La nueva sede de Distrito Digital en su última fase de construcción, en el Puerto de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. A Coruña se lleva el gato al agua frente a las opciones de la ciudad de Alicante para captar la sede de la Agencia para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA): uno de los organismos estatales de nueva creación que el Gobierno central acordó situar fuera de los límites de Madrid como estrategia de descentralización de la administración. La Generalitat, a través de la Conselleria de Innovación, acudió al proceso de concurrencia competitiva organizado por el Ministerio de Política Territorial con una candidatura centralizada en Alicante con la pretensión de reforzar el potencial de la ciudad en el sector de la Inteligencia Artificial, ya que la ubicación de la agencia habría puesto a Alicante en el centro de la estrategia nacional y la habría colocado bajo la mirada de las empresas dedicada a ese campo, con el consiguiente efecto atractor para la llegada de nuevas compañías.
Se trataba, en realidad, de buscar un rédito en forma de imagen de marca similar al generado por otro organismo de carácter internacional ya asentado en Alicante, como la Euipo, más allá de la mera creación de puestos de trabajo directos, puesto que la sede de la agencia solo debía conllevar inicialmente la vinculación de 40 altos funcionarios, como informó este diario. Sea como fuere, lo cierto es que Innovación ya había reservado parte de las instalaciones de la nueva sede de Distrito Digital en el Puerto de Alicante para que pudiese convertirse en el emplazamiento físico de las oficinas de AESIA.
En concreto, la candidatura elevada por el departamento autonómico asignaba a la agencia estatal uno de los cuatro módulos de los que se compone el edificio, lo que garantizaba la disponibilidad de 1.200 metros cuadrados de superficie para cubrir sus necesidades de funcionamiento: es decir, el triple de las dimensiones recogidas en las bases de la convocatoria.
Ahora, ese espacio vuelve a quedar liberado, a entera disposición de Distrito Digital, que podrá ponerlo en el mercado junto a los otros tres módulos distribuidos en la explanada del muelle 5, abiertos a la captación de empresas dedicadas a la innovación y al desarrollo tecnológico. De hecho, según fuentes consultadas, la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) -responsable de Distrito Digital- habría dado ya prácticamente por cerradas las bases para conceder el uso de esos espacios, con la previsión de que pudiesen comenzar a ocuparse en la próxima primavera, toda vez que la construcción del complejo debe quedar terminada entre finales de este año y principios de 2023.
Eso sí, esas bases quedan sujetas ahora a la supervisión de la Unión Europea (UA). Fuentes consultadas indicaron que se prevé elevar la propuesta con las condiciones y requisitos para optar a esas oficinas con el fin de que se sometan al filtro de la normativa comunitaria para que esos criterios puedan desplegarse con el aval jurídico requerido antes de que se adjudique el uso de esos espacios.
Según fuentes consultadas, se trata de contar con todas las garantías necesarias para asegurar que el proceso no supondrá la vulneración de ningún precepto que afecte a las normas de libertad de competencia y que no existe el riesgo de incurrir en un hipotético supuesto ilegal de ayuda de Estado, como sucedió con la construcción de los estudios de cine de Ciudad de la Luz, también financiados por la Generalitat, puesto que se estaría ofreciendo el arrendamiento de un espacio en una ubicación próxima al casco urbano en el que existe una oferta privada similar. Eso sí, las condiciones propuestas para ceder las instalaciones de Distrito Digital en el Puerto no serían las mismas que las que plantea el sector privado, por lo que se consideraría que el escollo del filtro comunitario quedaría salvado.
En todo caso, el examen de Bruselas sí podría tener una consecuencia inevitable: el retraso de la apertura del proceso de comercialización de esas nuevas oficinas. De hecho, no se podrá ofrecer el uso de las nuevas instalaciones del Puerto hasta que no se disponga de la evaluación europea, según las mismas fuentes.
