La fachada principal del edificio histórico del Ayuntamiento de Alicante. ALICANTE. El informe de control interno sobre el balance económico de 2023 del Ayuntamiento de Alicante, elaborado por el departamento de Intervención municipal en cumplimiento del artículo 37 del Real Decreto 424/2017, da un tirón de orejas a lo que considera falta de planificación del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), tanto en lo que respecta al impulso de los expedientes de contratación como en la programación de inversiones, lo que, según el dictamen, incidiría en su bajo nivel de ejecución. Y, además, vuelve a reprochar -como ya ha quedado reflejado en informes precedentes- que se continúe sin disponer de un plan de subvenciones anual o que se abuse de los procedimientos de urgencia cuando ese sistema debería ser una herramienta de uso "excepcional".
En concreto, ese dictamen fechado el 26 de abril, del que se dará cuenta al pleno ordinario correspondiente al mes de mayo, este jueves, señala, en primer lugar, que el "Ayuntamiento de Alicante no ha realizado la separación de las funciones de contabilidad y la de fiscalización de la gestión económica-financiera" y que esa circunstancia, sumada a la falta de personal cualificado, podría conllevar que no esté lejos "el momento en el que el Ayuntamiento de Alicante pueda incumplir el deber de rendir cuentas en plazo".
Al referirse a la labor de fiscalización desempeñada sobre todos los balances contables, el dictamen señala que el Ayuntamiento no se ha dotado todavía del plan estratégico para delimitar subvenciones "establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003" y que "en las facturas o certificaciones de contratos de servicios se observa en un número significativo de casos, falta de claridad en la definición del objeto del contrato y en la cuantificación de la prestación material".
Respecto a la tramitación de los expedientes de contratación, el dictamen señala que "siguen adoptándose acuerdos con efectos presupuestarios sin la correspondiente fiscalización previa", aunque apunta que una vez "fiscalizados con posterioridad no se ha observado defecto significativo alguno más allá de la simple omisión del trámite de fiscalización". Eso sí, incide en que "la causa de estas omisiones obedece a la práctica de acumular en un único documento el informe del centro gestor y el decreto que resuelve, en el que se hace constar que el expediente ha sido fiscalizado, afirmación que genera la presunción de que así ha sido, toda vez que no se sabe si se está ante una propuesta de acuerdo o su resolución".
Además, también hace alusión a los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito -aquellos que se adoptan para abonar gastos no amparados por contratos o no reflejados en los presupuestos con carácter previo- para señalar que "este tipo de expedientes supone un perjuicio, para los contratistas por lo que se refiere a la demora en la tramitación y el reconocimiento y pago de la obligación, y para la Administración por la inseguridad jurídica que supone carecer de contrato que regule la prestación del servicio público; asimismo impone una carga adicional de trabajo en un procedimiento extraordinario y más complejo que el de contratación omitido, en especial, para la Intervención General, que ya se encuentra al límite de sus posibilidades".
De ahí que, en el apartado de recomendaciones, se plantee como "necesario" que el Ayuntamiento de Alicante implemente "procedimientos de planificación y gestión que garanticen el inicio de la tramitación de los expedientes de contratación con antelación suficiente (de 6 a 21 meses) a la finalización de los contratos, con el fin de evitar la ejecución de gastos sin cobertura contractual como consecuencia de la expiración del término de los contratos previos, así como la aprobación de las prórrogas en los plazos de ejecución. Además, el informe extiende también esa recomendación por lo que respecta a la elaboración del presupuesto municipal para que pueda producirse su entrada en vigor en plazo, con el inicio de cada año natural.
Al tiempo, el informe se refiere a la capacidad de endeudamiento municipal tras aludir a los dos préstamos concertados tanto en 2022 como en 2023 por sendos importes de 19,8 y 9,7 millones para señalar que "el Ayuntamiento tiene recursos suficientes para atender sus obligaciones sin necesidad de acudir al endeudamiento, tal y como se desprende de la comparación entre los préstamos concertados con los resultados de las liquidaciones, la existencia en caja y el porcentaje de ejecución de los gastos de, por ejemplo, los tres últimos ejercicios". Todo, sin llegar a pronunciarse de forma expresa sobre la existencia de remanentes, por importe de 133 millones, ni sobre la capacidad de disponer de ellos, tras la recuperación de la regla de gasto, que impediría su utilización para otro fin distinto al de la amortización de deuda, según viene defendiendo el equipo de gobierno.
El dictamen recomienda que se inicie la tramitación de los expedientes con entre 6 y 21 meses de antelación
Y sobre la ejecución presupuestaria, asegura que, según su análisis, la falta de planificación es la que conllevaría que se alcanzasen bajos porcentajes respecto al cumplimiento de los objetivos propuestos, a pesar de que en 2023 se apunta que se alcanzó un porcentaje del 72,12% en cuanto a los gastos previstos, diez puntos por encima del conseguido en 2022, aunque lejos del 87% de 2016, por ejemplo. Además, también llama la atención sobre "el porcentaje de puestos ocupados por personal interino" al señalar que "excede los límites establecidos en el artículo 2.3 de al Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para al reducción de la temporalidad en el empleo público". Y, entre otras advertencias, recomienda "la reducción del número de asuntos aprobados previa declaración de urgencia en aras a mejorar al transparencia en la gestión municipal y que no se convierta en ordinario aquello que debería ser excepcional".
Por su parte, el grupo municipal del PSOE ha valorado el informe de Intervención para reprochar "las deficiencias" señaladas en cuestiones como la falta de previsión que se apunta en el dictamen en cuanto a inversiones o a la provisión de subvenciones. Al respecto, la edil socialista, Silvia Castell, ha señalado, a través de un comunicado, que "el alcalde ha ignorado un año más todas las recomendaciones de la Intervención y continúa sin elaborar un plan de acción obligatorio que se debe activar para adoptar medidas para resolver las deficiencias. Esto es algo que demuestra que Barcala está instalado en la parálisis y, en consecuencia, se están perdiendo diversas oportunidades",
El PSOE incide en que el informe de Intervención destaca que "el bajo coeficiente de ejecución (del presupuesto), pone de manifiesto el déficit de planificación" del gobierno municipal. En este sentido, los socialistas recalcan que "el gobierno del PP sólo fue capaz de ejecutar 4 de cada 10 euros previstos en inversiones durante 2023. Esa falta de diligencia se traduce en que los barrios están cada vez más abandonados debido a la incompetencia de los responsables municipales, que no han sido capaces de ejecutar su propio presupuesto. También saca los colores al regidor en materia de contratación, instándole a implementar 'procedimientos de planificación y gestión que garanticen el inicio de la tramitación de los expedientes de contratación con antelación suficiente al finalización de los contratos, para evitar gastos al margen de los contratos y evitar prórrogas'".
Además, los socialistas consideran que "el interventor ya puso el acento en diciembre en que el consistorio solicitó en 2022 y 2023 dos créditos bancarios, uno de 19,8 millones y otro de 9,7 millones de euros. Pues bien, dichos préstamos obligarán a pagar casi 900.000 euros de intereses este año, una cantidad que no se podrá invertir en solucionar las numerosas deficiencias que arrastran los barrios de Alicante", según apunta, aunque, según ha venido sosteniendo el equipo de gobierno, esos créditos no han comenzado a devengar intereses hasta que no se ha comenzado a disponer de sus cantidades.
De igual modo, el PSOE destaca que el informe "recomienda la reducción del número de asuntos aprobados en junta de gobierno local por vía de urgencia, que cifra en el 39% del total, 'en aras a mejorar la transparencia en la gestión municipal y que no se convierta en ordinario aquello que debería ser excepcional'". "Además, destaca que el número de expedientes con informe de intervención disconforme ha aumentado. El cuestionable récord se alcanza en la Asesoría Jurídica (77% de los expedientes), Concejalía de Empleo (con el 50 %) y Fiestas, que encabeza el ránking con un total de 48, seguido de Urbanismo con 37, y Recursos Humanos y Deportes con 31", prosigue la nota pública.
Por último, el PSOE apunta que "el informe hace hincapié en que la falta del anexo de inversiones conforme establece la ley impide planificar con mayor precisión y, en consecuencia, impide mejorar los porcentajes de ejecución y planificación de la regla del gasto. En ese sentido, cabe recordar que la AIREF ya ha denunciado que podría llegar al 8 % cuando el límite legal se sitúa en el 2,6 %".
También se ha pronunciado al respecto el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, quien ha considerado que "el informe del interventor no deja títere con cabeza en la función del señor Barcala" en la medida en que, a su juicio, "se corrobora la falta de transparencia colando cosas por junta que tendrían que pasar por pleno". Además, ha opinado que el dictamen también deja constancia del "déficit de planificación por lo que tenemos que recurrir a créditos porque nunca completan las inversiones en el mismo año" y que, igualmente, se habría puesto de manifiesto "incapacidad de gestionar" por parte del equipo de gobierno. Por último, también se ha recriminado el "exceso en el límite de interinaje en el consistorio... Es evidente que no saben gobernar, ni siquiera con directores generales que venían a poner algo de orden en toda esta nefasta gestión", ha concluido.
Por último, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha valorado que "el informe del interventor es claro y contundente. Afirma que el gobierno de Luis Barcala no sabe gestionar, no sabe planificar, no sabe utilizar los recursos públicos y advierte que nos estamos endeudando". "Todos nos acordamos del desastre de gestión de los gobiernos de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, quienes nos arruinaron y dejaron el Ayuntamiento en ruina, intervenido por el Gobierno de España por 178 millones de deuda", ha abundado. "Pues bien, ya estamos pidiendo 78 millones de préstamos pagando intereses por más de un millón de euros, gestionando solo 4 de cada 10 euros. Los proveedores cada vez cobran más tarde. En definitiva, esto pinta muy mal, no sabe gestionar, son un peligro, también la gestión de las cuentas públicas. Nos llevan a la ruina como sigan así", ha concluido.
