La fachada del Ayuntamiento de Alicante, en imagen de archivo.ALICANTE. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Alicante respalda la gestión del Ayuntamiento de Alicante en la implantación y desarrollo de la mejora retributiva y el sistema de promoción de la llamada carrera profesional para la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios municipales. En una sentencia fechada el 28 de julio, a la que tuvo acceso este diario, la titular del juzgado desestima el recurso interpuesto por la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (Fesep) contra el Reglamento de Evaluación del Desempeño y Rendimiento y Carrera Profesional Horizontal del Personal del Ayuntamiento de Alicante aprobado en pleno el 30 de junio de 2022, al tiempo que reconoce que la implantación de esta nueva figura en el consistorio alicantino cuenta con la colaboración de los sindicatos.
Fuentes municipales han concretado, a través de un comunicado, que la resolución considera que el Ayuntamiento de Alicante "vela por el derecho de sus funcionarios a la progresión en la carrera profesional y la promoción interna a través del citado Reglamento, que fue impugnado en sede judicial por la Fesep el 29 de septiembre de 2022". En este sentido, la sentencia apunta que el Real Decreto 5/2015 "encomienda a las diferentes administraciones publicas la obligación de desarrollar reglamentariamente este derecho subjetivo reconocido a los funcionarios, y es precisamente esto lo que el Ayuntamiento de Alicante ha efectuado mediante el Reglamento que hoy es objeto de impugnación".
"Además", sostiene el fallo del juzgado, "en desarrollo del Reglamento se ha constituido una comisión técnica de desarrollo de la carrera profesional –de la que forman parte los sindicatos, entre ellos el actor-, en el que se han ido perfilando los diferentes parámetros para poder hacer efectivo este derecho, tales como el encuadramiento, elementos para determinar el rendimiento, criterios para valorar la formación… etc, en este proceso de desarrollo".
La sentencia, que condena en costas al sindicato recurrente, añade que "no se advierte –como denuncia la parte actora-, una inactividad u obstaculización del procedimiento por parte del Ayuntamiento de Alicante, sino que, más bien al contrario, a través de la Comisión Técnica constituida especialmente para el desarrollo de la carrera profesional, se están siguiendo todos los pasos y actuaciones necesarias para perfilar y desarrollar esta nueva figura, compleja y novedosa en la función pública, que requiere de una minuciosa labor de desarrollo y concreción, proceso en el que además, se está contando con la colaboración de los sindicatos".
El fallo del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 agrega que no se alega en demanda –ni tampoco en el acto de la vista-, cuál es el precepto legal o procedimental que infringe el Reglamento activado por el Ayuntamiento de Alicante para la implantación de la carrera profesional, "ni se ha acreditado la existencia de inactividad o actuación unilateral por parte de la Administración, constando además la existencia de consignación presupuestaria para el abono de la carrera profesional, una vez la misma haya quedado convenientemente definida".
Asimismo, la sentencia -que es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en el plazo de 15 días- refleja que el reglamento aprobado no es "inaplicable" o "inejecutable", en contra de lo que indican los recurrentes, "sino que está siendo debidamente desarrollado y concretado mediante los trabajos que viene realizando la Comisión Técnica de Desarrollo de la Carrera Profesional" en el Ayuntamiento de Alicante.
Dicha comisión permaneció activa, al menos, hasta que se extinguió el pasado mandato 2019-2023 con la celebración de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, cuando permanecía a la espera de que se presentase una propuesta alternativa por parte de los sindicatos para la previsión de los nuevos importes retributivos para el sistema de ascensos, después de que se rechazase el planteamiento formulado por la Concejalía de Recursos Humanos que hasta ese momento coordinaba el ya exconcejal del PP José Ramón González. Entonces, los representantes sindicales consideraron que ese planteamiento era insuficiente en la medida en que planteaba que cada uno de los cerca de 2.000 funcionarios percibiese un incremento retributivo de 144,43 euros brutos (en el supuesto de que el reparto fuese lineal) al cabo de ocho años.
La implantación de la carrera profesional fue un compromiso electoral asumido por el actual alcalde, Luis Barcala, durante la campaña de las municipales de 2019. Desde entonces, se han activado los trabajos para su implantación sin que haya llegado a tener aplicación real. Al tiempo, la primera provisión de una partida específica para su desarrollo, de 205.000 euros, incorporada en los presupuestos de 2022 sigue pendiente de la resolución del recurso interpuesto entonces por la Subdelegación del Gobierno al considerar que esa consignación contravenía las limitaciones retributivas acordadas para los empleados públicos a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
