ALICANTE. Nuevos informes sobre el desarrollo de las oposiciones a Policía Local de Alicante bajo sospecha en el denominado caso enchufes. En este caso, se trata de los informes emitidos por los dos miembros del tribunal elegidos por designación de la Agencia de Seguridad y Emergencias (S+EM) -organismo del que depende el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe)-, en los que se daría por descartada la existencia del presunto nepotismo revelado por fuentes reservadas a través de una denuncia pública.
En dichos informes, elaborados por José Berbegal y Miguel Ángel Palacios a petición de la propia Agencia, se resuelve que "no se ha producido ninguna irregularidad" en la convocatoria del turno libre, según han indicado fuentes municipales a través de un comunicado, y ha podido certificar este diario. En el comunicado se apunta que "la Concejalía de Recursos Humanos ha recibido este martes los informes que acreditan la ausencia de incidencias que motivaron la creación de una comisión municipal de seguimiento de dicho proceso selectivo. Este organismo, dependiente de la Generalitat Valenciana, no ha encontrado indicios de que se haya cometido alguna incidencia o anomalía en el proceso", añade el comunicado, aunque en realidad los informes no los emite la Agencia de Seguridad ni el Ivaspe, sino los dos componentes del tribunal.
Lo cierto es que en los informes (cuatro en total, dos por cada miembro del tribunal, correspondientes al proceso del turno libre y al proceso del turno de movilidad) se sustancian las mismas conclusiones. Básicamente, que "todo el proceso se ha realizado conforme a las bases de la convocatoria, según consta en las actas al respecto. Todas las pruebas, a excepción de la previa, primera y séptima, se realizaron y corrigieron guardando el anonimato del aspirante con un código aleatorio que se entregó al comienzo de cada uno de los ejercicios identificando el autor con posterioridad a su corrección", según concretan los informes y subraya el comunicado municipal.
Además, en esos informes se añade también que "previamente al inicio de cada prueba, se explicó a los partícipes el modo de realizarla, los criterios que se seguirían para su evaluación y se resolvieron en ese mismo momento las dudas que se plantearon. En ningún momento del proceso, ninguno de los opositores realizó reparo alguno sobre el modo de realizarla, su corrección, ni ninguna otra observación ni sospecha de incidencia o anomalía del proceso".
En esta línea, también se reseña otra de las conclusiones compartidas en la mayoría de esos cuatro dictámenes en los que se apunta que "tras la realización de cada prueba, se concedió un plazo para que los participantes pudieran examinar personalmente su ejercicio, realizar las alegaciones que consideraran oportunas sin perjuicio de los recursos que corresponden para aquellos que no estuvieran conformes con su resultado". Al respecto, solo Berbegal llega a apuntar, en su informe sobre la convocatoria del turno de movilidad, la existencia de una sentencia que conminaría a volver a valorar la prueba psicotécnica para un aspirante que impugnó los resultados del proceso. En ese informe, Berbegal añade una apostilla preventiva: "Se desconoce si la resolución es firme".
Por otra parte, en otro de los informes emitidos por Berbegal se detalla también que "los ejercicios realizados por los opositores quedaron en custodia de la secretaría del tribunal a excepción de los ejercicios psicotécnicos que quedaron en poder de la asesora psicóloga para su corrección y de la prueba médica que quedó en poder del asesor médico para su valoración".
Así, fuentes del equipo de gobierno han considerado que "los informes de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana vienen a refrendar las afirmaciones realizadas por los miembros del tribunal de las pruebas selectivas en su primera sesión, celebrada el 2 de mayo sin que se pusiera de manifiesto incidencia alguna". Con ello, se refrendaría la tesis defendida por el bipartito sobre la corrección de todo el proceso, frente al contenido de las denuncias anónimas que dieron origen a la constitución de la comisión. En esa primera sesión de trabajo de la comisión se produjo la comparecencia de Palacios, quien ya entonces defendió la corrección del proceso.
Como viene informando este diario, la comisión municipal de seguimiento de las oposiciones de la Policía Local tiene previsto reunirse de nuevo este miércoles en una sesión en la que se ha previsto la comparecencia de cuatro responsables del proceso selectivo: dos miembros del tribunal encargado de tutelar el desarrollo de la convocatoria del turno de consolidación, el responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que ejerció como asesor médico del conjunto de las oposiciones, y el el jefe de la Policía Local, José María Conesa. Los dos últimos ya comparecieron ante la comisión en su última sesión. No obstante, no está prevista la presencia del alcalde, Luis Barcala, ni del concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, pese a la nueva petición formulada por PSOE, Unides Podem EU y Compromís para que facilitasen explicaciones sobre el proceso.
Por otra parte, este martes también ha trascendido la decisión del equipo de gobierno de dejar sin efecto el decreto por el que se ordenaba la repetición de las pruebas del proceso de selección de la parte de las oposiciones que afectan al turno de movilidad. Esa decisión se habría justificado al tener conocimiento de la presentación de un recurso de apelación frente a una de las siete sentencias acumuladas sobre esa parte de la convocatoria.