La portavoz municipal del PSOE en Alicante, Ana Barceló, junto a la portavoz adjunta, Trini Amorós, al registrar la denuncia en Fiscalía.ALICANTE. El Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante asume la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción y abre diligencias de investigación sobre un presunto delito de prevaricación administrativa que se atribuirían a varios miembros del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), y a otros regidores del anterior bipartito compuesto por PP y Ciudadanos (Cs), en relación al acuerdo de cesión de las dependencias municipales del antiguo parque de bomberos de la calle Italia, frente a la plaza de Séneca, a la empresa mixta Aguas de Alicante para que habilite un centro dedicado a la investigación del ciclo integral del Agua, bajo la denominación de Centro de Inteligencia del Agua (CIA).
Esa cesión se habría canalizado a través de la Agencia Local de Desarrollo en el marco de uno de los proyectos incluidos en la estrategia municipal Alicante Futura, enfocado en la diversificación del modelo económico de la ciudad y en la apuesta por la digitalización y las nuevas tecnologías, en el que se incluye la instalación del llamado Gimnasio de las ideas en las plantas superiores del inmueble.
En concreto, el juzgado acaba de girar la primera citación para que preste declaración la portavoz del grupo municipal del PSOE, Ana Barceló, en calidad de testigo, al tratarse de una de las responsables públicas que dio traslado a la Fiscalía de las presuntas anomalías en ese acuerdo de cesión con el fin de que dilucidase si eran constitutivas de delito. Barceló deberá comparecer en sede judicial el próximo 25 de noviembre y no se descarta que también se hayan producido otras citaciones entre los concejales señalados en la denuncia.
En el escrito de manifestaciones presentado en Fiscalía, el PSOE argumentaba que el equipo de gobierno había acordado el traspaso del uso de parte de las dependencias de ese edificio público a Aguas de Alicante con el fin de que pudiese habilitar las oficinas del CIA, a pesar de que el solar en el que se encuadra el inmueble está calificado como de uso educativo docente, lo que conlleva que debe destinarse a la construcción de un colegio o de un instituto.
Además, señalaba que existía un informe interno emitido por parte de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, en el que se advertía de que no podía concederse la licencia solicitada por Aguas de Alicante para llevar a cabo la reforma de la planta baja del inmueble al plantearse una actuación con un uso distinto al que quedaba amparado entre los usos previstos para la parcela en cuestión. De ahí que, según el PSOE, el equipo de gobierno optase por acordar primero la adscripción del edificio a la Agencia Local de Desarrollo y que, después, se aprobase su cesión a la empresa mixta.
La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias previas de investigación y presentó denuncia en los juzgados al apreciar supuestas anomalías indiciarias de un supuesto delito de prevaricación administrativa y de prevaricación urbanística, a partir del análisis de la documentación recogida en el expediente, al que dio lugar la presentación del escrito de manifestación de hechos presentado por el grupo municipal del PSOE el pasado octubre.
Entre los denunciados, figuran los representantes del actual equipo de gobierno que forman parte de la Junta Local, entre los que se incluye el mismo alcalde, Luis Barcala, además de los ediles de Empleo, Mari Carmen de España; de Hacienda, Toni Gallego; de Infraestructuras, Cristina García; de Turismo, Ana Poquet; de Comercio, Lidia López; de Seguridad, Julio Calero; de Presidencia, Toño Peral, y de Limpieza y Medio Ambiente, Manuel Villar. Pero, además, la denuncia también se dirige frente a los concejales que formaban parte de la Junta Local durante el pasado mandato, como Adrián Santos Pérez, José Luis Berenguer, Julia Llopis o José Ramón González, que ya no ejercen ninguna responsabilidad pública, salvo en el caso de Llopis, ahora diputada autonómica en les Corts por las filas de Vox. Por último, la denuncia también se extiende a varios técnicos municipales.
Hasta el momento, el equipo de gobierno ha descartado toda posible irregularidad en el procedimiento seguido al sostener que la cesión se ajusta a las posibilidades que contempla el PGOU, siempre que se promueva la modificación de planeamiento posterior para regular los nuevos usos de la parcela. Por lo pronto, ya se habría promovido esa adaptación a través de un acuerdo por el que se plantea la descalificación de su uso docente, así como la de otras tres parcelas que también tenían esa misma consideración.
