El edil de Compromís en Alicante, Rafa Mas, en imagen de archivo.ALICANTE. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a exigir este martes la realización de una auditoría externa sobre la contrata de la limpieza viaria y recogida de residuos, después de que los trabajadores adscritos al servicio (en torno a 400 operarios) hayan anunciado su intención de convocar una huelga para exigir una revisión salarial ajustada el incremento del IPC abonado por el Ayuntamiento.
El edil de la coalición valencianista y candidato a la Alcaldía, Rafa Mas, ha señalado que "seguimos insistiendo y le pedimos al alcalde, Luis Barcala, una auditoría externa sobre la contrata de la limpieza viaria, de Enrique Ortiz, antes de que abandone el servicio; queremos saber qué es lo que ha hecho con los más de 500 millones de euros que se ha embolsado esta UTE de dinero de los alicantinos, y que nos ha situado entre las ciudades más sucias de España", ha apuntado.
Además, ha insistido en que "queremos saber por qué no se cumpla la normativa europea, estatal y autonómica de gestión de residuos, separación y reciclaje, y queremos saber qué ha hecho con los 2,5 millones que se ha embolsado de más en 2022 por la subida del IPC y que no ha repercutido ni en la mejora del servicio ni en la mejora salarial de los trabajadores".
En conclusión, ha asegurado que "queremos saber, porque no puede ser que en esta ciudad las contratas campen a sus anchas sin vigilancia del ayuntamiento". "Necesitamos un servicio de limpieza transparente y eficaz para mantener la ciudad limpia como nos merecemos", ha concluido, tras abogar por la retención de la fianza millonaria depositada por la UTE concesionaria hasta que se disponga de los resultados de esa auditoría.
Por su parte, el edil de Limpieza y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, ha sostenido al respecto, al término de la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta Local, que el comité de empresa que representa a los trabajadores del servicio "no ha comunicado nada al ayuntamiento" respecto a sus reivindicaciones. En todo caso, ha sostenido que "por lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación, parece ser que se trata de un problema laboral y que, por lo tanto, queda bajo la responsabilidad de la empresa" y de los cauces de negociación habituales.
Además, sobre la solicitud de una auditoría externa, Villar ha sostenido que debe ser Compromís quien expliqué "si no confía en los técnicos municipales que se dedican a fiscalizar la contrata". Y, por último, sobre el incremento del IPC, ha apuntado que "los contratos están para cumplirse, y si estipulan que debe acordarse un incremento en función del IPC, es normal que se reconozca ese aumento, como se hizo a 31 de diciembre después de cuatro años".
