ALTEA. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Benidorm ha abierto diligencias previas para esclarecer los hechos ocurridos con el cese del intendente jefe de la Policía Local de Altea. Así, admite la denuncia presentada por el propio afectado bajo el paraguas del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB). Como consecuencia, ha citado en calidad de investigados al que fuera el alcalde en ese momento, Jaume Llinares; el concejal de Personal, Rafael Mompó; y el secretario accidental.
Tal y como recuerda el propio sindicato, los hechos se remontan a mayo de este año. El primer edil cesa al intendente en base a un informe del secretario. Según defiende el SPPLB, la argumentación para tomar esta decisión se basa en una sentencia que aludía a un proceso selectivo para ocupar la plaza que ya no estaba en vigor. Es más, afirman que había accedido a este puesto aprobando otro proceso.
Es por esto que piden al Consistorio que readmita al profesional, presentan un recurso de reposición para tal fin, pero nunca llega a ocurrir. La postura del afectado y el sindicato es poner el asunto en manos de los tribunales, que ahora proceden a abrir diligencias previas para esclarecer lo sucedido.
Aunque ahora no se ha querido pronunciar, en su momento el gobierno local aseguró que obedecían a una sentencia judicial y la plaza de intendente no se podía cubrir porque no cumplían con la normativa. En concreto, señalaban que para poder tener este puesto, se necesitaba disponer de dos inspectores, pero el Ayuntamiento solo tiene uno. Es por esto que anunciaron que se abriría otro proceso para contratar a otro inspector y así optar a recuperar el cargo de intendente jefe.
Por su parte, el SPPLB califica todo este asunto de "monumental chapuza" y una "actuación arbitraria y sin sentido" que podría ser constitutiva de delito de prevaricación administrativa. En este sentido, aseguran que en su momento fueron prudentes y dieron un "tiempo prudencial para que recapacitaran".
