El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, junto a representantes del equipo de gobierno y de la conselleria. ALICANTE. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que reconoce la concesión de licencia a la empresa XC Business 90 para instalar una planta de almacenaje de combustibles con seis primeros depósitos en la terminal de mercancías del Puerto expone al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), a mover ficha con cierta urgencia a la hora de decidir los próximos pasos a adoptar en el supuesto de que se persista en la voluntad de impedir el desarrollo de ese proyecto. Por lo pronto, el alcalde, Luis Barcala, ha sostenido este mismo miércoles que la resolución del alto tribunal autonómico "es una mala noticia para Alicante" y ha defendido que "este equipo de gobierno ha defendido siempre, en todas las instancias y ante los tribunales, la no concesión de esa licencia"
En esta línea, ha asegurado que, tras conocer el contenido del fallo, "vamos a estudiar esta sentencia y las diferentes alternativas que se plantean en este momento, así como las actuaciones y decisiones a tomar. Y lo vamos a hacer pensando siempre en lo mejor para Alicante y los alicantinos. Es en este momento cuando se debe actuar con la mayor responsabilidad y obrando siempre en defensa de los intereses de Alicante", ha asegurado en sus primeras valoraciones al respecto.
A priori, una de las primeras decisiones que debe adoptar el equipo de gobierno es si ejercita su derecho a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo (TS), ya que la preparación y anuncio de ese recurso debe formalizarse ante el mismo TSJ en el plazo de 30 días desde la notificación de la sentencia.
Entre tanto, la Conselleria de Agua, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha optado por mantener la prudencia sin llegar a ofrecer valoraciones respecto al alcance de la sentencia ni sobre posibles decisiones que puedan adoptarse a corto y medio plazo respecto a la viabilidad del desarrollo del proyecto de XC Business. Fuentes del departamento autonómico que coordina Salomé Pradas han precisado que por el momento no se producirá ninguna valoración a la espera de que se evalúen las opciones posibles.
De igual modo, tampoco se ha producido ninguna valoración oficial por parte de la Autoridad Portuaria, a la espera de poder analizar las consecuencias y opciones que depara la sentencia del alto tribunal autonómico, a pesar de que se trata de una resolución que no afecta a ninguna decisión adoptada por la dirección del Puerto. En todo caso, fuentes consultadas han señalado que la posición de la Autoridad Portuaria ya es conocida, puesto que su nuevo presidente, Luis Rodríguez, ya ha manifestado públicamente que la propuesta para instalar una planta de almacenaje de combustible no encaja en el modelo de futuro planteado para el desarrollo del Puerto.
Sí se han pronunciado, sin embargo, los representantes de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento. En primer término, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha señalado que "el grupo socialista ya trasladó al alcalde que no debía de esperar a la sentencia para sentarse a alcanzar un acuerdo con la empresa e, incluso, solicitar al president de la Generalitat Valenciana que actuara y no se pusiera de perfil". No obstante, ha considerado que "ni uno ni otro han movido ficha".
"Con esta sentencia que da la razón a la empresa se cierra la puerta al posible acuerdo que las partes hubieran podido alcanzar, como ya lo hizo en su día Ángel Luna para desplazar los macrodepósitos a otra zona de la ciudad", ha proseguido Barceló. Así, ha apuntado que "hemos perdido una oportunidad para lograr acuerdos por la pasividad de Mazón, que dice defender a esta ciudad y que ha sido concejal del Ayuntamiento, y la pasividad del propio alcalde". "Barcala fue beligerante contra el gobierno de Ximo Puig mientras que ahora, sin embargo, ha guardado silencio ante la Generalitat Valenciana y ante la Autoridad Portuaria; autoridad que debe responder ante quien le ha puesto en el cargo, que no es otro que Mazón", ha concluido.
En segundo lugar, la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, ha señalado que "lo primero que tenemos que decir es que, como no puede ser de otra manera, respetamos y acatamos las resoluciones judiciales". Eso sí, ha añadido que "la postura de Vox, como hemos mantenido siempre, es la de estar en contra de la instalación de los depósitos de combustible en el Puerto de Alicante y así seguirá siendo. Estamos con la ciudad y con los vecinos", ha asegurado. Y respecto de la sentencia, ha apuntado que "desconocemos el contenido exacto y hasta que no dispongamos de ella para poder estudiarla, no estamos en posición de opinar al respecto".
También se ha posicionado el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, quien ha solicitado que el equipo de gobierno "convoque mañana, antes de iniciarse el pleno, una reunión urgente de los portavoces municipales para aprobar, nuevamente, la posición contraria del Ayuntamiento a los macrodepósitos". "Instamos al alcalde a que se coordine con la Generalitat y Puertos del Estado y paralice esta actividad peligrosa e incompatible con la actividad del Puerto, la vida de los alicantinos y el recién seleccionado centro de congresos", ha proseguido.
"Vamos a seguir trabajando desde Compromís, con todas las administraciones, para parar esta instalación que hipotecaría el futuro de la ciudad. La solución es, que el Ayuntamiento inste a la Generalitat a que se cumpla la distancia de seguridad de 1.000 metros, todavía vigente en la Ley de Calidad Ambiental, que impulsó Compromís en el gobierno del Botànic", ha enfatizado.
Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, también se ha pronunciado respecto al pronunciamiento del TSJ para señalar que "hemos llegado a este punto porque tanto Mazón como Barcala han estado de brazos cruzados, por tanto la responsabilidad política de haber llegado hasta aquí es del PP". "Estos macrodepósitos son un proyecto que no convence ni a la sociedad de la ciudad, ni a sus instituciones ni a ninguno de los grupos políticos que formamos parte de este ayuntamiento", ha recalcado.
Es más, ha incidido en que "precisamente para el pleno de mañana presentamos una declaración que pretendía que el Ayuntamiento de Alicante instara a la Autoridad Portuaria de alicante (APA), quien otorgó la concesión, a la revocación de la modificación de la concesión a la empresa XC Business 90 para la construcción de los macrodepósitos". "Los estudios de impacto ambiental y los análisis de riesgos deben llevarse a cabo con meticulosidad y deben realizarse", ha añadido. "Hay que lograr ya un gran acuerdo como el que se firmó el 6 de marzo de 1995 entre el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Industria y Energía, la Autoridad Portuaria de Alicante y buscar la vía legal de parar esta propuesta aberrante. Y ojo que si se concreta, estará a 1.000 metros de su nuevo flamante centro de congresos", ha apostillado.
