Los nuevos contenedores instalados en el Portal de Elche de Alicante.ALICANTE. La Coordinadora Alicante Limpia (CAL), integrada por activistas ambientales y representantes sociales, ha reaccionado frente a la reactivación de la consulta pública promovida por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), en el proceso de revisión de la ordenanza de limpieza, con la que se prevé actualizar la regulación y abrir la puerta a que los inspectores municipales del servicio puedan imponer multas frente a comportamientos incívicos. Portavoces del colectivo aseguran no entender "la nueva consulta ciudadana" al considerar que "es demagógica y distrae la atención de lo importante que es el control y supervisión municipal, tanto de la labor de la empresa concesionaria de este servicio público como del cumplimiento de las ordenanzas municipales por parte de la ciudadanía y de las empresas que operan en la ciudad".
"Como siempre, parece que desde el equipo de gobierno municipal se toman las decisiones desde la improvisación y sin la planificación, reflexión, programación y valoración suficiente", apunta la plataforma, a través de un comunicado. En este sentido, expone que "cuando se lanzó la citada consulta" la página web habilitada para su desarrollo "no funcionaba". "Es incomprensible que un gobierno municipal eficaz no se asegure que todos los componentes de una campaña funcionen como debe ser antes de su lanzamiento", apunta la nota pública. Y añade que "posteriormente se anunció que la encuesta estará disponible cuando se publique en la sede electrónica del Ayuntamiento, sin dar más datos".
"Actualmente ya se encuentra publicada en la web del ayuntamiento junto con una memoria técnica que pretende hacernos creer que con la mera redacción de una nueva ordenanza se van a resolver los problemas. El problema de calado es que el responsable del área es incapaz de salir a la calle y ver qué problemas no puede solucionar la actual ordenanza y el grado de implementación de la actual", argumenta la CAL. A juicio de sus representantes, "se quedaría sorprendido de lo inadecuado de su nueva propuesta y lo que mejoraría los problemas que dice querer resolver con conocer el grado de cumplimiento de la ordenanza actual".
En segundo término, la coordinadora considera que "esto nos es participación ciudadana". "Lo que ha hecho el gobierno municipal es pura demagogia a la que tan bien nos tiene acostumbrados. Si no hay información previa, si no se prepara el proceso, la participación ciudadana se convierte en una farsa. Además, la encuesta está formulada de tal forma que dirige al ciudadano a determinadas respuestas", incide.
Al tiempo, la plataforma apunta que "la potestad sancionadora no la ostenta la ciudadanía", sino que "le corresponde al equipo de gobierno y a sus ejecutores, en este caso concreto a la Policía Local de Alicante. El civismo no es optativo, es una obligación de la ciudadanía y de las empresas respetar el espacio público y cumplir con las ordenanzas municipales. Delegar competencias del gobierno a la ciudadanía, ante su propia inoperancia en el control de la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, como son la limpieza, el mantenimiento de la ciudad y la gestión de los residuos urbanos es otra muestra más de la irresponsabilidad máxima de este gobierno municipal del señor Barcala".
Además, el colectivo considera que "una ordenanza solo es eficaz si se cumple". "Si no ha habido voluntad de aplicar la vigente ordenanza, ¿para qué una nueva?, ¿para cubrir el expediente?, ¿para distraer la atención de lo importante cuando ya se ha demostrado que el actual equipo municipal no tiene voluntad de hacerla cumplir como ya nos demostraron en la anterior legislatura pues los responsables, señor Barcala y señor Villar ocupan los mismos cargos?".
Por ello, estiman que "la mejor modificación de la ordenanza es mostrar voluntad y determinación política para que se cumpla". "Para lo que sí sirve la propuesta de redacción de una nueva ordenanza es para entretener al personal técnico que tendrá que redactarla y distraerlos de otras actuaciones primordiales y prioritarias, tales como: adecuar el Plan local de residuos a la legislación vigente, porque Europa ya está sobre ello tal y como se determinó en la Comisión de peticiones el pasado día 21; analizar el cumplimiento de los pliegos del contrato de la UTE ya finalizado para estipular si corresponden penalidades que no se han aplicado por el incumplimiento sistemático del contrato durante años y años además de analizar si corresponde o no la devolución de la fianza depositada al inicio del contrato que asciende a alrededor de 14 millones de euros de la ciudadanía; analizar por qué la contrata actual tampoco está cumpliendo lo que estipulan los pliegos, como es tener disponible la maquinaria de limpieza en el momento en el que se implementa el contrato; y contratar a los educadores medioambientales que exige la legislación", concluye el comunicado.
Por lo pronto, respecto a la incorporación de la maquinaria prevista en el nuevo contrato de prestación del servicio, el equipo de gobierno viene sosteniendo que estará operativa y en funcionamiento en el mes de abril, en función de los plazos de adquisición previstos en el propio concurso.
