Vicente Pascual: "La justicia civil de Elche tiene la mayor carga de trabajo por juzgado de toda España"

ELCHE. La politización de la justicia, los casos de corrupción, los retos a los que se enfrentan sus diferentes organismos para acabar de entrar en el siglo XXI, su imagen de descrédito; o a nivel más local, la saturación de los juzgados de Elche y su sobrecarga de trabajo, son sólo algunos de los temas que llevan flotando en este ámbito bastantes años. De ello, de Cataluña, de lexNET y otros temas, hablamos largo y tendido con Vicente Pascual Pascual, actual Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE), el cual lleva dirigiendo desde 2014. Una entrevista para entender la preocupante situación que se vive en el partido judicial de Elche, con algunas reflexiones que plantearse a nivel general, y, también, para leer entre líneas en algunas respuestas. 

-¿Cuál es el balance desde la entrada de la nueva directiva hace tres años en la dirección del Colegio de Abogados?

Positivo. Hemos seguido trabajando en la línea que ya veníamos haciendo porque estaba en la anterior Junta como secretario ocho años. Estamos consiguiendo las metas que nos marcamos: la gestión de los servicios, fomentando el máximo de formación, la potenciación de los másters de abogacía que en Elche se cursan... En temas más internos, trabajamos en la austeridad en la gestión, el pago de cuotas y toda una serie de caracteres de contenido económico. Yo creo que vamos en un camino razonable.

-¿Podemos decir entonces que sí se han cumplido esos objetivos que se habían marcado?

Estamos en el camino. Queda todavía un año

-¿Qué problemas os habéis encontrado con la nueva directiva?

Nuestros problemas son más en el ámbito externo con todo lo que rodea a la justicia en Elche más que lo interno. Infelizmente el colegio tuvo problemas hace muchos años, su funcionamiento está ya normalizado, sólo tenemos que atender a los nuevos retos, básicamente a las nuevas tecnologías, la protección de datos, la informatización… Pero lo que más nos preocupa es la planta judicial y la infrautilización de los tribunales, que es un problema que en estos tres años no se ha hecho nada, ni en los últimos siete. Es un grave problema para los derechos de los ciudadanos y para nuestro ejercicio de la profesión.

-La Ciudad de la Justicia acoge instrucciones y casos de la provincia, hay mucho atasco y saturación de casos…

El partido judicial de Elche recoge Elche, Crevillent y Santa Pola en todas las jurisdicciones y recoge además la Audiencia Provincial, competente en todos los asuntos civiles y penales del partido judicial de Elche, el de Orihuela y el de Torrevieja. Formamos una especie de subprovincia de aproximadamente 650.000 habitantes, equivalente a Navarra y muy superior a muchísimas provincias españolas. Y no tenemos la dotación necesaria de tribunales ni en el ámbito del partido judicial de Elche ni de la Audiencia Provincial para los tres partidos que abarca.

-Además el edificio está infrautilizado...

El edificio es probablemente de los mejores de la Comunidad Valenciana, seguramente el segundo después de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Lo es porque está mejor pensado, ejecutado y en el que es más cómodo trabajar. Efectivamente tiene un diseño con una capacidad mayor que la que requería en la fecha en la que se creó el inmueble y hay una espacio para la creación de nuevas unidades judiciales, que por otra parte es imprescindible que se pongan en marcha.

-¿Y la competencia para esas nuevas unidades es autonómica, nacional…?

En materia de Justicia hay competencias transferidas a la Comunidad Valenciana, entonces hacen falta decisiones en el ámbito del órgano de gobierno de los jueves, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y hacen falta también decisiones en el poder político, como en la Conselleria de Justicia y el Ministerio de Justicia. La creación de nuevos juzgados en última instancia es competencia ministerial. Pero tienen que ir de la mano de Conselleria. Esta paga todo excepto el juez y el secretario, que son cosa del Estado. 

-Además de esas nuevas infraestructuras, actualmente, ¿hace falta también más personal?

funciones jurisdiccionales y en el ámbito del Registro Civil pueda funcionar.

-Un Registro Civil del que ahora se está planteando la independencia del juzgado…

Sí, ahora lo que se está planteando desde hace mucho tiempo es que sea exclusivo, que se separe del Juzgado de Primera Instancia número 3. Desde hace dos años, unos meses después de la entrada de la nueva Conselleria de Justicia, en su primera visita a Elche vio el problema y se planteó ese juzgado ‘bis’, que se ocuparía de forma separada de todas las tareas del Registro Civil. Vinieron un juez, un letrado y funcionarios de refuerzo, el destino final de esa figura del 3 bis —coloquialmente hablando—, es que haya un registro civil exclusivo.

-Con ese atasco actual, ¿se puede percibir aquí y en general que una justicia lenta es menos justicia?

Claro, la justicia cuando tiene una sobrecarga judicial de trabajo, como en Elche, la justicia más lenta es menos justicia. Produce menos satisfacción en el ciudadano y esto lo contemplamos claramente cuando los profesionales litigamos en diferentes partidos de otras comunidades y se observa con absoluta claridad cómo en algunos territorios los pleitos van como un tiro, con mucha rapidez, algo que para nosotros es casi inimaginable. Cuando regresas a tu partido judicial, ciudad, provincia o comunidad autónoma, te das cuenta de que aquí vamos a otro ritmo, no porque los funcionarios judiciales no trabajen, que lo hacen y mucho, sino porque la carga de trabajo es incomparable con la de otros territorios. Cuando más litigas fuera más te lo encuentras y es frustrante.

Hablamos de pleitos que se multiplican por dos, por tres y por cuatro lo que duran en otro sitio. Eso no es razonable, tenemos derecho a una justicia en igualdad de condiciones como el resto de ciudadanos de España y que no sea como lo que ocurre con la de la justicia civil de Elche, que tenemos la mayor carga por juzgado de toda España. Llevamos ya tres años seguidos con ese dudoso honor.

Con esa sobrecarga objetiva de trabajo, ¿por qué no se ponen soluciones para estos problemas tan fehacientes? Supone un problema para todos.

-En la Generalitat hace siete años que no se crea ningún tribunal. Ahora se van a crear, en octubre salió un decreto el Ministerio en el que se aprobaban 92 tribunales en toda España, de los que bastantes tocan en nuestra comunidad. A Elche le corresponderían dos, el Juzgado de Primera Instancia 7 y el 8, eso sería una mejora razonable de la justicia civil en Elche. En las estadísticas del CGPJ, los 15 partidos judiciales que siguen a Elche en población, es decir por debajo, tienen todos más juzgados de primera instancia que Elche. Los que más se aproximan por debajo en volumen de población a nuestra ciudad tienen diez juzgados de primera instancia; nosotros seis. Si se pusiesen en funcionamiento dos nuevos, todavía nos faltarían otros dos. Estamos muy por debajo de los que hay en otros partidos judiciales de otras comunidades. No se es consciente del volumen de población que tiene la comunidad, la provincia de Alicante y el partido judicial de Elche y hay que dotarlos de forma acorde al volumen de litigiosidad que tenemos.

-¿Llegarían entonces en 2018 o no hay fecha?

No tienen fecha. Hasta que no los vea funcionando no me lo acabaré de creer. Sobre el papel el nº7 se creó en 2010 y aún no ha llegado, se suspendió por la crisis.

-Otros retos que hay en el ámbito de la justicia es también la digitalización, por la carga de documentación física y los trámites que aún existen...

La informática ha llegado a todas las actividades humanas para quedarse. Quienes viven al margen de la tecnología, quedan apartadas del proceso. La justicia necesita una completa informatización de manera que abandonemos el papel y que todo sea electrónico. Eb ese objetivo estamos todos de acuerdo. En España se ha puesto en marcha para informatizar los procesos judiciales lexNET, un sistema que entró en vigencia en enero de 2016. En la única comunidad que no entró por falta de medios fue la nuestra. Se ha ido incorporando desde principios de 2017. El partido de Elche lo hizo en junio. Tenían que haber entrado inmediatamente después Alicante y Valencia, tras ello, se suspendió Alicante y Valencia. Esa suspensión no creo que sea aventurado pensar que se debe a problemas tecnológicos, del diseño de ese sistema. Alicante está entrando ahora.

Si lexNET tiene problemas enormes en todo el país, aquí más porque nos hemos quedado fuera durante un año. Van a cumplirse dos años de la entrada de este sistema y en el partido judicial de Valencia aún han entrado. Cuando se produjo el incendio de la Ciudad de Justica hace algún mes, si hubiese estado todo informatizado no hubiera habido problema. No hubieran ardido los expedientes en físico porque no existirían y en segundo lugar, si existiera alguna antigualla en papel no pasa nada, porque si se destruye un papel se pueden ubicar nuevos ordenadores y sacar los expedientes. El objetivo de esa informatización es el expediente electrónico, que no haya expedientes cosidos en hilo o con grapas metálicas: expedientes que estén en los ordenadores en los servidores des Justicia. Es un objetivo irrenunciable para todos. Hoy en día tenemos un lexNET antiguo, de mala calidad, que no se ha implantado en toda la comunidad y no tenemos nada del expediente judicial electrónico. Es imprescindible que se ponga en marcha. Lo que vemos no es alentador.

-¿Ese trabajo con lexNET tampoco ha sido algo que haya mejorado vuestro trabajo entonces?

LexNET es una herramienta en una dirección imprescindible, pero es una mala herramienta. Algunos han dicho es que lo malo de lexNET es que existe. Si no existiese nos plantearíamos hacer algo de calidad, pero está ahí, existe y parece que satisface las expectativas de algunas personas. LexNET es profundamente malo y defectuoso. Llevamos ya dos años y está plagado de problemas. En Elche llevamos escasamente seis meses y el objetivo del expediente electrónico parece una quimera. LexNET tuvo problemas de intrusión en las seguridad hace seis meses, y es una cosa muy delicada, ahí se maneja información confidencial de millones de españoles, informes de salud, de discapacidad, de procesos judiciales con implicaciones importantes… eso requiere de una seguridad absoluta. Lo que conocimos a finales de julio es una noticia preocupante.

-¿A qué problemas a nivel general se enfrenta la justicia, viendo también lo que se comentaba en la exposición de la abogada Victoria Rodriguez de la negativa visión de la justicia que tiene la ciudadanía? 

Hay problemas de diferente naturaleza. Lo que comentaba en su libro, que afecta a decisiones del CGPJ o el Tribunal Constitucional, que tocan asuntos nacionales de gran calado, no se percibe que afecte a asuntos diarios de la gente, pero tratan temas que sí afectan directísimamente como son las dichosas cláusulas suelo y los famosos juzgados especializados en estas cláusulas. Desde el 1 de junio hasta el 1 de noviembre han entrado en toda España 118.000 demandas de ese tipo, 3.300 en Alicante. Se han concentrado en un solo juzgado en cada provincia, en Madrid varias decenas de miles, lo que supone trabajo para varias décadas en ese juzgado; en Alicante más de 3.300 en cinco meses, y una carga de trabajo normal para un juzgado de primera instancia en un año es de 900 y 1.000 expedientes. En cinco meses recibir esta cantidad es un disparate. Extrapolando esto, en doce meses pueden entrar 8.000, lo que significa que podemos tener trabajo de cláusulas suelo para ocho juzgados completos. Hay trabajo para que se reparta en toda la provincia y sus partidos. Y que la jurisdicción civil, igual que lleva arrendamientos, compraventas y otros ámbitos, lleve también como hasta el 1 de junio, las cláusulas abusivas.

Pero si la decisión es crear juzgados especializados, no entendemos que esté solo en la capital de la provincia. Por lo menos tenemos seis ciudades con dimensión de capital de provincia española. En esta provincia, que tiene 1,8 millones de habitantes, todo el País Vasco, tenemos ciudades como Alicante y Elche, Orihuela y Alcoy, o Benidorm y Torrevieja. Tienen la dimensión y necesidad de servicios de una capital de provincia. Querer concentrar sólo eso en Alicante es desconocer la realidad de la provincia. Intentar solucionarlo con los ojos y la mentalidad de quien vive en la meseta, donde sólo hay una capital y fuera de ello nada más que un páramo y algún pueblo. Aquí tenemos por lo menos seis capitales y es urgente que se abandone esa especialización que yo no comparto. O si se quiere mantener la especialización, por lo menos que se dote en cada una de esas seis capitales. Con esta situación, y previendo que puedan entrar ocho mil en un año, hay casos que entrarán hoy y se resolverán en ocho años. Eso es un disparate. Esos juzgados especializados han puesto una barrera de protección para no complicar más la vida de los juzgados civiles, pero ese encapsulamiento en unos juzgados que están sobrepasados hace que miles de ciudadanos que demandan justicia con las cláusulas suelo, no sé cuándo la tendrán.

-Pasando al otro gran problema, el de la politización de la justicia, ¿qué se puede hacer para evitarla?

Como nos explicó la profesora Rodríguez, es una politización que deriva del diseño de cómo se eligen los integrantes de esos órganos del CGPJ y de ese TC; la forma en que está diseñada, fundamentalmente lo importante es el CGPJ, si está elegido la mitad por el Congreso y la mitad por el Senado, todos los miembros del Consejo son de extracción parlamentaria y de alguna forma, de pactos políticos. Desde 1978 hay un debate en nuestro país. La Constitución da soporte tanto para lo que hay ahora como para un sistema alternativo. Y es que un número relevante de esos miembros sean elegidos por los propios jueces. Hay voces que piensan que este sistema de elección dotaría de más independencia a la justicia española, y de hecho el Consejo de Europa entiende que cuando menos, el 50% de los miembros del órgano de gobierno de los jueces —en España de 20-10—, deberían de ser elegidos por los jueces y no por un órgano político como el caso del Parlamento en España. La CE permitiría que hasta 12 de los 20 del CGPJ sean elegidos por los jueces directamente. Y ese es el origen de la politización. Al final quien elige a los miembros del Consejo son los diputados en el Congreso y los senadores en el marco de unos pactos políticos parlamentarios que establece la ley.

-¿En tu opinión se debería ir hacia esa elección alternativa entonces?

Yo creo que el planteamiento que hace Europa es muy razonable. En este país en muchos problemas suele ser bastante frecuente el “qué dice Europa de esto”. Pues lo que dice de la independencia judicial, el Consejo de Europa dice que al menos la mitad de los miembros de los órganos de gobierno de los jueces deberían de ser elección directa por magistrados y jueces. Y la otra mitad o menos por otros órganos como el Parlamento o el Senado.

-Teniendo en cuenta esa mano política a la hora de elegir jueces, ¿se puede decir que hay independencia judicial y separación de poderes real?

Separación de poderes e independencia judicial creo que sí que la hay. Porque el poder judicial no es el órgano de los jueces, el poder judicial independiente es el juez, personalmente cuando resuelve un conflicto entre partes y yo no tengo ninguna duda de que los jueces españoles a los que conozco, ante los que litigo desde hace décadas, son personas independientes sobre las que no pesa ningún tipo de interferencia o influencia. Eso sí, lo que hay es un órgano de gobierno de todos ellos, de extracción parlamentaria y que tiene competencias en una serie de decisiones como nombramientos, ascensos; en su carrera judicial. El poder judicial español sería más independiente si además de que cada juez sea independiente cuando ejerce su poder judicial, tuviese la tranquilidad de que el órgano de gobierno de los jueces está elegido por ellos mismos y no por el Parlamento, porque ese órgano va a tomar decisiones que se refieren a su propia carrera judicial

-¿Cómo está viviendo las decisiones candentes que en los últimos tiempos se han tomado en casos como el proceso catalán y las medidas judiciales adoptadas o la supuesta interferencia de la Audiencia Nacional en el caso de la caja B del PP?

Yo creo que desde un Colegio de Abogados no podemos decir otra cosa distinta de que respaldamos la Constitución, que pedimos que se cumpla y que se cumplan las leyes. En el caso de Catalunya, pedir que se pida, es constatar que el parlamento catalán del que no se sabe muy bien si declaró la independencia, porque no se sabía, y por eso el Gobierno envía el requerimiento preguntando si la habían declarado, porque aquello era tan grotesco que no se sabía qué se había declarado; ese proceso, que pide la independencia de una comunidad, al margen de los procesos previstos en la CE, que prevé unos mecanismos de reforma que no son los que se plantearon desde el independentismo catalán, obviamente desde un Colegio de Abogados cuya una de sus misiones es cumplir la Constitución, somos críticos, tajantemente críticos. Y ese cumplimiento de las leyes también va a cualquier proceso penal. Si se comete un delito hay que perseguirlo, lo haya cometido A, B o C. Y da igual que A, B, o C sea el Partido Popular o cualquier otro partido, sea CiU, el PP o cualquier otro partido en otra época. Los delitos son delitos los cometa quien los cometa.

-Respecto a otros órganos del ámbito jurídico nacional, y en referencia a la caja B del PP y si había interferencia de la Audiencia Nacional, este es un órgano único internacional y del que se critica que también viene del franquismo, ¿tiene sentido aún hoy?

En España la organización judicial está montada en base a juzgados de instancia en los distintos órdenes jurisdiccionales y por encima de ellos una Audiencia Provincial. Se han creado en Madrid una serie de juzgados centrales, que están integrados en esa Audiencia Nacional. Desde su origen, es una figura sui generis, especial, y yo creo que históricamente ha cumplido un papel muy importante con el terrorismo, porque algunos asuntos, puede que con razón, se encontraban con un enjuiciamiento complicado en sus territorios. Felizmente hace años que acabó el terrorismo y puede que la Audiencia Nacional haya que ir repensándola. De todas formas no creo que tenga menos garantías para el justiciable que otros organismos y no creo que sea un problema urgente. Aunque parece que en su plenitud se planteó como necesidad ante el terrorismo, pero hay que tener en cuenta que hay otras materias como redes de delincuencia, narcotráfico, con un ámbito muy superior al provincial, y quizá puede que haya que mantener la Audiencia Nacional.

Y si lo que se trata es de hablar de franquismo a cuenta de la AN, creo que es intolerable. En la España de 2017, después de 40 años de democracia real y efectiva, hablar de franquismo a mí me parece que lleva una carga política tremenda y que es algo injusto, que se hace conscientemente. Porque hay otras cosas que vienen del franquismo porque el país siguió funcionando y desarrollándose. Yo vengo del franquismo (risas), y eso qué tiene que ver. Es aberrante hablar de franquismo en 2017, es un disparate y se hace conscientemente con el objetivo de confundir. En estos momentos no hay franquismo ni nada que se le parezca.

-A nivel general, con los temas de corrupción, ¿está justificado que la sociedad tenga cierta sensación de impunidad ante la corrupción?

Yo creo que ese es un grave problema de nuestro país. Hay muchas causas penales donde están muchos que han sido representantes públicos y políticos, y asistimos a un proceso en el que la única frontera que parece que existe es la penal, parce que hasta que alguien no es condenado e ingresado en cárcel con carácter definitivo no parece que haya consecuencias. Yo creo que no podemos hacer descansar sobre los jueces la responsabilidad de apartar a personas indeseables del mundo de la política. Aquí tienen una enorme responsabilidad los partidos políticos, que es apartar a aquellas personas que no se comportan de forma honorable, que no merecen ser representantes públicos. No debiera hacer falta a que haya una sentencia final, muchísimo antes debieran exigirse responsabilidades en el partido político y creo que mucha parte de culpa la tenemos los ciudadanos, porque realmente es paradógico que elección tras elección se vuelva a reiterar la confianza a responsables políticos de cualquier partido que se puede apreciar que han tenido una relación clara con la corrupción.

La corrupción en España parece que no penaliza en votos, y eso es responsabilidad de los ciudadanos. Parece que no le damos importancia a las tendencias corruptas de ciertos políticos. Si nosotros no se la damos, los políticos en sus partidos tampoco se la van dar. En última instancia, se acaba haciendo descansar la solución del problema sobre la última frontera del Estado de Derecho, que es la justicia penal y se la acaba cargando con una responsabilidad que no le corresponde.

-Por finalizar, ¿se va a presentar Vicente Pascual de nuevo a las elecciones al Colegio de Abogados el año que viene? 

Todavía queda mucho tiempo y muchas cosas que pensar, es una cuestión que no me he planteado y que desde luego no he decidido.