ELCHE. Mientras que algunos Ayuntamientos o la Diputación están repartiendo o perfilando ayudas a familias y empresas para paliar los estragos de la inflación en materia energética, las propias administraciones públicas tendrán que pasar su particular via crucis los dos próximos ejercicios porque la factura les saldrá, literalmente, por una millonada. Ahora llega el momento de renovar el acuerdo marco de la Diputación provincial mediante el cual se adhieren a la compra centralizada de suministro de electricidad, de forma que así ahorran costes. Sin embargo, los nuevos precios que marca el mercado suponen el doble o más del precio de estos dos años. No solo para ellos, también por ejemplo para los museos de la Diputación o empresas municipales como la ilicitana Pimesa, también adscrita a este acuerdo.
En agosto desde la entidad se señalaba que durante 2020 y 2021 se ha conseguido un ahorro de unos 15 millones de euros a los en torno a 140 municipios adheridos. Sin embargo, este año se ha pasado de un precio de 41,40 €/MWh a 70,28 €/MWh. Lo que supone que Iberdrola, la única compañía que se ha presentado al concurso público, ofrezca el suministro por 160,8 millones de euros para los próximos dos años. Esto ha comportado la actualización del presupuesto máximo fijado para el acuerdo marco de referencia un incremento del 69,76% en relación a los del anterior. Y eso teniendo en cuenta que la Diputación renegoció la oferta original de la multinacional vasca, que superaba holgadamente esa cifra: ofreciendo más del triple, a 140,77 €/MWh.
A este respecto, Iberdrola ofreció en un primer momento un precio que rebasaba por mucho el valor máximo estimado por el órgano de contratación. Concretamente, los precios suponían un incremento del 82,21%, llegando a situar el valor estimado de los dos años en más de 293 millones de euros (siendo actualmente 86,1 millones). Una oferta que el ente provincial calificó de "inaceptable", por lo que anuló la licitación para volver a lanzarla. En el segundo procedimiento Endesa quiso presentarse, pero como no lo hizo con la primera, no se le admitió. Presentó un recurso especial en protesta, pero el Tribunal Central de Recursos no le dio la razón. Así que finalmente, Iberdrola volvió a perfilarse, aunque se negoció un precio dentro de los parámetros de la Diputación, rebajando su oferta principal hasta llegar a esos 70,28 €/MWh, que aun con todo, el informe indica que supone ese encarecimiento de casi el 70%.
Si bien es cierto que el encarecimiento va a suponer que muchas administraciones locales tengan que hacer malabares, la primera oferta era inasumible. A modo de ejemplo, Alicante pasaba de 13,6 millones de euros actuales a 46,5 millones para el próximo bienio; Elche de 7,9 a 26,8 millones; Benidorm de 3,7 a 12,5 millones; Orihuela de 5,5 a 18,7 millones, entre otros ejemplos. En el caso de otras entidades, el Marq hubiera pasado de 295.000 euros a superar el millón; el Adda de 516.000 euros a 1,7 millones o el Consorcio de Aguas Marina Baja de 4,7 millones de euros a 16,2 millones.
Finalmente no se llegará a esos precios, pero la subida será muy importante. No obstante, tampoco hay muchas más alternativas, porque licitar de forma individual supone tener peores condiciones, teniendo en cuenta que las compañías son mayoristas y no iban a ofrecer precios individuales más baratos. Desde municipios y entidades tenían claro que el precio iba a subir, pero no tanto.
El diputado de Contratación, Juan de Dios Navarro, explica que "las condiciones son ahora más ventajosas y algunos precios no llegan a ser el doble", consciente del aumento, pero incidiendo en que la centralización de compras a través de la entidad provincial permite "contener los precios". Y que con los precios del mercado, no hay mucho más margen. Reconoce que "en marzo la primera oferta era prohibitiva, y aunque se ha reducido con el procedimiento abreviado, así es como está ahora el mercado libre". Ahora es momento de que los municipios se vayan adhiriendo al acuerdo marco para renovar sus contratos para los dos próximos años. El plazo finaliza el 30 de septiembre, y aunque va a suponer muchos quebraderos de cabeza para cuadrar cuentas, la alternativa es una contratación individual que será más cara. Aparte de pueden no tener margen para licitar.
Sobre esto último, algunos ediles de Hacienda esperan que el Estado establezca algún tipo de medida o decreto para que se pueda soportar esta subida. Por ejemplo, en el caso de Elche, la Patricia Macià, indica que "nos vamos a ver muy condicionados en este presupuesto". Prepararán una moción en línea de esa intervención, porque "actualmente pagamos unos 4,6 millones anuales", lo que podría irse a casi el doble con la actual subida. "Es un dineral, y los recursos que tenemos que destinamos a distintas áreas habrá que destinarlos a la luz, es dramático desde mi punto de vista". Macià espera que el Estado, Generalitat o Diputación impulse algún tipo de 'rescate' porque "los Ayuntamientos somos los que destinamos los recursos también a los servicios públicos en las ciudades. Si 7 millones de más se van destinados a pagar la luz, el agujero es preocupante".
Aún no está aprobada la Ley de Presupuestos y esperan alguna decisión, porque cataloga la situación de "un problemón", y añade (en referencia al PP) que "aún hay partidos que nos piden bajadas de impuestos", explica, aunque el Ayuntamiento acaba de aprobar una congelación fiscal y renovar exenciones de tasas como las de terrazas y mercadillos, por lo que se dejarán de ingresar 800.000 euros en las arcas municipales. "Una rebaja del 3% de los impuestos suponen unos 6 millones de euros de reducción de ingresos", señala al respecto para el caso ilicitano. Así pues, una situación compleja para los Consistorios, y que no es la única, porque a todo ello habría que sumar subidas salariales al funcionariado por el IPC, o en el caso de Elche, además el encarecimiento anual por ejemplo de la nueva contrata de basura.