FINESTRAT. El Ayuntamiento de Finestrat contará con asesoría jurídica externa para su departamento de Contratación. Para ello, ha sacado a licitación el servicio por un periodo de cuatro años, a razón de 65.000 euros anuales, es decir, 260.000 euros de presupuesto global. Según los informes municipales para justificar el procedimiento, el Consistorio "no dispone de personal suficiente" para asumir este trabajo de carácter interanual "que requiere de una especialización en la materia" por lo que, apuntan, es "necesario acudir al sector privado".
En este sentido, señalan que quieren contar con profesionales con "amplia experiencia y formación en servicios jurídicos relacionados con la contratación pública, debido a la importante actividad contractual que genera el ayuntamiento, al objeto de velar por la adecuación de los procedimientos propios del Ayuntamiento a la normativa vigente".
A su vez, explican que "dada la dotación actual de personal del Departamento de Patrimonio - Servicios Jurídicos" así como "el volumen de asuntos jurídicos y judiciales" de la Corporación, requieren de asesoramiento jurídico así como defensa judicial activa y pasiva para el Ayuntamiento "en todas las instancias jurisdiccionales de los órdenes civil, contencioso-administrativo, mercantil y penal, excluidos los asuntos concernientes a materia urbanística, función pública y derecho laboral y sindical". Al mismo tiempo, se incluyen los asuntos competencia del Tribunal de Cuentas y, en su caso, los informes jurídicos previos de viabilidad, si ello fuera necesario. También se incluye la reclamación de costas.
El adjudicatario emitirá informes jurídicos sobre las anteriores materias que se soliciten por el Ayuntamiento de Finestrat, debiendo contener la exposición de hechos, fundamentos jurídicos (legales, jurisprudenciales y doctrinales, en su caso) y propuesta de resolución del caso planteado objeto del informe.
Además, deberán prestar la asistencia y defensa de los empleados municipales y autoridades en los procedimientos surgidos por el ejercicio de su función en el Consistorio, incluyendo la protección del derecho al honor, defensa del derecho de rectificación y la defensa en materia de protección de datos.
La presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas comenzó el pasado ocho de mayo y termina el 23 de mayo. Entre otras cuestiones, piden que tenga un volumen anual de negocios por importe igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato, que asciende a 322.350,00 euros. Además de contar con, al menos, un letrado colegiado en situación de ejercicio activo, con una antigüedad mínima acreditada 15 años de alta como ejerciente.
