ALICANTE. El dictamen del Consejo de Estado sobre el plan de cuenca de Tajo, que supone una merma de recursos para el trasvase hasta el Segura, tampoco ha cambiado mucho la hoja de ruta de la Generalitat. Sabían que la decisión que iba a tomar este organismo no era vinculante y que la posición de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en este cambo es inamovible., pese al cambio del documento del Consejo Nacional del Agua. Por esto, al Gobierno valenciano no le queda que mantener la lucha contra la fijación de caudales ecológicos sobre el Tajo, que es lo que recorta el trasvase, y lo va a hacer a través de vías: que la Abogacía de la Generalitat estudie si se presenta recurso contra la decisión que adopte del Consejo de Ministros; negociar hasta esa decisión, que previsiblemente sea el próximo martes, para volver a la posición inicial, y, al mismo tiempo, agilizar la llegada de las inversiones que el Plan de Cuenca del Tajo contempla para la Comunitat Valenciana.
Esos van a ser los tres ejes de la hora de ruta de la Generalitat, con el objetivo, como ha reiterado Ximo Puig en diversas ocasiones, de buscar un acuerdo y evitar, en la medida de las posibilidades, el conflicto judicial. Ahora, la primera decisión estará en manos de la Abogacía de la Generalitat debería estudiar si las alegaciones presentadas en su día ante el Consejo de Estado tienen base legal para presentar un recurso ante la decisión del Consejo de Ministros, que debe ratificar todos los planes hidrológicos avalados.
Mientras no exista decisión del Consejo de Ministros -puede ser este próximo martes o en otra fecha-, la Generalitat tiene margen para la negociación política. Aunque Puig huye del conflicto contra el Gobierno de su mismo signo político, no son pocos los que le han trasladado que debe plantarse ante Pedro Sánchez y hacerle valer de la importancia que tiene el trasvase para la agricultura del sur de la Comunitat y del impacto que puede tener la decisión de mantener el recorte en una provincia en la que la el Gobierno valenciano ha hecho muchos esfuerzos, sobre todo, a raíz de la Dana que causó muchos desperfectos en la comarca de la Vega Baja.
Por tanto, la determinación política está en el tejado de Puig: tiene el respaldo de su gobierno, de los sindicatos agrarios, de colectivos de regantes y de la mayoría de los partidos del espectro político de la Comunitat. Es decir, en esta tesitura, le corresponde al president forzar la negociación para evitar la consumación del aprobación de los planes hidrológicos y en concreto, el del Tajo. En el Consell ven con Ribera no hay opción (siempre ganan las tesis ecologistas); la última alternativa es que medie Pedro Sánchez con el contexto electoral de por medio. Y el tiempo apremia porque el Botànic querría ese asunto zanjado (o fuera de la agenda) cuanto antes. Puig también ha defendido que el conflicto tampoco interesa a Castilla-La Mancha. En un principio, parece muy difícil que un juzgado pudiera suspender cautelarmente la aplicación del Plan de Cuenca del Tajo, pero a la larga sí que podría recoger la petición del Consell de que esos caudales ecológicos que ahora se aplicarán en el Tajo sean revisables hasta 2026, como solicita la Generalitat, algo que desmontaría las pretensiones del Gobierno del socialista García-Page.
Y por último, están las inversiones que deben venir a la Comunitat Valenciana -también a Murcia y Almería- y que están contempladas en el Plan de Cuenca. Ese siempre ha sido uno de los argumentos de la ministra Ribera para defender su iniciativa: dotar a esos territorios de alternativas hídricas ante los efectos de cambio climático que pudieran recortar, todavía más, el trasvase. Ribera siempre pone el ejemplo de la etapa de García-Tejerina, que la falta de lluvias cortó durante 11 meses los envíos de agua. Por ello, la ministra siempre ha justificado que existan caudales alternativos -con la desalación o la mejora de la reutilización- mientras que el agua trasvasada siempre dependerá de cumplir con los caudales ecológicos fijados ahora en Aranjuez y el almacenamiento que tengan los embalses de Entrepeñas y Buendía.
En cuanto a las inversiones contempladas, a la provincia de Alicante le corresponden 540 millones, que se dividen en tres proyectos. El primero, el proyecto del Vertido Cero, que propone dotar a las depuradoras de la comarca de L'Alacantí de mecamismos para que el agua que depuran puedan destinarse al riesgo, y evitar que vaya al mar como sucede ahora. Estas inversiones, por valor de 100 millones, permitirían ganar 30 hectómetros cúbicos.
El segundo es el plan contra inundaciones aprobado esta semana para la cuenca de Segura, que prevé obras en infraestructuras por algo más de 343 millones de euros. Se trata de obras para la mejora del encauzamiento de los caudales que del Segura y de esta manera evitar las inundaciones en episodios de Dana, como ha sucedido en los últimos años. Dentro de esta fase se incluyen los corredores verdes en la comarca de la Vega Baja, en el tramo cercano a la desembocadura, que permitan zonas de acumulación de agua cuando el río llevan más caudal de su capacidad, como sucedió en la DANA de 2019.
Y por último, está la inversión que prevé Acuamed para dotar de plantas fotovoltaicas a las desaladoras, en especial, a la de Torrevieja, para que rebajar el coste del agua desalada, además de aumentar su capacidad. Mientras, el objetivo es que el Gobierno siga subvencionado el precio del metro cúbico como ha hecho hasta ahora.
Todas estos proyectos están contemplados para comenzar a tramitarse entre 2023 y 2024 y que comiencen a ejecutarse a partir de 2024 y 2025. Y lo que pretende el Consell es agilizar esos plazos para, sin descartar que el trasvase sigue enviando agua, disponer de alternativas hídricas fiables y a buen precio para sus usuarios finales. En su día, el director general del Agua, Teodoro Estrela, cifró en 300 millones la inversión total para consumar las vías alternativas a los recortes del trasvase.
Y en esas está (o debe estar) el Gobierno valenciano: intentar que el recorte del trasvase tenga el impacto menor posible , por un lado,y acelerar las inversiones, por otro. Y con la vía judicial siempre activa por si falla la negociación. Y mientras, la oposición azuzando y focalizando la debilidad de Puig ante la Moncloa.
Asaja muestra su "tajante disconformidad" ante el aval del Consejo de Estado a reducir el Tajo-Segura
