coste de la construcción de la pérgola y supervisó su contratación y ejecución.
Las cinco contrataciones se ajustarían al trámite administrativo sin que se hubiese registrado ninguna irregularidad, según la tesis que se sigue manteniendo tanto en el PP como en el seno del equipo de gobierno: el bipartito compuesto por los populares y por Ciudadanos (Cs). A partir de ahora, está por ver si de las acciones anunciadas por los grupos progresistas -entre las que se ha anticipado una denuncia en Fiscalía- se puede acabar desprendiendo el inicio de diligencias por un supuesto de prevaricación o de fraude por fraccionamiento en la contratación.
Sea como fuere, la polémica desencadenada llevó a acordar la salida de Jiménez en dos tiempos. Primero, la renuncia a figurar en la candidatura del PP para los comicios del próximo 28 de mayo, en la que estaba destinado a ocupar la octava plaza. Y segundo, la entrega de su acta de concejal, después de comparecer en el pleno del 27 de abril para dar explicaciones sobre "la completa legalidad" de los contratos bajo sospecha.
Así, después de tres días de las lógicas embestidas de las fuerzas del eje progresista, se convino que no cabía otra opción que ceder frente a las acusaciones de amiguismo y clientelismo y procurar su marcha "para no perjudicar" al PP en la antesala de la cita con las urnas en la que su candidato se juega la reelección.
La disputa de los contratos menores: ¿regreso del 'ruido' y riesgo electoral para el PP?
Desde el día 27, el PP se enfrenta a la tesitura de promover la incorporación del sustituto de Jiménez, sin que existan garantías de que para entonces ya haya quedado cubierta la baja de Llopis. En principio, la salida de esta última debe propiciar que la coordinadora local del partido y actual asesora municipal, Cristina García, asuma el acta de concejal hasta que se constituya la nueva corporación, el 17 de junio, al figurar como número 10 en la lista electoral de los populares de 2019 (además, García repite en ese puesto en la papeleta de este año). Y tras la marcha de Jiménez, sería el exedil Israel Cortés quien ocupase su escaño. Todo, siempre que ambos estuviesen dispuestos a desempeñar esa responsabilidad por el plazo de un mes o de semanas.
La tramitación del acta a nombre de ambos podría producirse con relativa agilidad, en cuestión de entre cinco y diez días a contar a partir de la fecha concreta de la dimisión de cada uno. No obstante, hasta ahora se daba por hecho que el pleno ordinario de abril sería el último del mandato, con lo que no existiría la posibilidad de que se produjese su toma de posesión (en el caso de que la Junta Electoral no cumplimentase el trámite del acta de García antes del día 27). A esa sesión, el bipartito (PP y Cs) llegaría con 13 concejales al no haberse producido todavía la dimisión de Jiménez. Se trata de la misma cifra de representantes que suman los tres partidos progresistas (PSOE, Unides Podem y Compromís) por lo que -con el uso del voto de calidad del alcalde en caso de empate- no existiría riesgo de perder votaciones salvo que Vox se posicionase con la izquierda, como ha pasado en algunos plenos precedentes.
En todo caso, no se atisba que pueda haber ningún acuerdo complejo o relevante en el que el bipartito se exponga a una derrota. En el pleno de abril sí se debatirá la actualización de la ordenanza del ruido, pero, a priori, contaría con el respaldo del PSOE, como se evidenció en la comisión informativa de Urbanismo, este miércoles. Además, la opción de la moción de censura estaría descartada.
Sin embargo, el bipartito estaría tratando de celebrar al menos un pleno de carácter extraordinario antes de la jornada electoral con la pretensión de poder aprobar la modificación de crédito sobre el presupuesto prorrogado de 2022 que permita garantizar la aportación de fondos municipales para mantener la ejecución de los proyectos de reurbanización cofinanciados por la Unión Europea (UE) que podrían perderse en el caso de que las obras no concluyesen en plazo.
En principio, se trataría de incorporar a las cuentas en vigor una suma de entre 15 y 17 millones de los remanentes (partidas presupuestadas pero no gastadas) para costear ese conjunto de actuaciones. Entre ellas, la remodelación y calmado de tráfico del Paseo de los Mártires, la tercera fase de La Explanada o la reforma de la avenida de Jijona, por ejemplo. Así, se aprovecharía la convocatoria de esa sesión extraordinaria para que los nuevos concejales pudiesen asumir el cargo y que el PP recuperase los nueve representantes obtenidos en los comicios de hace cuatro años. De no llegar a cuadrarse esa modificación de crédito en plazo, no estaría asegurado que fuesen a convocarse nuevos plenos, al margen del relativo al sorteo para designar a los miembros de las mesas electorales.
Al margen de la incógnita de la incorporación de los nuevos ediles, el PP también debe decidir cómo repartir las delegaciones que Jiménez dejará de desempeñar a partir del día 27, una vez repartidas las áreas que coordinaba Llopis entre Toño Peral (Acción Social) y Mari Carmen de España (Educación y Sanidad). Por el momento, no habría nada decidido al respecto. Ni tan solo se ha planteado la hipótesis -poco probable- de que se vaya a ceder Fiestas al edil de Infraestructuras, José Ramón González, toda vez que fue quien asumió esa delegación en el último año del pasado mandato y es, como Jiménez, buen conocedor del mundo de las Hogueras y de los representantes de las comisiones, además de un asiduo de todos sus actos.
Respecto a Participación Ciudadana, Partidas Rurales y Ocupación de Vía Pública tampoco hay nada decidido, aunque al menos respecto esta última delegación podría tener lógica que quedase en manos de la edil de Hacienda, Comercio y Hostelería, Lidia López.