Plano de ubicación de los puntos de control de acceso en el anillo Centro de la ZBE de Alicante.ALICANTE. El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de diciembre por el que se aprueba la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que deben implantar de forma obligatoria todos los municipios de más de 50.000 habitantes abre el proceso para que el Ayuntamiento de Alicante comience a abordar la ordenanza específica en la que se fijen las condiciones de funcionamiento de su propio proyecto. De hecho, la Concejalía de Medio Ambiente ha iniciado los primeros esbozos previos con la pretensión de completar su elaboración con la participación de la empresa adjudicataria de los dos anillos de control de accesos incluidos en esa ZBE, Tecnologías Viales Aplicadas (TEVA), que también asumirá la implantación del sistema de control de la ZBE de Benidorm.
Fuentes municipales consultadas indicaron que se prevé intensificar el trabajo de elaboración de esa normativa reguladora, después de que haya finalizado el proceso de adjudicación con la formalización de la firma del contrato, sobre la base de los parámetros recogidos en el Real Decreto. En principio, en su contenido se detalla que las ZBE deberán contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, así como a fomentar el impulso del cambio modal y la promoción de la eficiencia energética en el uso de los medios de transporte, según el resumen comunicativo facilitado por el Ministerio para la Transición Ecológica tras su aprobación.
Además, se detalla que las ZBE deben asegurar el cumplimiento de las Directrices de la OMS sobre la calidad del aire, publicadas en 2021, y definir objetivos para 2030 "medibles y cuantificables" de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en función de los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Sobre todo, con el objetivo de reducción de la utilización del vehículo privado motorizado frente al resto de modos de transporte.
Además, en ese resumen comunicativo, el ministerio señala que "siempre que se garantice el cumplimiento de los objetivos mencionados, la norma permite el acceso excepcional de vehículos contaminantes por razones justificadas, tales como vehículos con los cuales se presten servicios públicos básicos, entre otros, servicios de emergencias o recogida de basuras".
El Real Decreto establece, además, que las entidades locales deben "facilitar la instalación de puntos de recarga o suministro de combustibles limpios como el hidrógeno y puedan introducir medidas complementarias dentro del sector de la edificación, medidas para la sustitución de sistemas de calefacción, rehabilitación energética eficiente y fomento de sistemas de climatización sin emisiones. Del mismo modo, se podrán incorporar intervenciones en zonas urbanas de carácter adaptativo, como las orientadas a atenuar el efecto de isla de calor o el aumento de zonas verdes urbanas con especies adaptadas". Y, por último, se apunta que debe delimitarse "el régimen sancionador aplicable" en caso de incumplimientos.
Lo cierto es que el proyecto de ZBE diseñado por el Ayuntamiento ya contempla esos objetivos. En concreto, como se extracta en la página web institucional, se prevé utilizar la experiencia de gestión y control del tráfico "con proyectos ya implantados de restriucción de acceso al tráfico rodado en el Casco Antiguo y el proyecto de gestión de la movilidad 'Alicante se mueve'" para ampliar ese "sistema de control y gestión de tráfico en la ciudad por medio de la instalación de una amplia red de sensores (cámaras y sensores ambientales) que permitan conocer en tiempo real la situación del tráfico, su evolución en función de cualquier circunstancia o cambio, la previsión de problemas de circulación y la simulación de escenarios", así como "el cálculo de sus emisiones, por medio de una plataforma informática de gestión que estará a disposición de los servicios municipales interesados así como de los usuarios y ciudadanos".
Así, se añade que "gracias a este sistema de gestión, modelización y planificación del tráfico y de sus emisiones o efectos en la ciudad" se podrá adoptar "las decisiones e implantar las medidas que sean necesarias para garantizar los niveles de eficiencia en la circulación así como garantizar los niveles de calidad del aire que vengan establecidos por la normativa nacional o de la Organización Mundial de la Salud".
Por lo pronto, el equipo de gobierno de Alicante, el bipartito compuesto por PP y Cs, ya ha anticipado que no se prevé aplicar restricciones a la circulación de ninguna tipología de vehículos salvo que resulte procedente, en el supuesto de que se superen los índices máximos de contaminación permitidos. Para ello, se prevé contar con la información en tiempo real captada por los sensores distribuidos en ese doble anillo de control en el perímetro de la Gran Vía y en el recorrido formado por Doctor Gadea y Alfonso el Sabio.
Sin embargo, el grupo municipal de Vox continuó este miércoles sin dar crédito a esas explicaciones y mantuvo su rechazo a la implantación de la ZBE al considerar que sí implicará la aplicación de restricciones a la movilidad. De hecho, su portavoz municipal, Mario Ortolá, insistió en que "el equipo de gobierno miente, ya que la misma documentación reflejada en la memoria del proyecto de ZBE establece que sí habrá limitaciones a la circulación".
En concreto, Ortolá apuntó que en esa memoria se señala de forma literal -como pudo constatar este diario, y ya avanzó el pasado octubre- que "el modelo de gestión de la zona de bajas emisiones de Alicante implementa un mecanismo de seguimiento, control y restricción estableciendo unas medidas especiales de regulación en el acceso, circulación y estacionamiento en dicha zona en función de la tipología de los vehículos y su contaminación, de acuerdo con la información registrada".
Y añadió que, acto seguido, también se apunta que "la implantación de nuevos sistemas inteligentes de reconocimiento de matrícula para controlar de manera automatizada el acceso de vehículos a la ZBE de Alicante reduciendo los efectos contaminantes del tráfico urbano, tanto en el anillo de la Gran Vía como en el interior de la Zona Centro, tiene como objetivo principal la mejora de la calidad atmosférica, así como la salud de las personas. Este acceso restringido supondrá una disminución considerable de vehículos que funcionan por quema de combustibles fósiles, es decir, vehículos que emiten un gran porcentaje de Gases de Efecto Invernadero (GEI)".
De ahí que, al menos por el momento, no se prevea un cambio de posición en la formación que preside Santiago Abascal respecto al desarrollo de esas medidas contra la contaminación. Y, en consecuencia, que tampoco se augure una modificación en el rechazo a los presupuestos municipales de 2023 anticipado el pasado viernes, tras el registro de una enmienda a la totalidad.
