Ximo Puig y Arcadi España, en Les Corts Valencianes. Foto: CORTS/Inma CaballerVALÈNCIA. El Gobierno valenciano trabaja durante estas jornadas en la manera de encajar el puzle de la reforma fiscal anunciada hace ya más de 20 días por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Hasta la tarde de este jueves, dos cosas parecían más o menos claras de acuerdo con fuentes del Consell: una, que la deflactación del tramo autonómico del IRPF para los contribuyentes con una renta inferior a 60.000 euros anuales se aprobará mediante un decreto ley el próximo lunes. Y dos, que la subida de impuestos para las rentas altas afectará a aquellas por encima de los 70.000 euros y se articulará a través de la ley de Presupuestos de 2023.
La idea, según trasladan a Valencia Plaza, es mantener los tipos del tramo de 60.000 a 70.000 euros y subirlos a partir de esta franja, además de crear una nueva tarifa en la que haya una mayor progresividad. Pero, todo ello, en las cuentas de 2023.
La primera medida se aplicará con efectos retroactivos a 1 de enero de 2022, de forma que será efectiva al hacer la declaración de la Renta en primavera de 2023. Pero la segunda, la relativa a las rentas altas, no puede afectar al presente año. El motivo es que la ley impide cambiar impuestos con efectos retroactivos si perjudican al contribuyente. Así, la idea es que se incluya en las cuentas de 2023, pero sus efectos para el contribuyente no serán visibles hasta 2024, cuando haga la declaración de la renta de 2023 y tenga que pagar más o, si le sale a devolver, reciba menos.
Esta solución a la que, en principio, ha llegado el Gobierno valenciano supone, por tanto, que la rebaja del IRPF anunciada por Puig beneficie a todas las rentas en 2022. También a las más altas, dado que les afectará en los tramos por debajo de 60.000 euros y no les será de aplicación una subida hasta 2023. No obstante, desde el Consell aseguran que lo que presentará Puig este lunes es una nueva escala que permitirá un efecto neutro a partir de esos 60.000 euros.
La modificación con el límite de 60.000 euros supone una rebaja del IRPF de mayor alcance que las de otras CCAA gobernadas por el PP, como Andalucía, la Región de Murcia o Galicia, pese a que desde el Consell se remarque que el esfuerzo fiscal de "los ricos" se mantiene.
Aunque la negociación de los Presupuestos del próximo año y los impuestos arrancó con una imagen de cierta unidad entre el PSPV y Compromís –trasladada en el Seminari de Govern del pasado septiembre–, lo cierto es que los sucesivos anuncios de Puig no han entusiasmado a sus socios. Sobre todo por la forma. Con el paso de los días, el ambiente se ha ido enrareciendo y esta misma semana desde la coalición trasladaban que no estaban dispuestos a dar luz verde a las cuentas "de cualquier manera".
Una afirmación que resume el estado de ánimo que predomina y que todavía iba a peor este jueves, cuando el jefe del Consell trasladaba desde la tribuna de Les Corts que la reforma fiscal se aprobaría por decreto el lunes en un pleno extraordinario. El hecho de que se trate de un asunto que pilota el presidente de la Generalitat provoca que las posiciones del PSPV sean inamovibles respecto a lo anunciado por él oficialmente. Y también, por ende, que Compromís no comparta el modo de comunicarlo y lleguen a asegurar que no hay acuerdo todavía pese a que hay quien da por hecho que sí.
Las conversaciones a lo largo de estas semanas no han sido sencillas pese a la escasa trascendencia pública que han tenido. La sensación en la coalición es que Puig anuncia sin tener en cuenta a sus socios y luego vienen los problemas. En este sentido, mencionan lo sucedido en el Debate de Política General, cuando expuso la reforma fiscal y Compromís replicó al día siguiente que no era la consensuada. Una actitud que creen que se ha repetido con el decreto.
El resultado de estas relaciones –eso sí, no tan tensas como en otras ocasiones al menos de cara a la galería– se evidencia en las vías alternativas para articular las medidas. El anteproyecto de ley de Medidas Fiscales (conocida como ley de Acompañamiento) se presentó a comienzos de mes –se aprobará el lunes también– y en él no se incluyeron las modificaciones impositivas por las dudas legales. El PSPV optó entonces por el decreto ley para introducir las rebajas anunciadas. Lo que, ya de paso, le daba un margen más amplio para la negociación. Y, por último, recurrirá a la ley de Presupuestos para contentar a Compromís y Unides Podem con la exigencia de penalizar a las rentas altas, ya que la norma permite cambiar los tipos de gravamen.
Mientras tanto, y a la espera del texto que se presente la próxima semana, el Consell ha seguido sin detallar el alcance de la deflactación del IRPF, ya que no ha facilitado todavía los nuevos tramos del impuesto precisamente porque no estaban claros cuando la anunció y tenía que concretarlos con sus socios.
Los tiempos para la aprobación de los Presupuestos también están en el aire aunque la voluntad sea cumplir con el plazo legal del 31 de octubre. Las negociaciones han ido con retraso respecto a años anteriores y todavía existen escollos, como los 3.000 millones de euros más que las consellerias han solicitado de aumento y que el titular de Hacienda, Arcadi España, ya ha pedido ajustar. Por lo pronto, la Conselleria de Sanidad, que había reclamado equiparar su presupuesto al gasto real, ya ha realizado un recorte de 1.300 millones de euros de los cerca de 2.000 que había reclamado.
Este jueves tuvo lugar la única reunión de esta semana entre los socios del Botànic a través de la comisión política, en la cual estaba igualmente encima de la mesa la reforma fiscal que tiene que salir adelante el lunes. Las discusiones, como viene siendo ya una tradición, serán contrarreloj.
En este sentido, otra de las cuestiones que deberá resolver Hacienda para ver validada la reforma fiscal de Puig el próximo lunes afecta al Impuesto de Patrimonio. En concreto, a la subida del 0,25% que Podemos busca acometer. Fuentes conocedoras de la negociación aseguran que para alcanzar un acuerdo, se está planteando vincular esta subida al tiempo que se encuentre en vigor la planteada por el Gobierno central para las grandes fortunas, de manera que la subida de Patrimonio se convirtiera en una solución transitoria que contentara a ambas partes: por una parte, los morados verían validadas sus pretensiones y, por otra, el PSPV -y Presidencia en particular- no verían del todo mal que esta subida tuviera únicamente un carácter temporal y no definitiva.
