El PP tienta a PSOE y Compromís con gestos en el presupuesto pero solo conecta con Guanyar y Cs

ALICANTE. Las incógnitas persisten en el desenlace del presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para este 2019, al cierre de la ronda de contactos completa entablada por el Gobierno del PP con los cuatro grupos de la oposición: PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís. A expensas de que, la próxima semana, pueda producirse una reunión formal con los representantes de Compromís (supeditada a la entrega del borrador de las cuentas), todo parece indicar que al menos dos de las cuatro formaciones opositoras -Guanyar y Ciudadanos (Cs)- se inclinan por no bloquear la planificación económica que defiende el equipo de Gobierno, del PP. Es decir, que votarán a favor o se abstendrán, siempre que sus aportaciones tengan reflejo en el documento definitivo. 

Sus respectivos portavoces municipales, Miguel Ángel Pavón (Guanyar) y Yaneth Giraldo (Cs) hablaron este jueves de acercamiento razonable o de sintonía, aunque evitaron dar un respaldo explícito a los populares y no concretaron cuál será su posición cuando la propuesta se debata en pleno (previsiblemente, en la primera quincena de febrero). De hecho, en el caso de Guanyar, ese grado de definición resulta todavía imposible, ya que la decisión debe ser adoptada por su asamblea, como enfatizó el propio Pavón. Por el momento, tanto Cs como Guanyar sí admitieron que el PP parecía dispuesto a incorporar gran parte de sus aportaciones prioritarias. 

En el caso de Cs, figura una partida específica para poner en marcha el nuevo PGOU; 1,5 millones para la mejora de las áreas y polígonos industriales y 900.000 euros para ayudar en el IBI a familias y personas en riesgo de exclusión, además de una actuación integral para las plazas más emblemáticas de la ciudad y una puesta a punto de toda la señalización turística y cultural, así como una auditoría exhaustiva e independiente sobre la contrata de la limpieza.

En el caso de Guanyar, se trataría de propuestas por una suma global de 13 millones que se repartirían entre el presupuesto ordinario, en la planificación de las próximas inversiones financieramente sostenibles (con el remanente del presupuesto de 2018) o mediante la concertación de otro préstamo bancario. Ese listado de obras se completa con nuevas demandas en relación a la atención a personas sin hogar, a financiar el aire acondicionado en los colegios públicos y a terminar las obras del Parque de Bomberos.

En esa tesitura, en el peor de los escenarios el PP tendría garantizados 8 votos a favor (los de sus propios concejales), además de diez abstenciones (5 de Guanyar y 5 de Cs). Por pura coherencia, se da por segura la adhesión del edil no adscrito, Fernando Sepulcre, que viene avalando todos los presupuestos del PP en la Diputación Provincial desde 2015 y que también ha respaldado todas las cuentas planteadas en el Ayuntamiento desde el inicio de mandato con el argumento de que su intención no es en ningún caso "bloquear el funcionamiento de la ciudad". 

Nada ha trascendido hasta ahora sobre la posible posición que puede adoptar la segunda edil no adscrita, Nerea Belmonte, que -a la postre- fue determinante en el pleno de elección de nuevo alcalde para que el PP regresase al poder, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri. La exconcejal de Guanyar prevé reunirse este viernes con el concejal de Hacienda, Carlos Castillo, para conocer la propuesta de presupuesto.

En cualquier caso, con esos hipotéticos números, el equipo que coordina Luis Barcala no tendría todavía las garantías necesarias para aprobar un nuevo presupuesto que resulta especialmente trascendente: es el primero sin la intervención del Ministerio de Hacienda tras el fin del Plan de Ajuste y, además, es el que debe planificar el día a día del ayuntamiento en un ejercicio en el que se celebran elecciones municipales. Así, la realidad es que el PP quedaría preso del voto de Belmonte si PSOE (con 6 concejales) y Compromís (3 ediles) decidiesen rechazar la propuesta.

Precisamente para evitar esa situación, los populares tratan de atraer a socialistas y nacionalistas. Primero, con la llamada a la responsabilidad para no bloquear el funcionamiento de la ciudad y dar cabida a cuestiones como la subida salarial de los funcionarios o el pago de los servicios públicos "mejorados" que están en trámite de licitación. Así, el concejal de Hacienda, Carlos Castillo, volvió a insistir este jueves en que "se trata de un presupuesto de mínimos y que sería difícil de entender que alguien pudiese votar en contra solo por intereses políticos o partidistas". Y segundo, con algunos guiños y gestos sobre las peticiones puestas sobre la mesa por esos dos partidos que siguen más lejos de votar a favor o de abstenerse.

En esta línea, Castillo sostuvo, en respuesta a las acusaciones de Compromís, que "el PP no ha ninguneado a nadie" y que se ha tratado de consensuar la propuesta con todos. Como prueba, defendió que se va a tratar de incorporar algunas de las propuestas de PSOE y de los nacionalistas, como que se favorezca la creación de empleo vinculado a los sectores tecnológicos desde la Agencia Local de Desarrollo, o la posibilidad de incluir parte de los trabajos del proyecto de conversión del antiguo matadero en un centro para startups a través de un plan de inversiones plurianual. Otras de sus peticiones, señaló, ya están previstas a través de las aportaciones de otros grupos, como la partida de ayudas de emergencia social de 2,5 millones. Eso sí, dejó claro que solo se podían incluir propuestas posibilistas y que no tuviesen "un marcado carácter ideológico", añadió, en una alusión velada al centro de interpretación de la Guerra Civil en Alicante (reivindicado por Compromís), al que no llegó a citar de manera directa.