Agentes de la Policía Local de Alicante, en una campaña de control sobre los establecimientos del Centro. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) añade una nueva sentencia a la cadena de resoluciones sobre el conflicto del ruido en el Centro de Alicante. Después de revocar el fallo que obligaba al Ayuntamiento a acordar la declaración de una Zona Acústica Saturada (ZAS) en el entorno de la calle Castaños, el alto tribunal autonómico anula ahora el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso número 4 en noviembre de 2020 por el que se conminaba a la misma administración local a ejecutar dicha sentencia de manera provisional. Es decir, a aplicar medidas que permitiesen la reducción del ruido asociado a la actividad hostelera que se concentra entre la Rambla, Alfonso El Sabio, Plaza de la Muntanyeta y calle San Fernando con el fin de evitar que se conculcasen los derechos fundamentales de los residentes. Todo, al margen de que la sentencia estuviese, entonces, sujeta a los recursos de apelación presentados tanto por el Ayuntamiento como por la Asociación de Locales de Ocio y Restauración (Alroa).
En realidad, el nuevo fallo del TSJ, notificado este jueves, no podría apuntar en otra dirección. Como se argumenta en la propia resolución, una vez anulada la sentencia original, la orden dictada para que se le diese cumplimiento también pierde toda su vigencia. Así, el alto tribunal declara por terminado el objeto de los recursos que también habían presentado tanto el Ayuntamiento de Alicante como Alroa al no existir ya ninguna sentencia válida que llevar a efecto.
¿Qué implicaciones puede tener esta nueva resolución? Como mínimo, dos. La primera consecuencia es que esta última sentencia pone fin al procedimiento en curso, tres años después de que se la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional acudiese al juzgado para reivindicar el derecho al descanso de los residentes a los que representa. Eso sí, el litigio podría volver a reactivarse si el colectivo vecinal opta por explorar la vía del recurso ante el Tribunal Supremo (TS). De hecho, se trata de una opción que ya se está estudiando, con el objetivo de que pueda mantenerse la obligación de implantar una ZAS.
La segunda consecuencia -derivada de la primera- podría tener, si cabe, mayor trascendencia inmediata. Con el fin del proceso, también decaería el expediente administrativo iniciado por el Ayuntamiento para acordar la declaración de ZAS, en el que se incluye la elaboración de censos de locales, las comprobaciones de licencias y la contratación de nuevas mediciones sonométricas, ahora en su última fase de elaboración, según concretó este martes el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP). Todo ese trabajo previo podría quedar invalidado, de modo que el Ayuntamiento debería comenzar de cero toda la tramitación en el supuesto de que mantuviese su intención de acordar esa ZAS.
Así lo sostiene, cuando menos, la representación jurídica de Alroa. Y así lo pretende hacer valer a partir de ahora. "Si el ayuntamiento pretende acordar medidas para reducir el ruido, tendrá que negociarlas con todos, porque ya no existe ninguna sentencia que las ampare", apuntó el presidente de la asociación, Javier Galdeano, a consulta de Alicante Plaza. En esta línea, añadió que el colectivo está dispuesto a sentarse "para hablar sobre la posibilidad de que se tomen decisiones que puedan mejorar la convivencia entre la hostelería y los vecinos, pero se debe tener muy claro que no estamos en la situación en la que estábamos y que ya no hay soporte legal para forzar nada", indicó.
Como informó este diario, la pretensión del equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) sigue siendo la de aplicar medidas para favorecer el descanso vecinal, según concretó el propio Villar este martes. Así, se estarían barajando varias alternativas a partir de las experiencias desarrolladas en otros municipios, como la reducción de horarios de funcionamiento, la limitación de licencias para locales y para la instalación de veladores, o la exigencia de doble puerta en los locales que carezcan de ella, por ejemplo. En todo caso, insistió en que las medidas concretas a implantar se abordarán a partir del estudio de mediciones sonométricas encargado a una consultora especializada.
¿Cuál es la valoración de los hosteleros respecto a esas distintas alternativas? Por el momento, Galdeano señaló que, en el caso de que se pretenda adoptar medidas de aplicación general, "deberán acordarse con los hosteleros". "Estamos dispuestos a hablar pero no a que se quiera imponer nada", concluyó.
