ALICANTE. La construcción del subparque logístico para facilitar la labor de limpieza y recogida de la basura en el distrito de Playa de San Juan, comprometida por contrato -e incluso parcialmente pagada por anticipado a través de las certificaciones mensuales-, comienza a despejarse ahora, a menos de un año de que se produzca su vencimiento. El equipo de Gobierno (PP y Cs) ha reactivado las conversaciones con la UTE concesionaria (FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica) para que esas obras puedan acometerse a la mayor brevedad posible en el emplazamiento propuesto, entre las instalaciones del Club Atlético Montemar y la trasera del Parque de Bomberos Ildefonso Prats.
En principio, según fuentes consultadas, existiría ya un principio de acuerdo para el desarrollo de las instalaciones después de que el departamento municipal de Tráfico haya aceptado parte de las alegaciones presentadas por la UTE frente a los requisitos exigidos para la planificación de los accesos al subparque. Como informó este diario el pasado mes de marzo, Tráfico había emitido un informe favorable a la implantación de la zona logística de la UTE siempre que se acondicionase un acceso válido para la maquinaria de limpieza y recogida de residuos a través del conocido como camino del Ciprés.
En concreto, en ese dictamen se emplazaba a garantizar la posibilidad de giro de los vehículos utilizados en la prestación del servicio en todas las intersecciones entre el camino del Ciprés y viales del entorno. Igualmente, se especificaba ese vial de acceso debía contar con dos carriles de circulación con una anchura mínima de 3,50 metros cada uno, además de dos bandas para el tránsito peatonal. Y, por último, se apuntaba que el pavimento debía ser capaz de soportar el peso de camiones de gran tonelaje.
A raíz de ese informe, la UTE concesionaria presentó un proyecto con modificaciones con la intención de rebajar algunos de esos condicionantes, que se habría aceptado ahora, a la espera de que la Concejalía de Urbanismo resolviese sobre la concesión de licencia. En todo caso, según las mismas fuentes, el objetivo del bipartito y de la gerencia de la propia UTE sería ejecutar ese parque antes de que se produzca la caducidad del contrato (septiembre de 2021). Se trata de una infraestructura necesaria para evitar tiempos de desplazamiento de maquinaria desde las instalaciones centrales de la UTE, situadas en el polígono del Pla de la Vallonga, lo que estaría obligando a la concesionaria a adelantar la hora de salida de los camiones para no perder tiempo de prestación de servicio, según se dio a conocer el pasado jueves en el desarrollo de la comisión específica de seguimiento sobre el contrato.
En esa misma comisión, también se reiteró que el ayuntamiento sigue aplicando deducciones por la falta de ejecución de ese parque a través de los pagos mensuales por la prestación del servicio. Eso sí, hasta el pasado mes de febrero se había llegado a abonar cerca de 800.000 euros del millón previsto para financiar su construcción a través de ese mismo mecanismo (el reconocimiento de las certificaciones mensuales). De ahí que, también en el desarrollo de la comisión, se insistiese en que, en el caso de no llegase a construirse, el ayuntamiento detraería el 100% de esa suma en el momento en el que se produjese la liquidación del contrato. Esa tesitura es la que también habría apremiado a la UTE a acelerar los trámites para que el subparque pudiese construirse, después de que quedase temporalmente bloqueado durante la etapa de mandato del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) ante las dudas de la posible afección a la Torre Conde, uno de los baluartes que conforman el Bien de Interés Cultural (BIC) de las Torres de la Huerta.