SANTA POLA. La Agencia Valenciana Antifraude ha reclamado al Ayuntamiento de Santa Pola que le remita todos los expedientes relacionados con la contratación por procedimiento abierto o abierto simplificado, correspondiente al servicio de defensa jurídica municipal y la copia de los contratos menores de servicios de defensa jurídica desde 2018 hasta 2021. La reclamación de esos contratos y expedientes se realiza porque existe una denuncia sobre un supuesto de fraccionamiento de contratos realizados por el consistorios santapolero para la defensa y personación en los múltiples causas abiertas en los juzgados, derivadas, algunas, de las denuncias que en su día formalizó la Udef de la Policía Nacional.
Antifraude advierte de que en caso de no existir expedientes documentados para tales servicios y los mismos se hayan prestado por letrados externos, el ayuntamiento deben remitir un informe de la Secretaría del Ayuntamiento que acredite, el procedimiento, el adjudicatario, el importe y el objeto.
Además, la agencia valenciana también pide al Ayuntamiento de Santa Pola la Relación de Puestos de Trabajo del consistorio, entre los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021; el expediente de provisión para el puesto de Jefe de Servicio Jurídico, y un informe de la Secretaría del Ayuntamiento sobre la dependencia orgánica del puesto de Jefe de Servicio Jurídico e identificación del personal que lo integra y sus respectivas categorías profesionales.
Hay un petición muy curioso que figura en el requerimiento que le hace Antifraude a Ayuntamiento de Santa Pola. Y es que le reclama una copia del expediente disciplinario, de existir en su caso, incoado al comisario jefe de la policía local adverado, completo, ordenado y con índice. Y en caso de no existir, certificado de la Secretaría del Ayuntamiento que así lo acredite.
Hay que recordar que ese expediente se abrió en julio de 2017, tras irrumpir el caso de los uniformes: cuando agentes de la Udef irrumpieron en la sede de la Policía Local para recabar documentación sobre los contratos de adjudicación de la uniformidad, que acabó con la detención e interrogatorio del jefe de la Policía Local, varios agentes y ex concejales del área de Hacienda. El expediente se archivó en septiembre de 2019, tras el cambio de Gobierno en el consistorio y la entrada del equipo de gobierno del PP. El caso de los uniformes consta de dos ramas, una por cada empresa adjudicataria de la uniformidad y ambas están pendientes de que se celebre la vista oral. En ambas figuran como procesados los responsables de las empresas afectadas -Uniformes Riera y Gil de los Ríos-, además del jefe de la Policía, varios agentes y oficiales y dos ex concejales de Hacienda anteriores a 2015.
El pasado 4 de febrero, la Agencia Antifraude recibió una notificación el Ayuntamiento en la que le solicitaba más plazo para remitir la documentación, aunque ya había entregado parte de ella. También le requirió el ayuntamiento tener acceso al expediente de la denuncia. Sin embargo, la agencia ha denegado las dos peticiones elevadas por el consistorio; es decir, ni se le concede más plazo ni se le entrega el expediente con el fin de garantizar la investigación y el deber de confidencialidad de la identidad de la persona denunciant.
