SAN VICENTE DEL RASPEIG. Reuniones para llegar a acuerdos. Este es el anuncio que ha hecho el alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar (PSOE), al inicio del pleno del miércoles 30 de marzo. El primer edil ha confirmado que se va a acordar un calendario de reuniones con los trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, "que comenzará la próxima semana y contará, como así nos han demandando, con políticos, técnicos municipales, parte empresarial y representantes de los trabajadores".
"Este equipo de Gobierno nunca va a cerrar las puertas a una negociación y va a dar hasta el último paso para llegar a acuerdos con un colectivo tan importante como son los trabajadores de estos servicios municipales", ha manifestado Villar. Esta decisión ha sido aplaudida por los múltiples operarios del servicio que estaban presentes en el salón de plenos, quienes han agradecido personalmente este anuncio, que ha amansado la huelga que se rumoreaba que llevarían a cabo durante las fiestas de Moros y Cristianos.
Además de las reuniones anunciadas, el alcalde ha retirado del orden del día el punto 6, "atendiendo a la petición conjunta de los representantes de los trabajadores del servicio". Se trataba del pliego de la nueva contrata que ya fue paralizado por los tribunales y del que no se había modificado ni adaptado las condiciones.
El punto que sí se ha debatido ha sido la 8ª revisión de precios del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras. Como ha explicado el concejal de Contratación, Guillermo García (PSOE), el periodo abarca del 1 de julio de 2020 al 30 junio 2021, en que se incrementa 29.459 euros al año a la empresa PreZero España SAU (antes Cespa S.A.). La propuesta se ha aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSOE, EUPV y Podem), las abstenciones de PP, Cs y Vox y el voto en contra de Compromís.
Es precisamente el portavoz de esta última formación, Ramón Leyda, quien ha manifestado no estar de acuerdo con el panorama de limpieza municipal, donde "el pueblo está sucio, no hay mantenimiento, el servicio es deficitario y obsoleto la maquinaria es vieja, el mobiliario no está a la altura y las frecuencias de limpieza tampoco son satisfactorias". Además, ha abogado por "encontrar soluciones a largo plazo", planteando de nuevo la municipalización, "si no de todo el servicio, de una parte".
Otra formación que ha tildado el contrato de "obsoleto y caduco" ha sido el PP, donde Cristian Gil ha afeado el "generar un aumento de gasto para no tener resultados que beneficien a nuestros vecinos". Y ha vaticinado que "esta no será la última revisión de precios, porque el equipo de Gobierno no ha sido capaz de adjudicar el nuevo servicio y tiene que volver a licitarlo desde su inicio".
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Pachi Pascual, ha recordado que se trata de un servicio que se está prestando en contra de la voluntad de la empresa, ya que manifestó en 2019 que no quería seguir cuando finalizara el contrato. En cuanto a la inversión que supone el servicio, ha expresado que los casi cinco millones de euros que está pagando ahora el Ayuntamiento "es posible que aumente, porque la empresa ha presentado varios recursos de reposición en los que solicita el cobro de aproximadamente 1,5 millones más".