Los informes del 'caso enchufes': el tribunal niega anomalías y Barcala sí podría anular la oposición

ALICANTE. Superada la primera bronca política por las formas, la comisión de investigación del 'caso enchufes' de Alicante quedó constituida oficialmente este miércoles con dos avances básicos. El primero, la aprobación de su plan de trabajo, en el que se prevé una primera relación de solicitudes de comparecencia (la de los miembros del tribunal) para el próximo 2 de mayo, y en el que se extiende el objeto del análisis al conjunto de la oposición, incluida la parte que concierte al turno de movilidad y la del turno de consolidación. Y el segundo, la entrega de los informes internos recopilados hasta ahora a instancias de la Concejalía de Recursos Humanos y por la propia Alcaldía sobre el proceso de selección bajo sospecha.

Sobre el primero de ellos -el plan de trabajo y las propuestas de comparecencias-, este miércoles ya pudo anticiparse que el alcance de las indagaciones quedará limitado a la predisposición que pueda tener cada uno de los citados para facilitar explicaciones ante los miembros de la comisión. Como ya ha avanzado este diario, está por ver quiénes entre las personas que lleguen a proponerse aceptarán exponerse a las preguntas de los representantes políticos que conforman el órgano de fiscalización, ya que, como concretó su presidenta, la edil de Empleo y portavoz del PP, Mari Carmen de España, nadie está obligado a comparecer ante la comisión. 

A priori, cabría aventurar que no pondrán reparos en responder todos aquellos interesados en explicar cómo se gestionaron las pruebas con la intención de disipar las dudas que han llegado a plantearse a instancias de las denuncias sobre una supuesta manipulación en favor de familiares de mandos policiales, de otros policías, de concejales y expolíticos de PP, PSOE y Vox, de representantes sindicales de UGT y CSIF, y de responsables de empresas que prestan algún tipo de servicio para el Ayuntamiento. 

De ahí que, como mínimo, pueda augurarse la presencia de los cinco miembros que conforman el tribunal que pilotó el proceso: el jefe de la Policía Local, José María Conesa, como presidente; una funcionaria nivel A1 por delegación de la secretaría general del pleno, como secretaria; dos vocales designados por el IVASPE, y un tercer vocal nombrado a propuesta del presidente, en este caso, el jefe de la Policía Local de Xàtiva. De lo contrario, podrían quedar expuestos a que la opinión pública pudiese atribuirles un supuesto interés en que el proceso no se esclareciese.

Por lo pronto, en la primera sesión de la comisión se concertó que se procurarían todas las facilidades posibles para que todos compareciesen, como la posibilidad de que puedan proporcionar explicaciones por vía telemática, en el caso de aquellos citados que pudiesen alegar la imposibilidad de desplazarse hasta Alicante, al tener que atender obligaciones profesionales en sus lugares de residencia. Ahora bien, queda por concretar en qué orden concreto podrían prestar testimonio, pese a que, sobre todo, los representantes de Unides Podem EU y Compromís incidiesen en la necesidad de que se convocase en primer lugar a los vocales designados por el IVASPE y que Conesa fuese el último con la finalidad de poder preguntarle en su condición de presidente del tribunal sobre las explicaciones que pudiesen facilitar los primeros.

Puede inferirse, también, la participación de los representantes políticos que, por su grado de responsabilidad institucional, han podido o pueden tener alguna capacidad de decisión respecto a la convocatoria de la oposición, como el concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, y el alcalde, Luis Barcala. Como mínimo, De España aseguró este miércoles que el equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) no pondría ningún obstáculo, en cumplimiento del compromiso de transparencia adquirido por el primer edil, y que se facilitaría toda la colaboración posible puesto que las dos fuerzas aliadas al frente de la gestión municipal serían los primeros interesados en esclarecer si pudieron producirse las irregularidades aludidas por denunciantes de identidad reservada. 

No obstante, no estaría garantizada la asistencia de otros posibles comparecientes, como los 20 primeros aspirantes que obtuvieron las mejores puntuaciones en el proceso que Unides Podem EU ya ha planteado que puedan ser citados a comparecer con la intención de que ofrezcan su perspectiva sobre el desarrollo de las pruebas. Es más, la práctica de esa diligencia debería pasar, primero, por el filtro de legalidad del secretario de la comisión, según el plan de trabajo de la comisión aprobado por unanimidad este miércoles.

Sobre el segundo punto -los informes internos elaborados hasta ahora-, lo cierto es que solo dos de ellos resultan especialmente relevantes: el emitido por Conesa como presidente del tribunal, a petición de la Concejalía de Recursos Humanos, y el elaborado por la secretaría general del pleno para informar sobre posibilidades de acordar la suspensión cautelar o la anulación de las oposiciones, a petición de Alcaldía.

El informe del presidente del tribunal es una reproducción cronológica de cómo se desarrollaron las pruebas. Su contenido ya es, en parte, conocido puesto que fue filtrado a los medios de comunicación, bien por parte de su propio autor, o bien desde los departamentos municipales que lo han tenido bajo custodia hasta que ha sido remitido a la Agencia Valenciana de Emergencias y facilitado a los grupos de la oposición. En síntesis, en ese informe se descarta la existencia de irregularidades en la oposición y se niega la posibilidad de favorecer a unos aspirantes concretos en tanto que se subraya que la corrección de las cuatro pruebas escritas (el examen psicotécnico, el test cultural sobre aspectos relacionados con la Policía Local, el supuesto práctico y la prueba de conocimiento de valenciano) se efectuó sin tener constancia de los nombres de los candidatos. "Los ejercicios se corrigieron de forma anónima asignando un número aleatorio a cada aspirante que era la única referencia que tenía el tribunal durante su corrección, procediendo después a la identificación de cada número", se apunta.

Conesa subraya en su exposición que el tribunal corrigió los exámenes de manera anónima, sin conocer la identidad de los aspirantes, y asegura que cada ejercicio escrito se imprimía y quedaba custodiado por la secretaria en un sobre precintado

Además, se añade que el contenido de los exámenes no pudo haberse filtrado antes de la realización de las pruebas en la medida en que "tras la elaboración de cada uno de los ejercicios, éstos quedaban bajo la custodia de la secretaria del tribunal, quien abría antes del examen los sobres precintados en el servicio de reprografía de este ayuntamiento", añade el informe. Respecto a su impresión, se señala que se realizó en dicho servicio de reprografía "dos días antes del examen" en presencia de la secretaria y del presidente del tribunal. Es decir, que -según esa versión- nadie pudo tener acceso a los exámenes, ya que, una vez impresos, quedaban bajo custodia de la secretaria, precintados en el interior de un sobre. Otra cosa es que alguien pudiese haber filtrado antes todas o parte de las preguntas o del contenido de esas pruebas: una posibilidad a la que no se alude en el informe. 

Al respecto, sí se precisa cómo se confeccionó cada una de esas pruebas por escrito. La primera, la prueba psicotécnica, la realizó la asesora nombrada de manera específica para su realización y contó con 281 aspirantes aprobados de los 540 que se presentaron entre los 1.529 inscritos de manera inicial. El examen de conocimientos sobre la Policía Local contó con 15 preguntas a propuesta del presidente del tribunal (Conesa), otras 15 presentadas por el jefe de la Policía Local de Xàtiva, 10 más por la secretaria y las 10 restantes entre los dos vocales designados por el IVASPE y contó con 159 aspirantes entre los 267 candidatos presentados. El supuesto práctico se confeccionó a partir de tres casos planteados por el conjunto del tribunal, sobre el que cada aspirante debía elegir solo uno para su resolución. En ese caso, fueron 147 opositores los declarados aptos entre los 157 presentados. Y, por último, en la prueba de valenciano se propuso la traducción de dos textos normativos relacionados con la Policía Local extraídos del DOGV, entre los que un aspirante extrajo uno al azar que debían responder el conjunto de los opositores.

Al margen de ello, el informe del presidente también recalca que "durante el proceso selectivo ningún aspirante comunicó a este tribunal ningún tipo de anomalía ni filtración, ni antes ni después de la realización de los ejercicios" y que "en todo momento se contestaron las alegaciones y recursos presentados (con el retraso debido a la tramitación de los mismos desde Registro General) intentando que el proceso selectivo fuera garantista y transparente en todo momento".

Por lo que respecta al informe de secretaría general sobre las posibilidades de suspender o anular la convocatoria de las oposiciones, pueden extraerse dos conclusiones básicas. La primera, que sí existiría la posibilidad de acordar esa paralización cautelar o, incluso, la anulación del procedimiento, aunque para ello debería ponderarse que existe causa justificada que pueda motivar una u otra decisión. En este caso, aunque no se cita de manera expresa, se entiende que esa causa justificada debería ser el hallazgo de anomalías confirmadas (y, por tanto, no basadas en denuncias anónimas sobre las que no consta que se haya aportado pruebas concluyentes). 

En esta línea, sí se alude a que existiría la capacidad de adoptar esa resolución "en el supuesto de encontrarse causas graves que atenten al interés general o los intereses de los particulares". No obstante, el dictamen jurídico también añade que, antes de acordar una posible suspensión o anulación, también se debe garantizar que tal decisión no genere un perjuicio irreversible a terceros o al interés general. Y al respecto, se subraya que una posible suspensión (y por extensión, también la anulación) "paralizaría un proceso selectivo de funcionarios, y de esta manera, quedaría afectado el servicio público a cuya atención están destinadas las plazas que son objeto de la convocatoria".

El dictamen jurídico señala que la suspensión cautelar de las oposiciones solo podría acordarla el presidente del tribunal, y su anulación, el pleno o la Junta de Gobierno, siempre que existiese causa grave que justificase cualquiera de esas dos resoluciones

Y la segunda conclusión relevante afecta al órgano que tendría la potestad de adoptar esas posibles decisiones. En este sentido, el dictamen señala que solo el presidente del tribunal podría adoptar la decisión de suspender de forma cautelar el procedimiento, una vez consultados al resto de los vocales del tribunal, lo que subrayaría la autonomía de dicho órgano. Sin embargo, el dictamen añade que sería el pleno de la corporación, o en su defecto la Junta de Gobierno Local en la que están representados únicamente las formaciones que forman parte del equipo de gobierno (PP y Cs), quien podría acordar la anulación de las oposiciones, en el supuesto de que se motivase la existencia de esa "lesividad" sobre el interés general o de particulares en el desarrollo del proceso. Es decir, que esa capacidad si estaría en manos del bipartito.

Por lo que respecta a los dos informes restantes, solo aportarían la constatación de dos procedimientos concretos. El elaborado por la vicesecretaría general del pleno se limita a autorizar la remisión del expediente completo de las oposiciones a la Agencia Valenciana de Emergencias (un trámite que ya se ha cumplimentado), siempre que se garantice la protección de datos personales recogida en esa documentación. Y en el informe elaborado por la jefatura del departamento de Recursos Humanos viene a subrayarse la autonomía del tribunal conferida por la normativa al respecto, cuál es su composición, designada vía decreto por el edil del área, y que se trata de un órgano colegiado en el que ningún miembro tiene autoridad sobre el resto. Por lo demás, solo añade que, hasta la fecha de emisión del informe, no se había registrado ninguna recusación contra ningún miembro del tribunal "ni reclamación alguna contra la resolución del proceso selectivo".