Cuatro empresas pujan por el contrato de la creación de la Zona de Bajas Emisiones de Benidorm

BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha recibido cuatro ofertas para el desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad. El Consistorio sacó a licitación el 11 de septiembre el contrato mixto para su ejecución con un presupuesto base de 3,5 millones de euros, impuestos incluidos. Con él, el municipio se dividirá en tres grandes áreas, Poniente, Levante y centro, para establecer las normas de control y acceso. El objetivo es dar prioridad a la movilidad con energías limpias y rebajar la contaminación. 

En concreto, las ofertas presentadas son las de Aceinsa-Eysa, Electronic Trafic SA, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas SA (Sice) y Tecnologías Viales Aplicadas SL (Teva). En estos momentos, el ayuntamiento está valorando todas las ofertas para la adjudicación del contrato.

Como ha venido contando este diario de largo, el proyecto abarca 74 hectáreas, aunque se irán complementando con otras obras afines a este objetivo, tal y como explicó en su momento el concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate. Es el caso del subvencionado por la Diputación de Alicante para la avenida Armada Española. La actuación que ahora se adjudica cuenta con un plazo de ejecución de un año. Para ello, el Consistorio consiguió una subvención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) de 3,2 millones de euros. 

Analizado el caso, el proyecto señala que la contaminación atmosférica de Benidorm tiene su origen principalmente en el tráfico de vehículos que utilizan combustibles fósiles. Por un lado, por la emisión de gases y partículas, y por otro, por la contaminación acústica. El origen se encuentra de manera íntegra, dice el mismo, en la intensidad media de vehículos diarios.

El objetivo que persigue es mejorar la calidad del aire del municipio con diferentes actuaciones. Se irá restringiendo el acceso a diferentes zonas con el vehículo propio. A ello se suman actuaciones para enriquecer el transporte público, la red de vías para bicicletas, la regulación del estacionamiento, reducir la velocidad de circulación y la gestión sostenible de la distribución urbana de mercancías.