Llega la primera sentencia en contra para Benidorm por los despidos en Park Control 

BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha recibido una ingrata notificación, ha sido condenado con carácter solidario por uno de los despidos que se efectuaron con la antigua concesionaria de la ORA, Park Control 2000. Una denuncia que se anunció junto a otras 20, y que según explicó la portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, es la primera sentencia de estas 21 que llega al Consistorio.

De este modo, el Juzgado de lo Social número 1 de Benidorm ha determinado que abonen de manera solidaria el Ayuntamiento y la mercantil la cantidad de 7.028 euros, a los que habrá que sumar otros 1.288 euros en concepto de demora. Una cantidad que va a pagar por completo el Consistorio según los informes a los que ha tenido acceso Alicante Plaza. 

En una sentencia posterior, el Ayuntamiento también tuvo que hacer frente al pago de algo más de 10.000 euros tras manifestar en el documento judicial que la empresa reconocía insolvencia provisional. Es más, en procedimientos anteriores, los jueces no han logrado dar con el paradero de la mercantil. Al ser de carácter solidario, lo puede afrontar solo una parte condenada.

Park Control se encargaba desde 2007 hasta el 2015 de la zona azul de Benidorm, cuando el PSOE consiguió el apoyo de Liberales para quitarle la concesión porque entendían que estaban incumpliendo las condiciones del contrato. Esto terminó por hundir a Park Control.

Los últimos coletazos de la mercantil en Benidorm terminó con numerosos empleados manifestándose en contra de la gestión de su empresa, que no les pagaba las nóminas.

A la mercantil no se le conoce trabajo reciente, pero hay que destacar la importante labor que tuvo en la ciudad de los rascacielos, eso sí, en lo político. Llegó incluso a ser objeto de demanda contra el ex alcalde socialista, Agustín Navarro y, el que fuera concejal de Movilidad, José Bañuls, por un supuesto delito de prevaricación continuada debido a la resolución del contrato de la zona azul y la grúa en 2010. La querella la presentó el PP.

Esto se entendió como consecuencia directa de la moción de censura a los populares, cuyo tránsfuga fue Bañuls, y aupó a la alcaldía a Navarro. Finalmente, la causa quedó archivada.