TORREVIEJA. El comité de empresa del Hospital Universitario de Torrevieja incrementa su línea de acción para que la Conselleria de Sanidad les comunique el futuro laboral de los 1.400 empleados del Departamento de Salud 22 y acude al Defensor del Pueblo para contar con su apoyo e instar a la conselleria a que les traslade el modelo de reversión.
Concentraciones a las puertas del centro hospitalario, reuniones con distintos grupos parlamentarios de Les Corts, entre ellos uno de los que componen el Botànic, Compromís y escritos dirigidos directamente a la conselleria. Ante el silencio de la administración, el comité ha decidido dar un paso más y recurrir al Defensor del Pueblo ante el desconcierto que esto les genera a poco más de seis meses de que se ejecute la reversión. Una incertidumbre que, como vienen denunciando los representantes sindicales, provoca la "fuga" de sanitarios y el rechazo de otros a elegir este centro al no saber qué sucederá en octubre.
El organismo representante de la plantilla ha registrado una queja en la que solicitan al Defensor del Pueblo "amparo para que nos ayude en nuestras reivindicaciones y solicite a la Conselleria de Sanidad que se reúna con este comité para que seamos parte de la negociación y conocedores del futuro del departamento de salud 22".
En la ecuación del desencuentro intervienen tres actores que pasan la responsabilidad de uno a otro formando un círculo vicioso. Un año antes de que finalice el contrato, como éste indica, la Consellera de Sanidad, Ana Barceló anunció que no se prorrogaría la concesión, concluyendo de este modo el 15 de octubre de 2021. Bareceló se trasladó al Auditorio de Torrevieja el 13 de octubre de 2020 para hacerlo público y trasladar a Ribera Salud las normas para el proceso. Entre ellas la de facilitar la documentación referente a la recepción del hospital, centros médicos, medios materiales y personales. Le dio de plazo hasta el 1 de diciembre.
Dos meses después el comité mantuvo una reunión en Guardamar del Segura con la Subsecretaria de Sanidad. En este encuentro no les trasladó el modelo de gestión y la fórmula en la que quedará la plantilla y les instó a otra reunión para el 26 de enero. Esta nunca llegó a celebrarse, la conselleria la canceló tres días antes.
La empresa adjudicataria, Ribera Salud no cumplió con lo establecido en las normas de reversión e interpuso en los primeros días de diciembre un recurso contencioso-administrativo contra estas directrices y procedimiento. Alegaba que les resultaba "imposible" cumplir con las directrices debido a la situación provocada por la covid-19. A principios de febrero la conselleria trasladaba a la sección 5 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el expediente administrativo sobre las normas de reversión.
El comité solictó, el 16 de febrero, a la Conselleria que convocara de nuevo la reunión pendiente. Su petición tampoco tuvo una respuesta desde el Consell. A principios de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) emitía una resolución contundente contra Ribera Salud obligándole a que cumpla con las normas de reversión. Daba de plazo hasta el 31 de este mes. El fallo del tribunal reprochaba a la mercantil que haya actuado "como si la pandemia hubiera afectado únicamente a su área de actuación" y como "si no estuviera previsto en el contrato que el momento de la reversión iba a llegar".
Ese es el hilo que forma el círculo vicioso. El comité pide a la conselleria que les traslade el modelo con el se ejecutará la reversión y la fórmula en la que quedará la plantilla. La conselleria condiciona ese procedimiento a la entrega por parte de Ribera Salud de toda la documentación. Y la empresa se niega alegando que no lo puede hacer por la pandemia.
Hace dos semanas, la consellera, Ana Barceló, señalaba a la agencia Europa Press, que el retraso de Ribera Salud en entregar la documentación "no afectará a la reversión" pero supondrá una mayor carga y "trabajar más intensamente y más rápidamente para poder llevarla a cabo". "No es posible en estos momentos mantener reuniones para planificar esa reversión porque no sabemos cuántos profesionales tenemos, de qué categorías profesionales, cuáles y qué duración tienen los contratos" añadía.
Desde el comité no ven válidas estas explicaciones, y las califican de "excusas". Por eso, este martes remitía un escrito en el que solicita a la conselleria que convoque lo antes posible una mesa de negociación y les entregue el pliego de condiciones para la reversión.