La edil no adscrita, Nerea Belmonte, tras declarar en Fiscalía por el supuesto ofrecimiento de un sueldo de 3.500 euros a cambio de su posición de voto en el pleno de investidura.ALICANTE. Fin de trayecto para la investigación sobre la contratación de Miguel Ángel Redondo como asesor del equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante. La Fiscalía ha resuelto el archivo de las diligencias que se seguían a partir de la denuncia formulada por tres de los grupos de la oposición municipal, PSOE, Ciudadanos y Compromís, para que se esclareciese si el fichaje de Redondo pudo ser una contrapartida a cambio de que la edil no adscrita Nerea Belmonte facilitase la investidura del popular Luis Barcala como nuevo alcalde de Alicante, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri, en el pleno del pasado 19 de abril. Guanyar, por su parte, optó por una denuncia de ampliación de hechos en las diligencias que se instruían en paralelo sobre la supuesta oferta de un sueldo de 3.500 euros que se habría formulado a cambio del voto de Belmonte, aunque luego su escrito también se acumuló en las diligencias concretas sobre Redondo.
Las denuncias se registraron después de que trascendiese que Redondo había sido visto acompañando a Belmonte a varias dependencias de entidades sociales y del propio Ayuntamiento como si ejerciese como su asesor municipal particular, cuando Belmonte (expulsada de Guanyar, del equipo de Gobierno y de Podemos por dar contratos de manera directa a personas afines, sin que trascendiese ninguna investigación judicial ni municipal al respecto) no tendría derecho a contar con personal de apoyo, dada su condición de concejal no adscrita.
En la resolución del fiscal fechada el 3 de diciembre, a la que ha tenido acceso Alicante Plaza, el teniente fiscal, José Llor, concluye que las circunstancias que rodean a la contratación de Redondo son extrañas, pero resuelve que de la instrucción practicada no se deduce indicio de delito. "Después de instruidas las presentes diligencias de investigación, este instructor no puede más que asombrarse por las extrañas circunstancias de la contratación como asesor con dedicación exclusiva del señor Redondo, de su actuación como asesor y de su cese, todo ello en el corto espacio de tiempo que transcurre entre primeros de mayo (oficialmente su nombramiento se produce por decreto del concejal de Recursos Humanos de 23 de mayo de 2018) y el 13 de junio siguiente", reza literalmente la resolución.
Y prosigue: "Se le contrata como asesor a tiempo completo, con unas retribuciones que ascienden mensualmente a 2.513,41 euros mensuales". Así, destaca que sólo existían otros dos cargos de confianza que ejercían funciones de asesoramiento para el equipo de Gobierno del PP en esas mismas condiciones: el jefe de Gabinete de Alcaldía y el jefe del Gabinete de Prensa. En esta línea, la resolución subraya expresamente que la contratación de Redondo se produce por voluntad expresa del primer edil: "Junto a éstos", en referencia a los dos asesores ya citados, "se nombra al señor Redondo por indicación directa del alcalde, sin ningún tipo de currículo ni cualificación profesional para desarrollar su función y sin ser miembro del Partido Popular, lo que sin ser un requisito, era norma casi general en ese tipo de contrataciones".
El fiscal continúa para asegurar que "la función que se le asigna durante el escaso tiempo que duró su asesoramiento, fue según manifestó, estar presente en reparaciones de baches por indicación de su concejal, realizando también actuaciones en materia de jardines, existiendo un listado de actuaciones que tenía que realizar, realizando fotografías que entregaba al Gabinete de Alcaldía para dar fe que había realizado la misión que se le había encomendado".
El fiscal: "Por lo extraño de los hechos, se podrá llegar a las sospechas y conjeturas que cada uno tenga por conveniente, pero no llegan a tener la categoría de indicios para la prosecución de unas diligencias penales"
Tras detallar que el objetivo de su cometido era elaborar un mapa de la ciudad con las medidas que se estaban adoptando para mejorar la escena urbana, el acusador público incide en que "para tal función se le contrata a tiempo completo con los emolumentos antes indicados". Y remarca, respecto a las visitas que efectivamente realizó junto a Belmonte, que tuvo tiempo para asumir esa tarea en principio no prevista entre las funciones de su contrato: "En cuanto a su actuación durante el escaso tiempo que la realizó, además de hacer las fotos a que antes me he referido, fue a acompañar, lo que no hizo con su concejal", en referencia al edil de Infraestructuras, Israel Cortés, a cuyo departamento estaba adscrito. Y añade que ese acompañamiento lo realizó "sin ponerlo en conocimiento" de Cortés, "al parecer, según manifiesta, a título privado". Por lo que respecta a su cese, el fiscal destaca que su cese se produce fulminantemente después de que trascendiese que había arropado a Belmonte en esas visitas, sin que se le diese ninguna explicación sobre los motivos de esa destitución.
Sea como fuere, el teniente fiscal determina que "de todo lo expuesto, por lo extraño de los hechos, se podrá llegar a las sospechas y conjeturas que cada uno tenga por conveniente, pero no llegan a tener la categoría de indicios para la prosecución de unas diligencias penales. Está acreditado que la abstención de la señora Belmonte que da lugar a la elección del señor Barcala como alcalde de Alicante se produce el 18 de abril de 2018 [en realidad, el 19], que la contratación del señor redondo como asesor se produce a primeros de mayo y que es cesado por el alcalde cuando trasciende públicamente a través de la prensa la actividad que había desarrollado junto a la señora Belmonte, así como unos posibles cobros en B por actividades profesionales", finaliza, en alusión a un supuesto elemento de prueba que se había filtrado respecto a una causa de índole personal (una cuestión por una disputa de carácter familiar) en la que Redondo también se encontraba inmerso en esos momentos.
Como publicó este diario, el fiscal había dado por cerradas las diligencias desde hacía más de una semana, tras tomar declaración a seis testigos. Entre ellos, al propio Redondo, al concejal Cortés, y al jefe de Gabinete de Alcaldía, Vicente López, al que, al parecer, el asesor rendía cuentas de su trabajo. En esas diligencias, no se ha citado a nadie en calidad de investigado (la figura que sustituye a la antigua imputación) y tampoco se ha solicitado la comparecencia del propio alcalde, Luis Barcala.
