Ayuntamiento de Benissa. BENISSA. La comisión de investigación de Benissa que está analizando todo el proceso relacionado con el caso Inmo Hold llevará toda la documentación que ha ido reuniendo en estos meses a la Fiscalía. La intención de este organismo es que se investigue en sede judicial el caso, dado que tras meses de trabajo, declaraciones y aportación de informes intuyen que ha habido irregularidades.
Así lo ha explicado Juan Carlos Mut, concejal de Reiniciem Benissa y presidente de la comisión de investigación. Benissa está obligada a pagar a los propietarios de varias parcelas, que suman más de 16.000 metros, hasta 1,9 millones, cifra que puede llegar a los 2,4 teniendo en cuenta las costas del procesos y otros gastos.
Esta cantidad es la fijada por Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, en un fallo emitido el pasado año y que dicta que la cifra que hay que abonar a los dueños de los terrenos tras varios años de disputas judiciales.
Los orígenes de este caso están la calificación de terrenos como zona verde por el Plan General de Ordenación Urbana de Benissa (PGOU) de 1982, ratificada en otras cartas urbanísticas posteriores. En estos casos, los propietarios de terrenos que pasan a ser zonas verdes pueden obtener otras parcelas por parte del Ayuntamiento o cobrar por estas parcelas.
En principio se llegó a un acuerdo con los dueños, pero más tarde “en 2009 solicitaron cobrar por sus terrenos en lugar de obtener otros”, como ha explicado el alcalde de Benissa y responsable de Urbanismo, Arturo Poquet. El primer edil ha defendido que el Ayuntamiento acata el fallo del TSJ, que afirma que “no es una sentencia”.
La cantidad final será de unos 2,4 millones, aunque Poquet ha remarcado que no habrá pago alguno hasta que no llegue una ejecución de sentencia.
Por otro lado, Mut ha explicado que por la comisión están pasando tanto los servicios jurídicos del consistorio, como técnicos y abogados que han llevado el caso: “Todos sus testimonios los tenemos en cuenta y los remitiremos a Fiscalía, al igual que la documentación que solicitamos al Ayuntamiento y que nos va llegando a cuenta gotas”.
El edil ha explicado que en las sesiones que han celebrado hay “lagunas” que no se llegan a aclarar, motivo por el cual ya está tomada la decisión de llevarlos informes a Fiscalía. “No está claro por qué se cambió de abogado en el proceso o porqué tras el fallo del TSJ no se informó para que se pudiera recurrir en una instancia superior”.
De la misma forma ha explicado que hay aspectos de todo el proceso que no se llegan a entender, como el hecho de que haya que pagar a “precio de suelo urbano”.
