La portavoz municipal de Cs, Yaneth Giraldo, junto al alcalde, el 'popular' Luis Barcala, el día de su investidura. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El episodio del fallo de seguridad en el sistema informático del Ayuntamiento de Alicante continúa generando dudas tras el primer informe elaborado por los técnicos de la Concejalía de Nuevas Tecnologías, en el que se identifica al menos tres accesos a cuentas de correo de ediles o de asesores del equipo de Gobierno, del PP, por parte de dos de los cargos de confianza del grupo municipal de Ciudadanos (Cs): Antonio Zardoya y Miguel Ángel Sánchez.
Entre las dudas más inmediatas que todavía no se han desentrañado figuran la causa del error que pudo permitir ese fallo de seguridad; cuándo pudo producirse esa anomalía; quién pudo haberla provocado y con qué intenciones; si tenía alguien conocimiento previo de ella; cómo es posible que el Ayuntamiento no disponga de medidas preventivas eficaces para garantizar la seguridad del sistema; si pudieron registrarse más accesos todavía no contabilizados y, por último, si en el conjunto de esas entradas que se contabilicen a cierre de la elaboración del dictamen pudo extraerse algún tipo de información o dato en beneficio propio o de terceros.
Todo, además, sin contar con la derivada de sanciones o de responsabilidades que los hechos puedan tener una vez que el informe definitivo se eleve ante la Agencia Española de Protección de Datos, o ante las acciones legales que se puedan ejercitar por parte del propio Ayuntamiento (o de los concejales y asesores afectados) frente a los autores de esa intromisión en comunicaciones privadas que se acaben identificando al término de la investigación interna.
No obstante, existe otra clave con posibles efectos a corto y medio plazo menos evidente pero igual o más trascendente en términos políticos y de gestión pública: si la polémica puede ser la causa definitiva de la ruptura de relaciones entre PP y Cs en un momento crucial como lo es la discusión sobre los presupuestos del Ayuntamiento de este año, que se pretenden debatir en pleno a principios de marzo, y la antesala de las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.
En primer término, por lo que respecta a las cuentas públicas de 2019, el hecho objetivo es que el PP gobierna en situación de minoría con 8 concejales en una corporación de 29 ediles y depende del voto a favor o de la abstención de al menos otros dos grupos políticos municipales para que su planificación económica pueda aprobarse en el pleno. Hasta ahora, el PP tiene garantizado el apoyo del edil no adscrito, Fernando Sepulcre: exconcejal de Cs y ahora candidato a la Alcaldía por Contigo. PSOE y Compromís, con nueve concejales, se inclinan por rechazar la propuesta, mientras que Guanyar y Cs siguen sin definirse abiertamente, pese a que ambos grupos han admitido que los populares han asumido varias de sus propuestas.
Se da la circunstancia de que, en la última fase de la negociación, esta misma semana, Cs ha escenificado cierto distanciamiento respecto al PP en relación a su propuesta presupuestaria hasta el punto de no acudir a la última reunión concertada con el concejal de Hacienda, Carlos Castillo. Cs fue el único grupo opositor que plantó al PP, justo después de conocer que los populares ya se habían reunido con Sepulcre, al que consideran un tránsfuga.
La portavoz de Cs, Yaneth Giraldo, justificó su inasistencia a esa cita con Castillo de manera clara: a su juicio, la negociación del presupuesto se había convertido en una especie de rifa en la que Cs no estaba dispuesto a participar. Si a ese encontronazo se añade que, solo una semana antes, Cs había exigido explicaciones al PP por la supuesta falta de concurrencia a la hora de conceder hasta 76 contratos distintos a un mismo trabajador autónomo por obras de reparación en colegios, huelga decir que la tensión entre los dos grupos era máxima. Más, si cabe, si se añade que Cs también ha reclamado al PP que deje a un lado las campañas publicitarias sobre el servicio de limpieza y se dedique a redactar el nuevo pliego para sacar a concurso al futura concesión y, así, evitar, así, la prórroga del contrato en vigor, en manos de una UTE participada por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica (de Enrique Ortiz).
El miércoles, también fue Cs quien alertó del hallazgo de un fallo de seguridad en el sistema informático municipal que permitía acceder a las cuentas de correo electrónico de los concejales y los asesores usando una misma palabra clave (Alicante) como contraseña comodín. Esa clave, supuestamente, la encontró uno de sus ediles, Juan Francisco Escudero por azar, al equivocarse al introducir su propia clave, muy similar. La cuestión es que Cs instó al PP a ofrecer explicaciones sobre esa circunstancia, ya que ese fallo exponía a todos a que cualquiera, de manera intencionada o no, pudiese conocer el contenido de las comunicaciones de concejales y cargos de confianza. En esa petición de explicaciones no hubo acusación de espionaje, pero sí se insinuó que, como mínimo, el fallo de seguridad sí amparaba la posibilidad de espiar.
¿Fue esa solicitud de explicaciones el factor decisivo del distanciamiento? ¿Se ha convertido el fallo de seguridad en un arma arrojadiza entre ambos partidos que ahora se ha tornado en contra de Cs? ¿Puede tener esa polémica algún papel en la votación del presupuesto? Por el momento, no hay respuesta posible. Eso sí, en Cs sí se sostenía este viernes que resultaba absurdo que alguien pudiese señalar como presunto espía precisamente a quién había alertado de la posibilidad de espiar: si alguien hubiese querido acceder al correo de ediles del PP para obtener información, no habría alertado sobre esa posibilidad a nadie y lo habría seguido haciendo.
Ambos partidos compiten por el voto de centro-derecha y podrían necesitarse para formar gobierno tras las municipales del mes de mayo, por lo que cualquier desgaste del rival es poco
En segundo término, por lo que respecta a la pugna electoral, lo cierto es que PP y Cs rivalizan por un espacio ideológico hasta cierto punto similar, en busca del voto del centro-derecha. Los populares lograron 8 escaños en 2015, solo dos más que Cs, que se quedó con 6 en su primera experiencia en las municipales. Como en otras muchas plazas, los responsables locales, provinciales y autonómicos de ambos partidos son conscientes de que, probablemente, las dos fuerzas podrían necesitarse para formar gobierno en Alicante tras la cita con las urnas, ya que todos los sondeos nacionales auguran un voto muy fragmentado, sin mayorías absolutas. Es más, el propio alcalde, Luis Barcala, ya intentó un acercamiento a Cs en el mismo pleno de su toma de posesión, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri. Entonces, no logró integrar a los cinco representantes del partido de Albert Rivera en lo que en ese momento ya se interpretó como una oferta que ensayaba los acontecimientos que podían registrarse después del próximo 26 de mayo.
Los dos partidos ya rivalizaron a la hora de ejercer la oposición durante el mandato del ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) en asuntos como el propio 'caso Comercio' (precisamente, el que llevó a la renuncia de Echávarri) con distintas propuestas para que se depurasen responsabilidades (comisión de investigación, por parte de Cs, y denuncia en Fiscalía, por parte del PP). Y los dos han seguido disputándose el liderazgo en otros asuntos de naturaleza política como el debate identitario, con gestos como el que se produjo con motivo del acto organizado para celebrar el 600 aniversario de la Generalitat: ausencia de Cs en la cita a la que acudía el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent; y colocación de la bandera de España en la sala del Castillo de Santa Bárbara en la que se celebraba, a iniciativa del PP.
En ambas formaciones también se asume que la sigla de las dos que sume más concejales el 26 de mayo sería la que tendría la legitimidad de reclamar la Alcaldía, en el caso de que los números diesen para gobernar. Y en ese pulso, cualquier posible desgaste del rival directo resulta poco. Mientras, en los bancos de las fuerzas progresistas se respiraba este viernes con alivio e ironía: por primera vez a lo largo de este mandato, el lío en Alicante se focaliza en el espacio de la derecha.
