ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante parece encontrar el camino despejado para que pueda retomarse el desarrollo de una de las actuaciones que había quedado suspendida como consecuencia del encarecimiento de los precios del sector de la construcción. Se trata de la reforma integral del centro cívico de Villafranqueza: una actuación con un presupuesto hasta cierto punto modesto (266.677,09) euros) que quedó adjudicada formalmente en mayo de 2022 a una UTE compuesta por Del Valle Informes y Proyectos S.L. y Obras y Servicios P. Selva, con una oferta final de 225.275,85.
Con el proyecto, se pretendía mejorar las condiciones de uso de los vecinos y trabajadores de las instalaciones del centro cívico, ubicados en el número 4 de la plaza de la Constitución de Villafranqueza. Así, se aspiraba a que el edificio dispusiese de espacios flexibles con capacidad para albergar la base de la Policía Local, la sede de la asociación de vecinos del barrio y un uso como centro comunitario en el que tendrían su sede los colectivos de fiestas y comerciantes, entre otros, en sus cerca de 258 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.
En principio, se preveía que la ejecución de las obras pudiese abordarse desde el mes de junio para finalizar en un plazo de diez meses después. Sin embargo, los responsables de la UTE adjudicataria demoraron su inicio hasta que, en el mes de octubre, acabaron solicitando la resolución del contrato tras alegar que no podían asumir los trabajos con el importe previsto como consecuencia del estallido de la crisis de precios.
El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), inició los trámites para ejecutar esa resolución contractual y, así, poder abordar un nuevo proceso de contratación al que se preveía dar salida en cuestión de semanas, según fuentes consultadas. No obstante, un giro en la organización de la UTE habría propiciado ahora un nuevo escenario.
En concreto, su dirección habría comunicado un cambio de responsables, además de su pretensión de ejecutar el contrato en los mismos términos planteados inicialmente, lo que evitaría su resolución y la demora que comprendería el impulso de una segunda licitación. En principio, según fuentes consultadas, esa comunicación debería propiciar que se concertase una fecha para la firma del acta de replanteo de las obras, con lo que se daría por iniciada su ejecución.
Entre tanto, el bipartito mantiene los trámites para resolver otros contratos de obras recientes que no han llegado a completarse, como la urbanización de la parcela de Rabasa en la se plantea la construcción de la nueva Comandancia de la Guardia Civil, el de la reforma de la plaza de San Blas (ahora pendiente de reparaciones de urgencia para restituir el paso de peatones y vehículos, como informó este diario) o el de la construcción del nuevo parque de La Torreta, en ambos casos, adjudicados a Ecisa y a empresas del grupo Urbas, como viene informando este diario. En ambos casos, se prevé reanudar el desarrollo de las obras mediante la convocatoria de un nuevo concurso.