ALICANTE. La recuperación urbanística del barrio de Virgen del Carmen deja de ser una promesa recogida en un papel para pasar a trasladarse al andamio. La Entitat Valenciana d'Habitatge i Sól (EVha) acaba de adjudicar a la alicantina Gestaser Obras y Servicios (una de las empresas de los propietarios del grupo alimentario La Española) las obras de rehabilitación y reurbanización de los elementos comunes, fachadas, zaguanes y reparación de cubiertas de un grupo de 802 viviendas de protección pública por un presupuesto de 3,46 millones.
La de Gestaser ha sido considerada la mejor oferta entre otras tres que concurrieron de partida en el proceso de licitación. Se trata de la UTE compuesta por Bluedec y Tyosa Obras Públicas, de Obremo y de la UTE formada por Abala Infraestructuras y Orthem. No obstante, la propuesta de esta última alianza empresarial fue descartada al no superar la evaluación técnica necesaria.
Ahora, la entidad adscrita a la Conselleria de Vivienda que coordina Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem EU), trabaja con el objetivo de que las obras puedan iniciarse antes de que concluya el mes de marzo. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses y está subvencionado con fondos estatales, a través del Plan Estatal de Vivienda, como área ARRU.
A esa primera intervención se le sumará, después, la primera fase de rehabilitación de otro barrio que también requiere mejoras urbanísticas: el de Miguel Hernández (antes conocido como barrio de José Antonio).
El proyecto abarca a un conjunto de 524 viviendas de titularidad pública, sobre las que, igualmente, se prevé intervenir en arreglos de fachadas, cubiertas y en la reurbanización de espacios comunes para atajar su deterioro y falta de servicios. En este caso, además, se contempla la posibilidad de que resulte necesario algún derribo. Por lo pronto, los trabajos de la primera fase, en el grupo de inmuebles más próximos a la Plaza Yolanda Escrich (antes Plaza de la División Azul), podrían iniciarse a partir del mes de junio, aunque la EVha todavía no ha convocado el concurso para su contratación, según confirmó su director general, Alberto Aznar.
No obstante, el desarrollo de la intervención está supeditado a la labor de coordinación y de programación con el Ayuntamiento de Alicante, puesto que requiere de un plan global de intervención que debería incluir medidas sociales. Entre ellas, por ejemplo, se contempla la necesidad de acordar posibles realojos durante el tiempo en el que se ejecuten parte de las obras. El objetivo del departamento autonómico es concertar una próxima reunión de trabajo entre el propio conseller, Rubén Martínez, la directora general de Vivienda, Elena Azcárraga, el alcalde, Luis Barcala, y la edil de Acción Social, Julia Llopis, antes de que concluya el mes de enero, para tratar de perfilar ese paquete de medidas y fijar un calendario de obra.