Agentes de Policía Local de Alicante, tras su toma de posesión, en un proceso de selección precedente al del 'caso enchufes'.ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante abre la bolsa generada tras la celebración de la oposición bajo sospecha del caso enchufes y asume la incorporación de otros siete aspirantes que superaron todas las pruebas, tras ejecutar el compromiso adquirido por el equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) de acumulación de las plazas vacantes por jubilación. Así, esos siete candidatos que concurrieron a la convocatoria de turno libre amplían la relación de 92 opositores seleccionados hasta ahora y accederán, también, a los cursos de formación a desempeñar en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) antes de que puedan tomar posesión de sus puestos como agentes de Policía Local.
Esos siete nuevos seleccionados son, por orden de prelación, los siguientes opositores que obtuvieron las valoraciones más altas tras el desarrollo de las pruebas, en las que consiguieron una puntuación global de entre 17,690 y 17,180, según se detalla en el edicto por el que se les emplaza a presentar la última documentación necesaria para acreditar que cumplen los requisitos delimitados en las bases de la convocatoria. En concreto, se les da un plazo de veinte días naturales para hacerlo.
La selección de esos siete nuevos aspirantes coincide con otra resolución paralela sobre el mismo proceso de oposiciones. En este caso, emanada de los juzgados. Se trata del auto, fechado el pasado 6 de julio aunque conocido ahora, por el que el titular del Juzgado de Instrucción número 8 acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias instruidas sobre la difusión de un documento a través de canales como la aplicación de mensajería whatsapp en la que se ponían de manifiesto supuestas irregularidades en las oposiciones al cuerpo local, entre otras anomalías susceptibles de comisión de distintos delitos presuntamente atribuidas al comisario principal, José María Conesa.
Precisamente, ese fue el documento que puso en entredicho el desarrollo de las oposiciones hasta el punto de forzar la constitución de una comisión de fiscalización en el Ayuntamiento para tratar de esclarecer si existió un trato de favor a determinados opositores que guardaban relaciones de parentesco o amistad con mandos policiales, con ediles y expolíticos, con representantes sindicales y con responsables de empresas que prestan algún tipo de servicio municipal.
Dichas diligencias de investigación judicial se incoaron a partir de la denuncia presentada por el secretario provincial del sindicato SPPL frente al portavoz del mismo sindicato en el Ayuntamiento de Alicante, a las que se acumularon después las denuncias presentadas ante la Policía Nacional y ante la Guardia Civil por el mismo Conesa y por otros mandos de la Policía Local. No obstante, el juez determina ahora que de las averiguaciones emprendidas "tanto por la Policía Nacional de Alicante, Brigada Provincial de Policía Judicial, Grupo de Delitos Tecnológicos, UDEV, como de la Guardia Civil, resulta que no es posible determinar la autoría del documento en cuestión, e incluso se llega a la determinación de que el documento en cuestión fue difundido en varios grupos".
Así, añade que "la conclusión que de ello resulta es que, no siendo posible atribuir a persona concreta la redacción del documento en cuestión ni su difusión inicial o puesta en circulación a través de los sistemas de mensajería, WhatsApp o redes sociales en los que se difundió, no es posible atribuir la comisión de delito alguno a persona concreta determinada, señaladamente al denunciado en la denuncia inicial". Es decir, el portavoz del SPPL en el Ayuntamiento.
El comisario principal de la Policía Local de Alicante, José María Conesa, al comparecer ante la comisión municipal.Es más, el instructor recalca que "tampoco es posible determinar el origen de los datos personales que se recogen en el documento en cuestión, datos que, a la vista de su carácter genérico, ni siquiera se puede determinar su origen o que se encontraran en archivos o registros que gozaran de algún tipo de protección específico. Por tanto, no existiendo indicios suficientes para poder atribuir al investigado la comisión de delito procede el sobreseimiento y archivo" de las diligencias.
Se llegaría, así, a la misma determinación apuntada por el propio denunciado, quien -según pudo concretar este diario- declaró en sede policial que él se había limitado a cumplir lo previsto en los estatutos del partido al remitir a su secretario provincial el documento en el que se recogían las supuestas anomalías que le habían hecho llegar para que determinase cómo proceder, puesto que el secretario del sindicato es el único que se le reservan las competencias de presentar denuncias en esos estatutos.
Así, con esa resolución, se darían por cerradas la investigación judicial, salvo que pueda presentarse un recurso de reforma en el que se solicite su reapertura; una circunstancia que hasta ahora no ha trascendido, pese a la confusión que, según fuentes jurídicas consultadas, pudo haber generado el hecho de que el mismo juzgado emitiese otro auto previo, con la misma fecha de 6 de julio, en el que acordaba la reapertura de las diligencias.
No obstante, según las mismas fuentes, esa reapertura se refería al archivo acordado con carácter previo respecto a las diligencias incoadas a partir de otra denuncia similar remitida a la Fiscalía, de la que ésta dio traslado al juzgado, y que acabó sobreseyéndose al no poder determinar la autoría de la difusión de ese documento. Así, a la vista de las denuncias del secretario provincial del SPPL, de Conesa y del resto de mandos, se habría acordado reabrir las diligencias originales que ahora acaban igualmente cerradas tras analizar la investigación desarrollada por la Policía Nacional y por la Guardia Civil, como refleja el auto de sobreseimiento: el último en notificarse.
De este modo, la difusión de ese documento en el que se recogían supuestas irregularidades en el desarrollo de las oposiciones -entre otros puntos-, no habría llegado a tener ninguna consecuencia definitiva hasta ahora ya que no se habría encontrado ninguna responsabilidad tras la investigación llevada a cabo por el juzgado, ni tampoco en el proceso de fiscalización política emprendida en el Ayuntamiento, a través de una comisión municipal específica. Como informó este diario, en las conclusiones de ese órgano municipal no se reflejó la existencia de anomalías.
Eso sí, el desenlace de ese grupo de trabajo no estuvo exento de polémica en la medida en que se cerró sin que se produjese la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, y del edil de Recursos Humanos, José Ramón González, y sin que se indagase sobre las manifestaciones formuladas por el comisario principal, Conesa, durante su declaración ante la comisión. En ese momento, el jefe del cuerpo aseguró que la difusión del documento que dio origen al caso enchufes era producto de una trama orquestada por otros mandos y agentes del cuerpo con la intención de desprestigiarle para que fuese relegado de su puesto.
