Los representantes del equipo de Gobierno y de la oposición en una de las sesiones iniciales de la comisión de fiscalización.ALICANTE. El cierre de la comisión de fiscalización sobre la limpieza de colegios de Alicante va camino de provocar una de las primeras alianzas entre los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición. PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox han pactado un dictamen de conclusiones conjunto que, salvo giro inesperado, quedará aprobado por mayoría al obtener el respaldo de 15 concejales frente a los 14 que conforman el equipo de Gobierno (PP y Cs). Como mínimo, no parece que los ediles del bipartito puedan compartir el contenido de ese dictamen puesto que dibuja una situación opuesta a la que las dos formaciones han mantenido hasta ahora.
Los dos socios al frente de la gestión municipal defendieron en julio que la empresa que asumió la concesión en 2018 (UTE Limpal, compuesta por Clece y Fissa) ha prestado el servicio sin incumplimientos graves. Aunque el bipartito sí admitía entonces la posible existencia de carencias en determinados momentos, su propuesta añadía que esas faltas se subsanaron en cuanto se requirió a la empresa para que lo hiciese. Además, PP y Cs descartaron posibles responsabilidades políticas en la supervisión del contrato y pusieron el foco en las deficiencias advertidas en el pliego de condiciones a la hora de poder evaluar la prestación y, llegado el caso, establecer posibles sanciones. Además, en su documento, las dos fuerzas descartaban la alternativa de penalizar a la UTE en tanto que los técnicos municipales han venido ratificando los pagos por la prestación del servicio todos los meses sin plantear la aplicación de minoraciones por posibles incumplimientos.
Ahora, los cuatro grupos opositores -que ya habían manifestado una opinión contraria a la ofrecida por el bipartito- se unen para sintetizar una perspectiva común completamente distinta: que sí se han apreciado incumplimientos graves "que no deben quedar impunes" por lo que reclaman que se cuantifiquen para poder aplicar reducciones en los pagos pendientes de las últimas certificaciones mensuales que todavía no se hayan liquidado, en el caso de que no resulte viable poderlas detraer sobre la garantía definitiva (con un plazo de vigencia ya vencido, según los informes técnicos).
Es más, el documento, que será sometido a análisis en la última sesión de la comisión este próximo viernes, día 4, llega a plantear incluso la posibilidad de que se cuantifique esos incumplimientos en horas concretas con el objetivo de que UTE Limpal las preste ahora de manera gratuita durante el inicio de este curso escolar "para garantizar la salud de los escolares y del profesorado" como parte del dispositivo de prevención de contagios por coronavirus. Según la oposición, se trataría de una opción viable en el medida en que UTE Limpal seguirá asumiendo la prestación del servicio de manera temporal al menos durante los dos próximos meses o el tiempo en el que se resuelva la nueva licitación convocada este mes. Como informó este diario, el concurso parte con un presupuesto de 38 millones por cuatro años de duración (con opción a una prórroga de un año adicional) y ya ha suscitado las primeras críticas de PSPV, Unides Podem y Compromís por no incluir mejoras adicionales que permitan perfeccionar el control del cumplimiento de la prestación, entre otros puntos.
Además, el documento de conclusiones consensuado por las tres fuerzas del eje progresista y Vox concreta otras nueve apreciaciones que confirmarían la existencia de incumplimientos, además de las supuestas dificultades que se habrían puesto de manifiesto para poder fiscalizar la prestación. La primera, la demora en la constitución de la propia comisión de fiscalización, aprobada en septiembre de 2019 pero convocada en enero de este año. La segunda, la entrega de documentación parcial y con retraso. La tercera, la existencia de pruebas sobre el incumplimiento en el número de horas de prestación. La quinta, la documentación que demostraría que la empresa no atendió a los requerimientos de los funcionarios a cargo del contrato. La sexta, las denuncias de falta de servicio expuestas por los centros escolares, por los trabajadores y en la documentación facilitada por la UTE.
La séptima, que todos los trabajadores que han denunciado incumplimientos, han sido relevados de sus funciones. La octava, que no se ha exigido la implantación del control presencial de los trabajadores en los dos años de duración del contrato. Y la novena, que pese a las ocho conclusiones anteriores, el contrato se extinguió en febrero sin que se hayan planteado penalizaciones.
Los representantes de las cuatro formaciones valoraron este lunes el acuerdo alcanzado sobre ese dictamen de conclusiones conjunto. En primer término, el portavoz socialista Paco Sanguino, señaló que fue su grupo quien planteó en pleno la constitución de esta comisión de investigación y remarcó que "las conclusiones demuestran el absoluto descontrol de esta contrata por la que estamos pagando para los próximos años 40 millones de euros".
Entre las conclusiones, destacó que "la propia empresa aporta una documentación en la que se reconoce que no se cumplía con el pliego. Se confirma que había empleados que trabajaban al mismo tiempo en dos estancias diferentes, no se ha garantizado el control de horas, no se ha tenido el mínimo interés en hacer cumplir a la adjudicataria con el contrato, no se ha sancionado dichos incumplimientos y se ha demostrado el desinterés de Barcala para hacer que se cumpla este contrato".
El portavoz de Unides Podem, Xavier López, incidió en que "existe unanimidad en la oposición en que la gestión de la contrata de limpieza de colegios ha sido muy deficiente" y expresó su preocupación sobre que sea la misma UTE "ya sin contrato en vigor" la que siga asumiendo el servicio "en tiempos de covid" y además consideró que las condiciones del nuevo concurso convocado por el bipartito "empeora al anterior y no contempla medidas específicas para el contexto de la pandemia". Así, instó al equipo de Gobierno "a ponerse a trabajar para paliar esa situación".
Su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, apuntó que "en estas conclusiones, que esperamos que puedan ser asumidas por el conjunto de la Comisión, se pone de relieve la gran cantidad de incumplimientos al pliego de condiciones del contrato y las reiteradas denuncias a la ejecución del del contrato que se han producido en estos dos años, sin que esto haya significado por parte del órgano de control, la Concejalía de Infraestructuras, ninguna sanción o medida punitiva ni en el transcurso, ni en la finalización del contrato".
"De hecho, como ha denunciado Compromís en otras ocasiones, no se puede entender que la falta de un dispositivo de control del personal, que era una obligación contractual básica para poder fiscalizar una contrata donde más del 80% de su valor son los costes de personal, no se haya puesto en marcha por parte de la UTE que gestionaba el contrato. Es incomprensible que esto no haya concluido, a pesar de los intentos de algunos técnicos municipales, en algún expediente sancionador por parte de la Junta de Gobierno municipal. Por eso entendemos que, coincidiendo con los gobiernos del PP, -primero en solitario y después en el Bipartito-, no se ha realizado un correcto control y fiscalización de la contrata", añadió.
Además, insistió en "la máxima preocupación, ahora que llega un inicio de curso escolar que requiere medidas excepcionales a causa de la covid 19, de tener un servicio sin contrato, prestándose por una UTE que no quería saber nada de prorrogar su labor y sin tener noticias de un plan de refuerzo y adaptación de la limpieza de colegios y dependencias municipales a las exigencias sanitarias y de desinfección que supone la pandemia".
Por último, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, apuntó que compartía el decálogo de conclusiones "puesto que hemos podido comprobar en los trabajos de la comisión que la contrata no se prestó de forma debida" y volvió a subrayar la existencia de "un incumplimiento básico como la inexistencia de un sistema de control horario de los trabajadores que se había exigido en el propio pliego de condiciones".
